Corrupción en Argentina

Cristina otra vez citada por los cuadernos K

La expresidenta declarará como indagada el 25 de febrero.

Cristina denuncia una persecución política para bloquear su candidatura. Foto: EFE
Cristina denuncia una persecución política para bloquear su candidatura. Foto: EFE

Cristina Fernández de Kirchner volverá a declarar como acusada en la causa de los Cuadernos de las coimas K. El juez Claudio Bonadio dispuso que la expresidenta, funcionarios kirchneristas como Julio De Vido, y un grupo de empresarios declaren como acusados. Bonadio citó en total a 101 personas.

La expresidenta ya se había presentado a declarar por este expediente, cuando el juez la acusó de liderar una asociación ilícita. Otros que volverán a declarar son los empresarios Carlos Wagner, Juan Chediack y Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

Las indagatorias, que se realizarán a un ritmo de más de cinco por día, comenzarán el 20 de febrero y concluirán con la declaración de De Vido. Cristina Kirchner, que está procesada en la causa, será interrogada el 25 de febrero, un día antes del juicio por otra causa de presunto favorecimiento en obra pública en la provincia de Santa Cruz.

La decisión de Bonadio está fundada en una lista aportada por Ernesto Clarens, el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, que entregó esos datos cuando se presentó como arrepentido. Clarens había apuntado sobre un grupo de empresarios como quienes pagaban habitualmente sobornos para quedarse con contratos de obra pública que administraba el Ministerio de Planificación Federal que manejaba De Vido.

Esto le dio al juez Bonadio “nuevos elementos” para volver a llamar a declarar a Cristina Kirchner, actual senadora con fueros parlamentarios.

Desde la defensa de la expresidenta adelantaron que Cristina Kirchner “probablemente ratificará” lo que ya dijo en la primera ocasión en la que acudió a declarar, y recalcaron que el juez Bonadio solo recurre a una nueva indagatoria para que “se genere difamación” sobre la acusada con el fin de evitar que se pueda presentar a las elecciones presidenciales de octubre de este año.

Cristina Kirchner ya afirmó en agosto pasado que es un “disparate” que la acusen de haber recibido sobornos millonarios durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015. Asimismo, indicó que es víctima de una “maniobra persecutoria” en un escrito presentado ante el propio juez Bonadio.

El escándalo se destapó cuando Bonadio ordenó los arrestos y comparecencias de decenas de empresarios de la obra pública y exfuncionarios K, con base en los cuadernos que un chófer del Ministerio de Planificación que dirigía De Vido escribió durante una década.

En ellos, detalló cómo trasladaba en su auto bolsas repletas de dólares para repartirlas supuestamente a miembros de los gobiernos de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015). La acusación estimó en al menos 160 millones de dólares el monto de los sobornos pagados solo durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La defensa de la expresidenta calificó de “esperable” este nuevo llamado de Bonadio, a quien consideran “brazo armado del gobierno” de Macri en esta causa.

Una treintena de los imputados en la causa cambió su papel dentro de la misma al acogerse a la figura legal de “imputado colaborador”, que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia y que fue instaurada con polémica durante el Ejecutivo de Macri para agilizar casos de corrupción.

Entre los exfuncionarios K llamados a indagatoria estará también José López, exsecretario de Obras Públicas y quien hoy colabora como arrepentido en la causa. López es igualmente procesado en una causa por enriquecimiento ilícito, después de que en 2016 fuera detenido cuando intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento religioso a las afueras de Buenos Aires.

Rechazan aplazar juicio oral

La Fiscalía argentina se opuso ayer miércoles a la petición de Cristina Fernández de Kirchner de suspender el inicio de un juicio oral por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz. La solicitud se hizo el martes y tan solo un día después el fiscal Diego Luciani la rechazó en un escrito en el que instó a que el juicio oral comience en la fecha prevista, el 26 de febrero.

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