Corte Interamericana en momento crucial para Latinoamérica

Cuestionan a juristas que postulan a CIDH

El órgano de protección de los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina atraviesa un momento crucial. Algunos incluso señalan que se trata de una instancia de vida o muerte para el futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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CIDH

En pocos días durante la 45° Asamblea de cancilleres

de los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio próximos, se elegirá por voto secreto a cuatro de los siete jueces que integran el tribunal independiente con sede en Costa Rica. De este modo se conformará una nueva mayoría. Varias organizaciones de la sociedad civil, muchas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, adviritieron de los riesgos de elegir a algunas figuras muy cuestionadas.

Desde Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se ha cuestionado la posibilidad de reeleción del jurista uruguayo Alberto Pérez Pérez, así como del argentino Raúl Zaffaroni, o del también cuestionado presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño. A todos ellos se les atribuye un excesivo alineamiento ideológico y servilismo con los gobiernos de tres de los países con mayor problemática en el campo de los derechos humanos: Argentina, Ecuador y Venezuela.

Pazmiño tiene en el presidente ecuatoriano Rafael Correa a su principal defensor. La Corte que preside en su país ha avalado todas las medidas del gobierno, tales como la polémica Ley de Medios, que controla todos los medios, y la reelección indefinida que le permite a Correa postularse para un cuarto mandato.

Zaffaroni, en tanto, todavía está implicado en un escándalo de uso por parte de terceros de propiedades suyas que funcionan como prostíbulos. Por último, Pérez Pérez, un izquierdista de la vieja guardia y simpatizantes de las víctimas de las dictaduras del continente. Pero según las ONG críticas con los candidatos lo cuestionan por juzgar ideológicamente a casos contra funcionarios del gobierno boliviariano de Venezuela.

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