Publicidad

Daniel Ortega sigue con la ola de represión: arrestó a la cúpula empresarial de Nicaragua

Compartir esta noticia
El presidente del Consejo Superior Empresarial de Nicaragua se retira de la Fiscalía antes de que lo detuvieran camino a su casa. Foto: AFP
Nicaraguan Superior Council of Private Companies (COSEP) President Michael Healy (L) leaves the prosecutor´s office in Managua on October 21, 2021. - Healy was arrested today according the COSEP business group, weeks ahead of the November 7 general elections in Nicaragua. (Photo by STRINGER / AFP)
STRINGER/AFP fotos

TENSIÓN POLÍTICA

La Policía detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada por “el delito de lavado de dinero, bienes y activos”.

A dos semanas de las elecciones el régimen de Daniel Ortega continúa con la ola de represión en Nicaragua. Sus últimas víctimas fueron los dos máximos líderes del gremio empresarial, detenidos ayer jueves.

La Policía Nacional informó, en un comunicado, que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, por “el delito de lavado de dinero, bienes y activos”, prácticamente las mismas acusaciones contra el resto de los opositores presos.

También están señalados, como en los demás casos, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”.

Al parecer, el régimen de Ortega tiene un formulario único para las acusaciones, que usa con total impunidad.

“Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato”, reaccionó el COSEP, que consideró los arrestos un “ataque directo” contra el gremio empresarial.

Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes a la presidencia, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. Están acusados de delitos como “traición a la patria”, “terrorismo”, “lavado de dinero” y otros.

Healy fue detenido poco después de acudir a las oficinas del Ministerio Público, adonde fue citado, según dijo a periodistas, para una “entrevista” que no se produjo.

Cuando los periodistas le preguntaron si temía ser arrestado, Healy respondió: “necesariamente no”. No obstante, al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por agentes de la policía armados que lo arrestaron camino a su domicilio.

Luego la Policía Nacional procedió al allanamiento de las viviendas de los líderes empresariales.

Healy goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 3 de agosto de 2018, y ocupa el máximo cargo empresarial en Nicaragua desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, quien está bajo arresto desde julio pasado.

Healy, empresario del sector azucarero, y Vargas, ganadero, fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Daniel Ortega alza el puño durante un acto político. Foto: Archivo
Daniel Ortega alza el puño durante un acto político. Foto: Archivo

Sus arrestos ocurren un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiera la “liberación inmediata” de los opositores detenidos, durante una sesión en Washington en la que se abordó la situación de Nicaragua. Esa resolución de la OEA fue promovida, entre otros, por Uruguay.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la detención de Healy y Vargas, las calificó de “arbitrarias” y demandó el respeto a su integridad. Agrupaciones opositoras, como la Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, también condenaron los arrestos.

La Policía, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, no ofreció ninguna evidencia para los arrestos de Healy y Vargas, y solo dijo que fue en el marco de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, en diciembre pasado.

Ruptura total.

Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Antes de estallar la crisis política en 2018, detonada por protestas contra una reforma social que derivó en una demanda de renuncia a Ortega, los empresarios y el gobierno tenían una alianza denominada de “diálogo y consenso”.

Ortega manifestó en un acto de lanzamiento de su campaña para las elecciones del 7 de noviembre que “ese tipo de entendimiento entre los ricos, los pobres, nunca se había dado”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: Presidencia Nicaragua
Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: Presidencia Nicaragua

Durante una década, el sector privado apoyó reformas políticas y económicas impulsadas por Ortega, quien ahora los acusa de haberse enriquecido y de apoyar el “terrorismo”.

Esa ruptura llegó en parte porque el gremio empresarial no estuvo de acuerdo con la reformas a la seguridad social y retiraron su apoyo al gobierno en medio de la represión de las protestas de 2018 que dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. (Con información de AFP y EFE)

Cuba: amenazan a disidentes por la marcha del 15 de noviembre
Un joven es arrestado durante las protestas contra el régimen cubano en La Habana. Foto: AFP

La fiscalía de La Habana advirtió ayer jueves de consecuencias penales a Yunior García, organizador de una marcha el 15 de noviembre, en caso de que salga a manifestar.

Comenzaron en la jornada “los apercibimientos a varios de estos ciudadanos (...) a los que advirtió de las consecuencias jurídico-penales que se derivan del hecho de incumplir con la decisión que les fue notificada y de efectuar las referidas marchas”, dijo a la prensa Yaumara Angulo, vicefiscal provincial de La Habana, tras la citación de García.

El aviso se produce luego de que tanto García, líder del grupo Archipiélago que promueve la manifestación, como los organizadores de la marcha en otras siete provincias, mantuvieran el 12 de octubre su convocatoria a la protesta, pese a haber sido notificados de que esta marcha era considerada ilegal por las autoridades.

El gobierno señaló entonces que la manifestación “constituye una provocación” porque busca un “cambio del régimen” cubano, cuyo sistema socialista tiene el carácter de “irrevocable” en la Constitución. Las autoridades acusan además a los organizadores de vínculos con Estados Unidos.

Al salir de la fiscalía provincial en el céntrico barrio del Vedado, García ratificó su intención de salir a manifestar el 15 de noviembre. “Esa es mi decisión más allá de las amenazas que he recibido hoy”.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

NicaraguaDaniel Ortega

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad