GOLPE JUDICIAL

Cúpula secesionista de Cataluña quedó presa o está fugada

El juez los acusa de rebelión, entre ellos a Carles Puigdemont.

Barcelona: protestas e incidentes en la capital catalana. Foto: AFP
Barcelona: protestas e incidentes en la capital catalana. Foto: AFP

El juez español que instruye el intento de secesión unilateral de Cataluña confirmó ayer viernes la inculpación del núcleo duro separatista por "rebelión" y decretó prisión preventiva para cinco de sus líderes, entre ellos el candidato a presidente regional Jordi Turull.

El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo presentó este cargo, pasible de hasta 30 años de prisión, contra 13 destacados independentistas, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont y gran parte de su gobierno, así como la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Además, el magistrado decretó prisión preventiva por "grave riesgo de fuga" para cinco de ellos que habían sido citados en Madrid y se encontraban en libertad provisional desde noviembre, pocas semanas después del fallido intento de secesión.

Los afectados son el exportavoz del gobierno Jordi Turull, los exministros Raúl Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull y Carme Forcadell, que se suman al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exresponsable de Interior Joaquim Forn y los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presos desde hace meses.

Esta decisión impedirá la investidura de Turull, que el jueves había perdido la primera votación para convertirse en presidente regional y el sábado debía someterse a un nuevo debate.

"He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de quienes me escogieron como representante del pueblo de Cataluña", dejó escrito el candidato en su cuenta de Twitter.

También estaba convocada la diputada Marta Rovira del partido ERC —cuyo líder es el preso Oriol Junqueras— pero poco antes de la cita anunció por carta que se marcha al "exilio", sin precisar adónde.

Se trata de la séptima independentista que se va al extranjero para evitar a la Justicia española siguiendo la senda de Puigdemont, instalado en Bélgica.

Los cargos presentados por el juez afectan a un total de 25 independentistas, en una macrocausa por rebelión, malversación y desobediencia que gira en torno a los preparativos del referendo unilateral de independencia del 1 de octubre, prohibido por la Justicia española. Su coste fue cifrado por el magistrado en 1,6 millones de euros, una cantidad que el juez exige a los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, cesado por Madrid después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

El juez glosa las etapas del auge independentista en Cataluña desde 2012, y dedica un espacio considerable a justificar el cargo de rebelión. Es el más controvertido, ya que contiene la noción de "alzamiento violento", un factor que según algunos juristas no se produjo.

Los cargos presentados este viernes suponen un nuevo golpe para el independentismo catalán, que sigue sin sacar adelante un presidente regional, pese a haber renovado su mayoría de escaños en el Parlamento en las elecciones del 21 de diciembre.

Sus dos primeros candidatos, el "exiliado" Puigdemont y el preso Jordi Sánchez, no pudieron ser escogidos por su situación judicial y Jordi Turull se topó con la falta del apoyo de la CUP, un pequeño partido secesionista de extrema izquierda, cuyos votos eran fundamentales.

Los independentistas disponen de dos meses para intentar formar un nuevo gobierno y evitar una repetición electoral.

Anoche miles de manifestantes se lanzaron a las calles de Cataluña en protesta por el encarcelamiento de sus cinco líderes independentistas y la orden de captura contra otros seis en el extranjero. En Barcelona, 24 personas resultaron levemente heridas según los servicios de emergencias médicas.

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