Gobierno vs. fiscalía

La nueva fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, declaró en "emergencia" al Ministerio Público y calificó al plan del presidente Martín Vizcarra para reformar la fiscalía como una medida que afectaba la autonomía del organismo.

Ávalos asumió ayer martes la Fiscalía de la Nación de manera interina tras la renuncia de Pedro Chávarry, quien fue cuestionado por presuntos vínculos con una red de corrupción de magistrados y ser acusado de obstaculizar las investigaciones de presuntos sobornos de la brasileña Odebrecht a políticos del país.

"Dada la situación tan difícil que afronta nuestra institución y hasta que la Junta Nacional de Justicia se instale, dispongo declarar en emergencia al Ministerio Público, con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía", dijo Ávalos en conferencia de prensa.

La fiscal afirmó que es "indispensable" que el Ministerio Público se conduzca en el marco de autonomía que la Constitución y la ley le han asignado, días después que el presidente Vizcarra presentó al Congreso un proyecto de ley que busca declarar en emergencia a la fiscalía y remover a su cúpula. "Es un proyecto que yo entiendo que se presentó dada la emergencia que estábamos viviendo (...) pero yo creo que ha quedado claro de que era un proyecto que de alguna manera violaba la estructura o el diseño constitucional del Ministerio Público", manifestó la nueva fiscal general.

Ávalos, quien sería confirmada por una Junta de Fiscales para ser la fiscal general los próximos tres años, subrayó que apoyará la lucha contra la corrupción y respaldó al equipo de fiscales que investigan a Odebrecht.

La flamante fiscal adelantó asimismo que su organismo presentará un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público. "Toda injerencia, independientemente de donde provenga, no solo afecta el cumplimiento de la función institucional sino que también afecta, cual cáncer, la moral interna del personal pues crea una cultura de impunidad y de la componenda", dijo Ávalos.

El fiscal saliente Chávarry, quien asumió su cargo en julio por un periodo de tres años, había alegado en su carta de renuncia que su salida se produce para impedir la "amenaza de intervenir" la Fiscalía, y rechazó las críticas a su gestión.