La Fiscalía brasileña denunció ayer a 27 personas por el escándalo en la estatal Petrobras, entre quienes se encuentra el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, en plena crisis política por la corrupción y el plan de ajuste.

Vaccari, quien en febrero había sido detenido durante varias horas para prestar declaración, fue acusado formalmente por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, según explicó ayer el Ministerio Público Federal (MPF) de Curitiba, estado sureño de Paraná. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se pronunció al respecto y subrayó "que los acontecimientos acaban con las teorías de que el gobierno interfirió en la investigación".

"Quien sea que deba pagar, pagará", comentó la presidenta durante una rueda de prensa concedida tras las multitudinarias manifestaciones celebradas el domingo en todo el país para protestar contra su gestión y la corrupción en Petrobras.

Entre los denunciados por la Fiscalía también se encuentra el exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque, quien volvió ayer a ser capturado durante un operativo de la Policía Federal (PF) en Río de Janeiro.

De acuerdo con la Fiscalía, Vaccari mantenía encuentros regulares con Duque supuestamente para convertir en donaciones legales de campaña al PT el dinero sucio producto del pago de sobornos a directores de Petrobras por parte de empresas constructoras.

"Vaccari sabía que los pagos eran realizados a título de coima", afirmó el fiscal Deltan Dallagnol, durante una rueda de prensa celebrada también ayer en Curitiba.

Tras la denuncia, el tesorero reiteró en un comunicado que nunca participó de un esquema para recibir coimas o recursos de origen ilegal destinados al PT. "Resaltamos que nos resulta extraño el hecho de que el señor Vaccari no ocupaba el cargo de tesorero del PT en el período citado por los procuradores, durante la rueda de prensa celebrada hoy (ayer), ya que él asumió el cargo en febrero de 2010", resalta la formación en un comunicado.

De acuerdo con el PT, Vaccari "no recibió o solicitó algún tipo de contribución de origen ilícito" destinada al partido, "ya que las donaciones solicitadas por el señor Vaccari fueron realizadas por medio de depósitos bancarios, con toda transparencia y con la debida prestación de cuentas a las autoridades permanentes".

Por su parte la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó que la acusación contra el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por corrupción en el caso Petrobras "acaba con las teorías de que el Gobierno interfirió en la investigación".

"Quien sea que deba pagar, pagará", comentó Rousseff durante una rueda de prensa concedida tras las manifestaciones celebradas el domingo en todo el país para protestar contra su gestión y la corrupción.

La presidenta brasileña respondió así a las acusaciones realizadas recientemente por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), agrupación que ha hecho fuerte oposición al PT.

Rousseff afirmó además que en una democracia "se respetan las urnas y la voz de las calles".

Durante la sanción de un nuevo código de proceso civil, que reduce la burocracia en trámites judiciales, Rousseff subrayó que la ausencia de incidentes en las protestas son "una inequívoca prueba de que Brasil es un país democrático que, a diferencia de otros, convive pacíficamente con manifestaciones".

En ese mismo sentido, garantizó que, a diferencia de las épocas en que el país fue gobernado por dictaduras, "nunca más se verá en Brasil que las personas que manifiesten su opinión, así sea contra la presidenta de la República, vayan a sufrir consecuencias".

Las manifestaciones fueron convocadas por grupos de oposición que protestaron por la situación económica del país y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, aunque unos sectores minoritarios llegaron a exigir la destitución de Rousseff y hasta una "intervención" militar.

Rousseff reafirmó que su Gobierno garantiza que "todos puedan ejercer sus derechos pacíficamente" y destacó que, por su carácter pacífico, las manifestaciones demostraron que "Brasil es un país que, frente a las invitaciones a la anormalidad política, elige el camino de la democracia".

En relación a las demandas manifestadas en las protestas, la jefa de Estado reiteró que esta misma semana presentará un nuevo conjunto de medidas contra la corrupción.

Sobre las quejas de los manifestantes por la delicada situación económica del país, la mandataria insistió en que su Gobierno se ha visto "obligado" a aplicar un ajuste fiscal, reducir subsidios y aumentar la carga tributaria, debido al impacto de la crisis global. "Desde el inicio de la crisis internacional, hace unos años, el Gobierno consiguió evitar sus efectos más perversos, tales como el desempleo o la reducción de derechos y la renta", explicó.

El discurso de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, como respuesta a las manifestaciones multitudinarias del domingo, fue recibido ayer con un sonoro cacerolazo en varios barrios de San Pablo. El ruido de las cacerolas, abucheos y gritos de "Fuera Dilma" y "Fuera PT", en alusión al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), se oyó en varios barrios de clase media y alta del centro de San Pablo, mientras el noticiero de la televisión Globo, emitía las palabras de Rousseff, que había hablado en Brasilia horas antes. EFE

Muchos pidieron el "impeachment" (destitución) de Dilma Rousseff, pero expertos jurídicos aseguran que esa posibilidad es remota y no hay pruebas. "Es un reclamo de la calle, no es jurídico ni político. No están ni siquiera presentes las condiciones jurídicas para hacer un impeachment. No hay delito ni improbidad administrativa" de Rousseff, dijo Michael Mohallem, profesor de la Facultad de Derecho de la universidad privada Fundación Getulio Vargas. Primero debe existir una denuncia contra Rousseff, que debe ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados y pasar por un proceso especial en el Senado. Por esto muchos estiman que es una decisión más política que jurídica. Pero se precisan pruebas. Además, "el Congreso tiene muchas otras cosas de las que preocuparse en este momento, como las investigaciones en relación a la Operación Lava Jato (el caso Petrobras), y no veo que haya contexto allí para impulsar un impeachment", añadió Mohallem. El ministro de la Corte Suprema Ayres Britto consideró que no hay posibilidad de que el pedido de destitución de Rousseff avance. "Pedir el impeachment en una protesta libre, todo bien. Pero la presidenta de la República en el curso de este mandato que mal se inicia no cometió ningún crimen, que es el presupuesto de un impeachment", dijo Britto a TV Globo. AFP

La Fiscalía pidió prisión para el tesorero del PT tras la megamanifestaciónEFE