Disponible en comisarías y se actualizaría cada tres años.

La inminente creación de un banco de datos que reúna información genética de personas condenadas por delitos de carácter sexual en Argentina ha reabierto el debate sobre la necesidad de crear un "registro de violadores" de acceso público.

La ley 26.879, que contempla la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos de integridad sexual, está en vías de ser reglamentada por el Ejecutivo cuatro años después de ser aprobada en el Congreso.

Se trata de un archivo que incluirá información y material genético del agresor sexual una vez que la sentencia condenatoria sea firme. Los datos serán de carácter reservado y solo podrán acceder a él jueces, fiscales y los tribunales que investiguen un ilícito penal de este tipo.

Una de las impulsoras del proyecto de ley fue la integrante de la asociación Madres del Dolor, Isabel Yaconis, quien explicó que a pesar de tener el ADN del atacante de su hija nunca supieron a quién pertenecía ese patrón genético.

Por otra parte, el mes pasado empezó a discutirse en comisión el proyecto de ley que propone crear un registro nacional de violadores que esté a disposición de los ciudadanos en las comisarías de policía, explicó la diputada de la Unión Cívica Radical, Gabriela Burgos.

El nombre del condenado, una fotografía renovada cada tres años y los posibles cambios de domicilio integrarán un archivo que pretende ser una medida "preventiva" que permita a los vecinos saber "con quién conviven". El condenado estará inscrito en "la lista" durante 20 años, desde el momento en el que obtuvo la libertad.

A pesar de que la diputada admitió que algunos lo consideraron "estigmatizante", insistió en que ese no es el espíritu del proyecto. "Yo creo que su finalidad es girar la mirada hacia la víctima", añadió.

En esta línea, señaló que una violación persigue toda la vida a la víctima y afirmó que es "muy difícil" reinsertar a los agresores sexuales, ya que los índices de reincidencia rondan el 75%.

"Será un respiro para la sociedad", afirmó María Elena Leuzzi, presidenta de la Asociación de Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi).

A juicio de la presidenta de la asociación Madres del Dolor, Silvia Irigaray, servirá para impedir una segunda violación o muerte. "No consideramos que se le esté poniendo un sello en la frente a esa persona. Tendría que haber pensado antes de cometer una violación el hecho de no estar en una lista", dijo.

Desde una perspectiva jurídica, el abogado del estudio WNS & Asociados y profesor de Derecho penal en la Universidad de Buenos Aires Jonatan Wajswajn, recalcó que el sistema penal está dirigido a la reinserción del condenado y este archivo supondría señalar a un sector de la población. El letrado indicó que en el proyecto "queda claro cuál es el propósito político, pero no el legal" y recordó que ya existe un Registro Nacional de Reincidencia, que proporciona información sobre sentencias, resoluciones dictadas en todos los tribunales penales del país e informes de antecedentes penales.

Desde el movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana indicaron que es un asunto "bastante complejo" porque abre la puerta a que se les empiece a estigmatizar y les ubica lejos de poder reinsertarse en la sociedad, sostuvo su coordinadora nacional, Raquel Vivanco.

Aumentar las partidas presupuestarias de organismos públicos que desarrollan programas de prevención podría ser parte de la solución, ya que el Consejo Nacional de las Mujeres cuenta con menos de diez pesos (0,62 dólares) por mujer para la erradicación de la violencia en 2017, señaló Vivanco.

LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN ARGENTINA