INDAGARAN ACUSACIONES

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó investigar al presidente Jair Bolsonaro a partir de las denuncias del exministro de Justicia, Sergio Moro, de que intervino políticamente la Policía Federal para proteger a sus hijos.

El juez Celso de Mello dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal (PF) interrogue a Moro sobre sus acusaciones tras dimitir el pasado viernes.

Las conclusiones, que deben ser entregadas al Fiscal General, Augusto Aras, pueden abrir el camino a un pedido de juicio contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra Moro.

Después de su renuncia, Moro presentó a la televisión un intercambio de Whatsapp con Bolsonaro en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la PF. Según medios brasileños, el exjuez dispone de grabaciones de discusiones con Bolsonaro.

Según Celso de Mello, “los crímenes supuestamente practicados por el señor Presidente de la República” parecen tener “íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial”, lo que permite habilitar la investigación. El documento enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro.

La apertura de la investigación tiene como objetivo esclarecer si Bolsonaro cometió un eventual delito de falsedad ideológica, coacción, prevaricación u obstrucción de Justicia, entre otros.

En caso de que el fiscal Aras encuentre elementos que respalden una denuncia formal contra Bolsonaro por delitos comunes, corresponderá a la Cámara de Diputados autorizar que la investigación sea llevada a cabo por el STF, con la separación del mandatario del cargo por lo menos hasta que se emita el fallo.

Este procedimiento difiere del impeachment (considerado un juicio político por “crímenes de responsabilidad” en el cumplimiento de sus funciones), que aprueba la Cámara de Diputados pero que lleva a cabo el Senado, tal como ocurrió con la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff en 2016.

En 2017, la Fiscalía pidió abrir dos investigaciones contra el entonces presidente Michel Temer, pero las solicitudes fueron rechazadas por la Cámara.

Moro, uno de los ministros estrella por su papel en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, presentó su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al jefe de la PF, un órgano de investigación que depende del Ministerio de Justicia.

El viernes, en respuesta a las acusaciones de Moro, Bolsonaro dijo que podía elegir a quien quisiera en la policial, afirmando que “el nombramiento es mío, la prerrogativa es mía y el día que tenga que someterme a cualquiera de mis subordinados, dejo de ser presidente de la república”.

Moro aseguró que el mandatario le dijo varias veces que quería a alguien dentro del cuerpo que fuera su “contacto personal, a quien pudiera llamar, de quien pudiera obtener información, informes de inteligencia”.

Bolsonaro nombró ayer martes a André Luiz de Almeida Mendonça como nuevo ministro de Justicia, y a un amigo de su familia, Alexandre Ramagem, al frente de la PF, que investigará denuncias en su contra.

La PF ya tiene en curso denuncias que involucran a los hijos del presidente.

Una investigación ordenada por la corte suprema analiza el papel de Carlos Bolsonaro en la propagación de noticias falsas, según el diario Folha de S. Paulo. Su hermano, el diputado Eduardo Bolsonaro, también estuvo acusado en una investigación del congreso de participar en una trama de noticias falsas.

Su hermano mayor, el senador Flavio Bolsonaro, está siendo investigado por fiscales estatales en Río de Janeiro por supuesto lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

Los tres niegan las acusaciones. Junto al presidente han criticado las pesquisas como ataques con motivación política.

Pese a la crisis política en Brasil y a los cambios en el gabinete, los mercados en ese país operaron al alza ayer martes. El índice Ibovespa, principal referente de la bolsa de San Pablo, subió un 3,93%, en una sesión con los inversores optimistas por el nombramiento del nuevo ministro de Justicia. También ayudó laratificación en el cargo del ministro de Economía, Paulo Guedes que hizo Bolsonaro el lunes, alejando los rumores de otro cambio en el gabinete.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, descartó la apertura de un juicio político contra Bolsonaro durante la pandemia y afirmó que ahora la “prioridad” del Parlamento debe ser el combate al nuevo coronavirus.

Según Maia, la situación de la COVID-19 en Brasil es “preocupante y alarmante”, por lo que consideró que el Congreso debe “debatir de forma específica la cuestión del enfrentamiento al coronavirus” y tratar con “cuidado y equilibro” otros asuntos, como una eventual apertura de un juicio político contra el mandatario.

“Estamos infelizmente en la etapa inicial del aumento de casos de brasileños infectados con el coronavirus y también de muertes”, que “ya han alcanzado un nivel mucho mayor” de lo imaginado, expresó el parlamentario.

Agregó que la emergencia de COVID-19 tendrá “impactos” no solo en la salud pública, sino también en la economía, lo que podría elevar el índice de desempleo, según sus cálculos, hasta un 16%, unos “números muy dramáticos para la vida de los brasileños”.

Ante ese escenario, Maia consideró que una “crisis política”, como la apertura de un juicio político, “aceleraría las incertidumbres”, “impactaría fuertemente la confianza de los actores económicos” del país y amenazaría aún más la ya maltrecha economía brasileña.

“Tenemos que orientar la agenda hacia lo que preocupa a todos los brasileños”, dijo.

Los brasileños están divididos sobre un juicio político

La población brasileña está dividida ante la posibilidad de abrir un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, según los resultados de un sondeo de opinión divulgado ayer martes por Folha de São Paulo.

La encuesta, elaborada por el Instituto Datafolha con un margen de error de tres puntos, señaló que el 48% de los brasileños rechaza abrir un proceso con fines de destitución contra Bolsonaro, mientras que el 45% se muestra favorable a ello. Un 6% de los entrevistados prefirió no posicionarse al respecto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, encargado de abrir un eventual juicio político contra el jefe de Estado, recibió cerca de 30 pedidos de impeachment, aunque descartó esa posibilidad porque, según dijo, la “prioridad” ahora es el combate a la pandemia de coronavirus.

El sondeo de Datafolha también reflejó que el 52% de los brasileños apoyan al exministro de Justicia Sergio Moro, mientras que un 20% defienden a Bolsonaro.

Preguntados si apoyarían una renuncia de Bolsonaro, el 50% rechazó esa posibilidad frente al 59% de la encuesta de abril, en tanto que el porcentaje favorable a ello creció del 37% hasta el 46%. No obstante, la base de apoyo electoral del mandatario permanece estable: el 33% considera su gestión “buena u óptima”, el 38% la califica de “mala o pésima” y el 26% de “regular”.

Un amigo de la familia y un pastor

El presidente Jair Bolsonaro nombró ayer martes a un abogado de perfil moderado, André Mendonça (foto), como nuevo ministro de Justicia, y a un amigo de su familia, Alexandre Ramagem, al frente de la Policía Federal (PF), que investigará denuncias en su contra.

Ramagem, actual jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), es agente de la PF desde 2005. Se aproximó a Bolsonaro en 2018, como jefe del equipo de seguridad del entonces candidato después que este fuera apuñalado durante un acto de campaña. Luego fue asesor de confianza en la Secretaría de Gobierno y a mediados de 2019 fue designado jefe de Inteligencia.

Ramagem es amigo de Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, quien comandó la campaña de su padre en las redes sociales y hasta hoy ejerce una enorme influencia en el gobierno.

Al ser cuestionado por un internauta sobre el nombramiento de un hombre tan cercano a su círculo familiar para el cargo de jefe de la PF, Bolsonaro retrucó el pasado domingo: “¿Y qué? Conocía a Ramagem desde antes de conocer a mis hijos. ¿Por eso debe ser vetado?”.

La destitución del antiguo jefe de la PF, Mauricio Valeixo, provocó la renuncia de Sergio Moro al Ministerio de Justicia, al que está subordinada la PF. En su lugar, Bolsonaro nombró a André Mendonça, que además de tener una sólida carrera como jurista y abogado del Estado es pastor auxiliar en una iglesia presbiteriana, de perfil moderado dentro de la galaxia de iglesias evangélicas.

“Mi compromiso es seguir desarrollando el trabajo técnico que ha marcado mi vida”, tuiteó Mendonça tras ser confirmado en el cargo.

Mendonça tiene 47 años, nació en la ciudad de Santos.

Graduado en derecho en 1993, y realizó una maestría de la Universidad de Salamanca, con una disertación sobre la corrupción y el Estado. También estudió Teología en la Universidad de Londrina. Quienes lo conocen, lo consideran una persona ecuánime, tranquila y siempre sonriente.