El sexto procesamiento

Cristina procesada y con pedido de prisión por la red de coimas K

El juez la identificó como la jefa de una organización ilícita; está pendiente el desafuero.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Reuters
Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Reuters

Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer lunes uno de los golpes más fuertes de todas las causas que tiene abiertas por corrupción. El juez Claudio Bonadio procesó y pidió prisión preventiva para la expresidenta y actual senadora como "jefa de una organización ilícita", en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas K, un caso con ramificaciones en Uruguay. Junto a Cristina fueron procesadas varios exfuncionarios kirch-neristas y empresarios.

Cristina —quien suma con este su sexto procesamiento— seguirá en libertad por sus fueros como senadora. Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores peronistas y enfrentado en la interna partidaria a Cristina, anticipó su postura contraria a un desafuero mientras no haya una condena firme de la Corte Federal. La decisión quedará, entonces, en manos de la mayoría peronista, que deberá definir el futuro de la posible candidata presidencial.

En el fallo de 500 fojas, el magistrado procesó también con prisión preventiva a varios exfuncionarios, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido, ya detenido por otra causa, además de 13 empresarios. Permanecerán en libertad por haber sido aceptados como "arrepentidos" al colaborar con la justicia, cinco exfuncionarios y nueve empresarios, ente ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri. Otros siete empresarios, cuatro exfuncionarios y un exjuez fueron procesados sin prisión preventiva.

Bonadio embargó a Cristina por 4.000 millones de pesos argentinos (101 millones de dólares). La expresidenta ya tenía congeladas sus cuentas judiciales e intervenidas varias de sus empresas por orden de la Justicia en otras investigaciones en curso. El juez además la convocó a presentarse en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificarse.

El juez investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de obras públicas entre 2003 y 2015.

En el fallo, Bonadio consideró que "la asociación ilícita fue comandada por (el ya fallecido) Néstor Kirchner y Cristina Kirchner", durante cuyos gobiernos funcionó "una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado".

El objetivo era "distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones".

La causa de los cuadernos de las coimas comenzó a raíz de una investigación del diario La Nación, que entregó copias de los cuadernos de Óscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta —viceministro de De Vido—, al fiscal Carlos Stornelli. El caso se hizo público el 1º de agosto, cuando el juez ordenó una decenas de detenciones y operativos simultáneos en busca de pruebas a partir de las anotaciones que mostraban en detalle el recorrido de los sobornos entre empresarios de la obra pública y el gobierno kirchnerista.

"Netflix"

"Leí la resolución y es un disparate jurídico. No hay ninguna prueba. Las declaraciones de los arrepentidos no valen nada. Esto no es un expediente, parece un guión de Netflix", declaró al canal C5N Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. La ex presidenta deberá presentarse hoy martes en un juzgado a declarar por otro caso: la ruta del dinero K.

A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de implicados que se acogieron a la figura legal de "arrepentidos", la mayor parte empresarios, pero también exfuncionarios kirchneristas. En su escrito Bonadio hace constar 157 pruebas y la declaración de 51 personas.

Entre los empresarios procesados figuran Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Rog-gio; Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; y Enrique Pescarmona, dueño de Impsa.

La expresidenta, que se considera una perseguida por la justicia, había recusado sin éxito al juez y al fiscal de la causa, Carlos Stornelli.

Cristina, principal dirigente de la oposición y con un 30% de apoyo, según encuestas, a un año de las elecciones presidenciales, deberá presentarse hoy martes a indagatoria, citada por el juez Sebastián Casanello, que investiga lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, vinculado a los Kirchner y ya en prisión. Los casos de corrupción bajo los gobiernos K también están siendo investigados en Uruguay, a donde se sospecha vino parte del dinero.

LA JUGADA CON BONOS
Chávez y los K, danza de millones
Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Foto: Archivo El País

Ladero de Néstor Kirchner y embajador sin embajada en Venezuela: así describe Diego Cabot, el periodista argentino que destapó el escándalo de los cuadernos de las coimas, a Claudio Uberti, el "primer arrepentido K". Según publica La Nación, Uberti estuvo declarando en el juzgado el viernes. Allí contó que los expresidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez se hicieron de 50 millones de dólares (25 millones cada uno) manejando bonos argentinos. El exfuncionario K contó las operaciones. Dijo que entre los años 2005 y 2006 Néstor Kirchner le pidió dinero a Chávez. La decisión fue que Venezuela suscribiera bonos argentinos. Chávez y los suyos compraron Boden (Bonos de la Nación Argentina) 2012. Pero la operatoria no era todo lo solidaria que se pensaba. Venezuela no se quedaba con los bonos, sino que los liquidaba en el mercado internacional. Los papeles argentinos eran liquidados y se cobraban billetes en dólares frescos. Esos dólares eran vendidos en el mercado paralelo, que, obviamente, estaba muy por encima de lo que reglaba el precio del dólar oficial. La brecha entre los dos valores se cobraba en bolívares. Con ese dinero se volvían a comprar dólares en el mercado oficial. Claro que para esa venta se necesitaba la venia del chavismo. Pero eso se descontaba, los permisos venían con el negocio. Uberti relató que solo una suscripción de 500 millones de dólares generó una diferencia de 100 millones. Según el relato que el exfuncionario argentino dio al fiscal Stornelli, la mitad del dinero de la operatoria que relató quedó en manos de los bancos e intermediarios. El otro 50% se repartió entre el chavismo y el kirchnerismo.

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