EL RÉGIMEN SE AFIANZA

Decisiones con mano de hierro

La Asamblea Constituyente destituye a la fiscal Luisa Ortega y decide actuar por dos años.

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La oposición rechaza la decisión contra la fiscal y anuncia que seguirá la protesta. Foto: AFP

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela comenzó ayer sábado sus funciones con mano de hierro, al remover del cargo a la fiscal general, Luisa Ortega, y decidir que legislará por un periodo de hasta dos años.

Cumpliendo el deseo del presidente Nicolás Maduro de darle un revolcón a la Fiscalía, luego de que Ortega se rebelara en su contra, la ANC separó del cargo a la funcionaria, que acusa al mandatario de tener "una ambición dictatorial".

La fiscal será sometida a juicio por supuestas irregularidades, anunció más temprano el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —acusado de servir al gobierno— al suspenderla en sus funciones.

"Ante el inexorable vacío que existe allí (...), propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida. No es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley", dijo el constituyente y poderoso líder chavista Diosdado Cabello.

Ortega, una chavista de 59 años, será reemplazada por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de línea oficialista.

La fiscal denunció que, más temprano, militares de la Guardia Nacional le impidieron entrar a su despacho. "Esto es una dictadura, el atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solo que están deteniendo arbitrariamente a las personas, las procesan por la Justicia Militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general", había dicho a periodistas.

Ortega, que llegó y se fue rápidamente en una moto con escoltas, afirmó que seguirá "luchando por los derechos humanos y el respeto a la libertad", que se perdió en su país.

Atribuyó la ofensiva en su contra a un intento por "esconder la corrupción y las violaciones de derechos humanos" que se han dado en el marco de las protestas de la oposición iniciadas hace cuatro meses, las que causaron 125 muertes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones desestima el gobierno, otorgó el viernes medidas cautelares de protección a la fiscal, por considerar que su vida e integridad están "en riesgo inminente".

La Constituyente —que surgió de la votación realizada el domingo pasado, fue boicoteada por las fuerzas de la oposición y no es reconocida por la mayor parte del mundo—, tomó otra medida que estremece el ya convulso escenario político de Venezuela, al decidir que su periodo en funciones será de hasta dos años. De abarcar todo el período llegaría más allá del mandato del presidente Maduro, que concluirá en enero de 2019.

Cuestionada.

La ANC de 545 miembros oficialistas, que desplazó al Parlamento con mayoría opositora, es presidida por la excanciller Delcy Rodríguez.

La elección de la ANC, que se realizó solo con el control del Gobierno, ya que Maduro no permitió la presencia de observadores extranjeros independientes, reunió 8.089.320 votos, según el resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), que responde al gobierno. Esa cifra es superior a los 7,6 millones de votos que sumó la oposición, el 16 de julio, en un plebiscito simbólico organizado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en contra de la Constituyente y en favor de la realización de elecciones nacionales.

El CNE dijo que el domingo pasado votó el 41,5% de los 19,6 millones de ciudadanos habilitados, lo que deja en evidencia que el 58,5% no lo hizo.

El miércoles pasado, SmartMatic, la empresa contratada por el régimen chavista para suministrar la tecnología del conteo de votos, indicó que hubo manipulación. "Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", sostuvo la empresa en una declaración que hizo en Londres.

"Para conocer con exactitud la participación, debería hacerse una auditoría más extensa del sistema de recuento", estimó el presidente de SmartMatic, Antonio Múgica.

La MUD consideró que solo votó el 12% de los ciudadanos habilitados, lo que equivale a 2,4 millones.

Reacción.

La oposición venezolana anunció que mantendrá sus protestas en las calles contra el Gobierno del presidente Maduro, al tiempo que calificó las primeras decisiones de la ANC como "atroces".

"En este momento difícil hacemos un llamado a nuestro país a seguir de pie y a resistir con dignidad (...), hay que continuar en la calle", dijo el opositor y presidente del Parlamento venezolano Julio Borges.

"Lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un partido político (...). Nosotros rechazamos y desconocemos el nombramiento de Tarek Saab que se ha hecho", sostuvo Borges.

"Lo que se hizo, lo desconocemos, es absolutamente ilegal (...), se equivoca el gobierno si cree que atropellando a los venezolanos va a doblegar a este país", insistió Borges.

Asimismo, pidió a los partidarios de la oposición "resistir con dignidad" ante las primeras decisiones de esta Asamblea, y efectuó un llamado a mantener las protestas en las calles, como ha ocurrido desde el 1° de abril, cuando las fuerzas de oposición lanzaron una ofensiva contra el gobierno. Borges no detalló cuando proseguirán las movilizaciones.

Un día agitado.

La apertura de actividades por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) —un órgano que es rechazado por la mayor parte de la comunidad internacional porque desplaza al Parlamento democrático— marcó otro día que estremece a la sociedad venezolana. Integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el ingreso de la fiscal Luisa Ortega a su despacho. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez fueron protagonistas de la jornada. El diputado opositor Julio Borges denunció el avance de la dictadura.

Enjuició a opositores y enfrenta al gobierno.

Luisa Ortega Díaz, la primera en romper filas del monolítico chavismo, es la misma fiscal general que llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que condenó a casi 14 años de cárcel al líder opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López.

La abogada de 59 años identificada con el chavismo y casada con un diputado oficialista marcó un punto de inflexión con el Gobierno el pasado 31 de marzo y sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes denunciando el riesgo de ruptura del orden constitucional. Sus decisiones no fueron cuestionadas por los oficialistas hasta ese día.

Sin marcha atrás, Ortega comenzó desde entonces a abrir una larga lista de investigaciones en contra de funcionarios de los cuerpos de seguridad por la represión de las protestas.

Ortega también cuestionó la designación irregular de una treintena de magistrados que componen el Supremo, y esos mismos jueces abrieron el procedimiento que terminó con su destitución.

Asedio.

Abrió además investigaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo y familiares por supuestos delitos de corrupción vinculados con la estatal petrolera Pdvsa, y la brasileña Odebrecht, procedimientos iniciados después de su distanciamiento con el Gobierno.

En los últimos cuatro meses, Ortega Díaz ha recibido el mismo número de acusaciones de regreso, y procedimientos legales en su contra que incluyen la "insania mental", la inacción, y hasta una orden judicial para devolver un avión que mantenía en resguardo desde hace más de un año pero sobre el que las autoridades no habían dicho nada.

Con la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, el chavismo se saca del camino a la última figura del Estado en funciones que ha cuestionado las decisiones gubernamentales.

La abogada, con una larga trayectoria dentro del Ministerio Público, antigua pupila y sucesora del segundo vicepresidente de la ANC, Isaías Rodríguez, quedó al borde del llanto en las puertas de la Fiscalía impedida de entrar por los militares.

La voz de Ortega en los últimos 120 días no fue en solitario. Sumó el apoyo de su esposo, el diputado Germán Ferrer, de dos exjefes de inteligencia, y un movimiento del chavismo disidente.

Aún debe enfrentar la posibilidad de ir a juicio acusada de delitos relacionados con la desestabilización de Estado y todas sus acciones después de separarse del chavismo que gobierna el país, porque las decisiones que tomó antes contra los opositores siguen siendo incuestionables. Fuente: EFE

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