Hoy resolverá, pero el juez instructor validó el proceso. Fiscal pide el cese de Cunha.

El Tribunal Supremo de Brasil comenzó a analizar ayer los recursos del oficialismo contra un posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, y dejó pendiente su decisión para hoy después de escuchar del juez instructor que el proceso se ajusta a todos los preceptos constitucionales. Con ello queda en pie la posibilidad de iniciar juicio político contra la presidenta.

El trámite para un juicio con vistas a la destitución de Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero el Supremo lo suspendió en respuesta a una serie de demandas presentadas por el Gobierno y varios partidos oficialistas.

El juez Luiz Fachin, designado instructor de esta causa, presentó hoy su parecer y negó uno a uno los alegatos del oficialismo contra ese proceso, sobre el cual consideró que se ha iniciado ajustado al marco legal contemplado en la Constitución brasileña.

El instructor rebatió cada argumento presentado por el Gobierno y partidos oficialistas contra la iniciativa de la oposición y aclaró que un proceso de esa naturaleza "siempre" es de contenido "político y jurídico".

Fachin negó así que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, estuviera "impedido" de aceptar a trámite el proceso por su condición de declarado opositor al Gobierno de Dilma Rousseff o por estar bajo investigación judicial por supuesta corrupción.

"La enorme mayoría de los actores políticos son adversarios o partidarios de un presidente", por lo que "no se puede exigir una imparcialidad absoluta" en un proceso que "también es de naturaleza política y, por tanto, no puede ser exclusivamente jurídico", dijo.

Fachin reafirmó que tanto la admisión del proceso por parte de Cunha como una votación secreta hecha en la Cámara de Diputados para escoger a los miembros de una comisión especial que analizará el caso, se hicieron dentro del marco legal.

La elección secreta había sido objetada por el oficialismo bajo el argumento que las votaciones en la Cámara Baja son usualmente abiertas, pero en opinión del magistrado instructor se está frente a una situación excepcional.

"Entiendo que la Constitución, en situaciones excepcionales como esta, permite que la votación sea secreta" a fin de "resguardar al parlamentario frente a la posibilidad de juzgar a un presidente de la República", declaró.

Tras la presentación del voto del instructor, la Corte suspendió la sesión y acordó reanudarla mañana, cuando expresarán su parecer los otros diez miembros del tribunal.

Antes de la exposición de Fachin, que se prolongó durante casi cuatro horas, la Corte había escuchado a representantes de partidos políticos, a la Abogacía General de la Unión, a la Procuraduría y a portavoces de diversos movimientos, incluso de estudiantes.

En representación del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, habló el abogado Flavio Crocce Caetano, quien atribuyó los intentos por llegar a un juicio político a maniobras de "grupos que no aceptan el resultado de las urnas", y que pretenden "vulnerar la voluntad popular".

Ese argumento fue respaldado por el Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y otras formaciones oficialistas, así como por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), cuyo representante sostuvo que "un presidente electo sólo puede ser sustituido por otro presidente electo".

El abogado Flavio Henrique Costa tomó la palabra por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los que ha propuesto el juicio contra Rousseff, y afirmó que "hay que acabar con el discurso de que aplicar la Constitución es un golpe de Estado".

Costa citó las maniobras irregulares con las que el Gobierno maquilló sus resultados fiscales de 2014 y los parciales de este año; dijo que constituyen un "delito de responsabilidad" que la Constitución contempla como una de las causas para destituir a un mandatario, y pidió a la Corte que "sólo garantice el cumplimiento de la ley". Según el abogado del PSDB, "no estamos frente a un golpe, sino frente a instituciones democráticas que funcionan y lo hacen en la forma más legítima". La figura del "golpe de Estado" ha sido agitada por el PT desde el comienzo de los pedidos de "impeachment".

El procurador general (fiscal), Rodrigo Janot, pidió ayer la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, mediante un escrito presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. En el escrito, Janot alega que el diputado federal utiliza su posición "en interés propio y con fines ilícitos".

"La medida es necesaria para garantizar el orden público, la regularidad de los procedimientos penales en curso ante el Tribunal Supremo, y la normalidad de las consideracines presentadas ante el Consejo de Ética (del Congreso)", prosiguió la comunicación oficial de la Procuraduría General.

El procurador Janot presentó una lista de 11 constataciones de que Cunha ha utilizado su escaño y su cargo de presidente de la Cámara para "intimidar y avergonzar a otros parlamentarios, abogados y funcionarios públicos con el fin de demorar las investigaciones en su contra".

"Eduardo Cunha ha adoptado posiciones absolutamente incompatibles con el debido proceso, a partir de la prerrogativa de presidente de la Cámara, con el único propósito de su autoprotección mediante la acción espuria de impedir la investigación de su conducta, tanto en el ámbito penal como en la esfera política", estableció Janot en el escrito publicado ayer por el diario O Globo.

Todo ello podría dar lugar a un nuevo escenario, que supondría el inicio de un juicio político a la presidenta —tal como promovió el propio Cunha—, pero sin el legislador a cargo de la presidencia de la Cámara Baja, si finalmente es cesado en el cargo.

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