CRISIS EN VENEZUELA: LA REPRESIÓN DEL RÉGIMEN

Abrió una investigación preliminar sobre la represión a manifestantes y por arrestos y torturas a opositores.

El régimen de Nicolás Maduro será investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por excesos en la represión contra las manifestaciones de abril-julio de 2017 que dejaron al menos 125 muertos y decenas de heridos. La CPI anunció ayer jueves en La Haya la apertura de exámenes preliminares por "presuntos crímenes" por el uso de "fuerza excesiva" de los cuerpos de seguridad venezolanos y el empleo "de medios violentos" por parte de manifestantes. El anuncio lo hizo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

Desde abril de 2017 se viene denunciando el uso frecuente de la fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y la detención de miles de miembros de la oposición, "algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato", señala la fiscal en su escrito.

"También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", añade.

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre pasado a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano. "Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo entonces Ortega, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias.

"Es un claro signo de que la CPI se está asentando como una corte mundial", explicó Amal Nassar, representante permanente ante la Corte de la Federación Internacional para los Derechos Humanos.

Este examen preliminar de la CPI no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.

El anuncio de la CPI llegó el mismo día en que el Parlamento Europeo pidió extender las sanciones europeas a Maduro, al vicepresidente Tareck el Aissami y a su entorno, y a la petrolera estatal Pdvsa, al considerarlos "responsables del agravamiento de la crisis".

La Eurocámara, que aprobó la resolución por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones, había pedido este jueves a la Fiscalía de la CPI iniciar "investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano".

La Unión Europea aprobó su primer paquete de medidas contra Venezuela en noviembre, con un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la "represión interna". En enero impuso una prohibición de visados y congelación de activos para siete altos cargos del país.

El secretario general de la OEA, el excanciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro, celebró la decisión de la CPI. "Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la justicia", dijo Almagro, duro crítico del régimen de Maduro, en su cuenta en Twitter.

También Human Rights Watch (HRW) celebró el "mensaje contundente" que envió la CPI a Maduro. "Al abrir un examen preliminar, la fiscal de la CPI está enviando un mensaje contundente de que su Fiscalía está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para América de HRW. "El Poder Judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones de la CPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente", agregó.

El de Venezuela será el segundo examen preliminar que lleva a cabo la CPI en Sudamérica, después de otro en curso en Colombia por presuntos crímenes durante el conflicto con las FARC.

México está preocupado por el impacto que puedan generan las posibles sanciones petroleras que Estados Unidos podría imponer a Venezuela, dijo ayer jueves el secretario de Energía azteca, Pedro Joaquín Coldwell. Además, el funcionario aseguró que México no impondrá sanciones petroleras ni a Venezuela ni a ninguna otra nación.

"México no va a imponer sanciones petroleras a ningún país. Expresamos nuestra preocupación por las repercusiones que podrían tener las sanciones petroleras sobre la población venezolana y sobre otros países, principalmente del área del Caribe", dijo Joaquín Coldwell.

El miércoles, en el final de una gira que abarcó México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que su país estaba cerca de decidir si imponía sanciones petroleras a Venezuela para presionar al presidente Nicolás Maduro a volver al cauce democrático.

Tillerson dijo que Canadá, México y Estados Unidos acordaron en una reunión trilateral la semana pasada estudiar qué podría hacerse para mitigar el impacto de esa decisión. El funcionario agregó que había puesto al tanto del asunto al presidente Donald Trump.

Hasta ahora, las sanciones se han concentrado en miembros del régimen de Maduro y en una prohibición de comprar nueva deuda venezolana. REUTERS