cuánto puede costar la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos? Las 5.913 empresas estadounidenses que mantienen una demanda oficial contra las expropiaciones tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 manejan una cifra: más de 7.000 millones de dólares.

Es lo que calculan —con intereses— que les ha costado hasta la fecha las incautaciones. Fue precisamente la nacionalización sin compensación de bienes de empresas estadounidenses lo que detonó el embargo norteamericano a Cuba.

Una sanción que dura ya más de 50 años y que el proceso de normalización de relaciones anunciado por el presidente Barack Obama no elimina por completo. Al haber sido transformada en ley en 1996 —el Acta Libertad o Ley Helms-Burton—, ese paso depende solo del Congreso.

Pero Cuba replica con otra cifra más aplastante: la de los más de 100.000 millones de dólares que afirma que le ha costado el bloqueo, como lo denomina La Habana. Entre las dudas por resolver tras el anuncio del restablecimiento de relaciones con la isla, la reclamación de propiedades es uno de los temas que podrían causar más quebraderos de cabeza.

"No está claro todavía qué efecto van a tener estos cambios en el estatus de las reclamaciones", reconoce la Comisión para la Certificación de Demandas en el Extranjero del Departamento de Justicia norteamericano, que es la que avala el reclamo de las casi 6.000 entidades estadounidenses.

Una portavoz del Departamento de Estado dijo que, aunque esta cuestión "sigue siendo una prioridad para el Gobierno" estadounidense, por el momento no se puede delinear un calendario sobre cuándo empezará a ser debatido.

Tampoco es un tema tan urgente, según varios expertos. "No es inmediato, no creo que sea ni remotamente una precondición ni una piedra en el camino", afirma el abogado estadounidense de origen cubano Pedro Freyre, especializado en inversiones en América Latina y en el embargo a Cuba.

Otra cosa será cuando se empiece a analizar seriamente cómo desmontar el embargo a la isla. Y ahí sí podría convertirse este tema en un arma política, reconoce Freyre. La Ley Helms-Burton establece como "condición esencial" para la "completa" reanudación de las relaciones diplomáticas y económicas entre EE.UU. y Cuba que se logre una "solución satisfactoria" de este asunto.

En 2005, el Gobierno de EE.UU., cuando aún gobernaba el republicano George W. Bush, encargó a la Universidad de Nebraska que buscara un mecanismo para resolver las reclamaciones de propiedades.

La universidad propuso la creación mediante tratado u orden presidencial de un "tribunal bilateral" que actúe como árbitro y resuelva formas diversas de compensación, desde la vía monetaria para las demandas más bajas a, en el caso de reclamaciones más altas y difíciles de asumir por Cuba, alternativas como garantizar beneficios fiscales u otros incentivos de inversión.

Para buena parte de las grandes compañías con reclamos (como Coca-Cola, Colgate-Palmolive o las petroleras Exxon y Texaco), podría resultarles mucho más ventajoso en el futuro negociar un arreglo que les permita invertir de nuevo en el mercado cubano, en el que muchos ven grandes posibilidades.

Por eso el consejo de Robert Muse, otro abogado que asesora a este tipo de empresas, es mostrar flexibilidad a la hora de negociar con La Habana, porque este tipo de acuerdo podría ser una "muy buena manera de arrancar de nuevo las inversiones" en una isla donde empresas de otros países les llevan décadas de ventaja a las norteamericanas.

Aunque en menor escala, también entidades españolas, canadienses o francesas fueron expropiadas sin compensación por Cuba. Sus gobiernos, sin embargo, alcanzaron hace años un acuerdo compensatorio, que abarcó tanto el pago en efectivo como en "especies", que se realizó de Estado a Estado.

Empresas expropiadas reclaman 7.000 millones de dólares