Crimen y castigo

Julia Rodríguez Larreta

La sociedad argentina no ha tenido más remedio que adaptarse a convivir con el delito (parecido a lo de aquí). De continuo se encuentra uno con alguien que ha sido víctima de delitos de variada gama y cuantía. Desde el que le entraron en la casa, lo robaron en el taxi, le arrancaron la cartera o casos más graves, de los cuales se tiene noticia a través de la información periodística.

La crónica roja del día jueves, por ejemplo, da cuenta que a un adolescente que volvía del club, lo obligaron a subir a un auto, fueron hasta su casa y apuntándole a la cabeza, entraron en ella. Amenazaron al resto de la familia y robaron de todo. A un locutor lo encontraron estrangulado en su departamento del barrio de Barracas; en Pergamino, mataron a un peluquero para desvalijar su casa. A un policía, padre de 6 hijos, que acudió a un llamado de auxilio al 911, lo asesinaron y también se supo de un detenido que andaba suelto, portando una pulsera electrónica de control puesta por la justicia, a quien lo encontraron robando comercios con un acompañante.

Tal es la catarata de actos delictivos y la impunidad de la delincuencia de todo tipo, que la gente finalmente queda como anestesiada, para seguir dentro de lo posible con su vida. Pero a veces, ocurren hechos que producen un fuerte sacudón, como fue la desaparición de tres empresarios y el posterior hallazgo de sus cadáveres.

Episodio que ha sido relacionado con la matanza de hace poco, en el garaje del shopping Unicenter ( al mejor estilo Hollywood), donde murieron dos colombianos narco traficantes, al constatarse que Forza, uno de los muertos del triple homicidio de General Rodríguez, se había comunicado telefónicamente con uno que se salvó.

A raíz de ello, se ha empezado a desenredar una madeja de criminalidad compleja, enlazada con el tráfico de drogas, que ha puesto al descubierto un trasiego delictivo alrededor de la intermediación de medicamentos, que pone los pelos de punta. A la vez que provoca una generalizada, y posiblemente injusta, desconfianza respecto de los medicamentos que circulan en el país vecino.

Hay bromas muy ocurrentes, que al tiempo de hacer reír, apuntan a realidades que sin embargo, no tienen nada de graciosas. Es el caso del chiste de la última página del diario Ámbito Financiero, que muestra a una mujer que lee algo y le dice a su compañero, -"Cuidado viejo, por el prospecto creo que este medicamento que compraste es trucho". "¿Porqué ?". "Acá dice: ante cualquier duda, consulte al forense"-.

Resulta que uno de los asesinados, Sebastián Forza, estaba en el negocio de las droguerías y una de sus firmas, llamada Baires Med, figura en una causa judicial por falsificación y comercialización de la droga Beriate 1000UL, que cuesta $ 10.000 el frasco. Esta droguería, junto con otras dos, Unifarma y San Javier, forman parte de una red en la cual se utilizaba a pacientes hemofílicos falsos, para solicitar en forma masiva, recetas médicas de esa medicina. Luego, Baires Med adquiría la droga en las farmacias, cambiaba su contenido, a menudo por talco y la revendía a las Obras sociales, a los sanatorios, hospitales, a unos $ 20.000 el frasco.

Según la Ministra de Salud, Graciela Ocaña, este negocio de intermediación mueve cifras millonarias y dentro del espectro de unas 100 droguerías, más de 10, están bajo sospecha. Las irregularidades notadas en la empresa de Forza, llevaron a que fuera suspendida hace un tiempo como proveedora del Estado. Pero fue la DEA, la organización norteamericana de lucha contra la droga, la que continuó investigando a esta persona y sus socios, según informa Carlos Pagni, de La Nación.

La frutilla de esta indigesta torta, es que dicho señor Forza, fuera un generoso contribuyente cuando la campaña del Frente por la Victoria que llevaba a Cristina Kirchner como candidata. Como también lo fue Carlos Horacio Torres, quien también es dueño de una droguería, de nombre San Javier, junto a Néstor Lorenzo, conocido empresario del sector, enredado en varios escándalos en La Plata, donde dirigía el acabado Centro Oncológico de Excelencia (COE), acusado de negocios turbios con drogas oncológicas.

En el medio aparece el superintendente del Sistema de Salud de la era Kirchner, quien también ha sido tesorero de las campañas oficialistas, bajo el mando de Alberto Fernández. A raíz de esto, la Coalición Cívica prepara una denuncia para que la justicia investigue sobre los aportes a la campaña presidencial de Cristina. Pide explicaciones al superintendente de Servicios de Salud, quien al mismo tiempo era el recaudador oficial de Mme. Kirchner, por no haber controlado de dónde venían las contribuciones. Forza aportó $ 200.000, pero tenía un pasivo de $ 1.800.000 y había sido denunciado 13 veces, por adulteraciones de medicamentos.