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Cristina K disparó contra el gobierno Macri: "terrorista"

Declaró por el caso Báez; dijo que la acusan para “tapar la crisis económica”.

Kirchner reclama anular causa de corrupción en su contra
Kirchner reclama anular causa de corrupción en su contra

Entró al juzgado como una estrella de rock, vivada por miles de fans. Y convencida de que es víctima de una persecución política, disparó directamente contra la administración de Mauricio Macri. "Si en mi gobierno hubo una asociación ilícita, ahora hay una asociación ilícita terrorista", afirmó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien debió declarar ayer en un juzgado en una causa por corrupción en su contra.

"Esto es un disparate. Es una maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico", dijo Cristina al salir de tribunales donde unos 5.000 militantes de La Cámpora, el núcleo duro del kirchnerismo, alzaban banderines y entonaban cánticos en su apoyo.

Ingresó al juzgado por una puerta trasera, donde decenas de empleados se acercaron a retratarla con celulares, antes de comparecer ante el juez federal Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires.

"¡Aguante morocha!", "¡Cristina es del pueblo, y no la toca nadie!", gritaban fanáticos sin pasar por alto el canto "¡Vamos a volver!".

La exmandataria es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner preso por enriquecimiento ilícito. Báez es dueño de Austral Construcciones y también está siendo investigado en Uruguay.

A la salida del juzgado la esperaban unos 5.000 militantes de La Cámpora para apoyarla.  Foto: Reuters
A la salida del juzgado la esperaban unos 5.000 militantes de La Cámpora para apoyarla. Foto: Reuters

Al salir del tribunal, la expresidenta dijo que pidió por escrito que se anule la causa, una de las tantas que impulsó la justicia en Argentina en su contra desde que dejó el gobierno en diciembre pasado.

Además, apuntó a investigar al resto de los empresarios que se vieron beneficiados con obras públicas, entre ellos Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri. "El primo del presidente fue el tercer adjudicatario de obra pública. En muchas obras fue asociado a Austral Construcciones. Yo no, sino Calcaterra", dijo.

Los abogados de Cristina explicaron que en la audiencia no respondió a ninguna de las preguntas del juez Ercolini. La ex presidenta solo hizo una exposición oral.

En un acto judicial casi simultáneo, en Río Gallegos, bastión de los Kirchner en la Patagonia, se tasaron varias propiedades —departamentos, casas y un terreno— que figuran a nombre de Los Sauces S.A., sociedad comercial que mantiene la expresidenta con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La comparecencia de Cristina fue acompañada por un fuerte operativo policial de 300 efectivos. "Parece que va Pablo Escobar a Comodoro Py", ironizó el abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón.

Al retirarse en automóvil se registraron algunos cruces entre policías y sus simpatizantes.

Varios de los exministros de su gabinete la esperaron en las afueras en señal de respaldo. Entre ellos estaban algunos diputados del Frente para la Victoria (FPV), el ex ministro de Economía Axel Kicillof, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.

Como Lula.

Cristina se presentó como víctima de una "persecución política" del gobierno de Macri. "Es un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforma un poder ejecutivo elegido en elecciones libres", indicó Cristina. Se trata, dijo, de una "una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático que no es original, la vemos también en Brasil, con el expresidente Lula", investigado en su país por la causa Lava Jato.

Macri habló ayer del tema. "Queremos saber qué pasó. Todos queremos que no haya más impunidad", apuntó durante un acto en Buenos Aires.

Según la acusación de los fiscales, tanto la exmandataria como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, conformaban junto a otros exfuncionarios una "organización criminal" para favorecer a Báez, quien devolvía los supuestos favores mediante el alquiler de habitaciones en los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz.

Cristina sostuvo que la causa de corrupción en su contra es "una maniobra del gobierno" de Macri "para tapar el desastre económico" que vive el país.

"Los precios en los supermercados aumentan, los salarios no alcanzan y no se abren paritarias. Es claro: la plata no alcanza y a otros les sobra", subrayó la exmandataria.

Y añadió: "si en mi gobierno hubo una asociación ilícita, ahora hay una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o gas".

Ante la consulta sobre su posible candidatura en las elecciones del año próximo, aseveró que "apuntan contra dirigentes que pueden ser candidatos y ponen en peligro a su electorado".

Otros funcionarios de su gobierno, como el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, deberán declarar esta semana ante la Justicia por la misma investigación.

Firmas falsas de Kirchner

Las firmas del ex presidente Néstor Kirchner en los libros societarios de la empresa familiar Hotesur son falsas, según los estudios de los peritos calígrafos encomendados por la Justicia argentina, informó ayer el diario La Nación. Agrega que la confirmación de la existencia de esas firmas falsas complicaría aún más la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus dos hijos, Máximo y Florencia. Máximo Kirchner es actualmente diputado y máximo referente de La Cámpora, la organización de militantes kirchneristas más radicalizada. "El peritaje parecería confirmar la sospecha de la adulteración dolosa de los libros para justificar a posteriori negocios irregulares y un potencial lavado de dinero", dice La Nación.

Báez, la conexión uruguaya

En Uruguay el juzgado de Crimen Organizado mantiene abierto un expediente penal desde 2013 sobre "la ruta del dinero K" por el cual fue embargada en abril pasado la estancia El Entrevero, adquirida en 2011 por US$ 14 millones por Daniel Pérez Gadin, contador del empresario de la construcción Lázaro Baez. En argentina ambos fueron procesados con prisión por el juez Sebastián Casanello por lavado de dinero.

Por esa causa se indagó al escribano Adolfo Pittaluga Shaw y el agente inmobiliario Alejandro Perazzo, quienes intervinieron en la compraventa porque por los montos manejados debieron reportar la operación como sospechosa de lavado, y ninguno de los dos lo hizo. Por esa omisión ambos fueron multados además por el Ministerio de Economía por incumplir los controles antilavado aunque apelaron la multa por considerar que no estaban obligados a reportarlo.

Luego de que declararan el escribano y el agente inmobiliario la causa quedó detenida porque la Justicia pidió información a Argentina sobre los titulares del campo que no fue respondida. Ningún otro de los que intervino en la compraventa declaró en Uruguay.

A fines de abril pasado, a raíz de una información que surgió en Argentina sobre la existencia de unos contenedores dentro del campo que podían tener dinero en efectivo, la entonces jueza de la causa Adriana de los Santos dispuso el allanamiento de El Entrevero, a pedido de la fiscal María de los Ángeles Camiño. Finalmente, se halló un contenedor que no tenía dinero sino muebles y madera.

Para enjuiciar por lavado a alguno de los responsables de la compraventa la Justicia uruguaya necesita saber cuál es el origen de los fondos.

A su vez, la diputada argentina Graciela Ocaña le aportó al juzgado de Crimen Organizado, ahora a cargo de la jueza María Helena Mainard un listado con transferencias de dinero "K" que pasó por Uruguay. En las transferencias participaron varias filiales uruguayas de bancos, al menos dos firmas de intermediación bursátil y un estudio de contadores.

El dinero era enviado a Uruguay por Helvetic Group, que la Justicia argentina sospecha que pertenecía a Lázaro Báez, muy allegado a los Kirchner.

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