Los fiscales del escándalo de Petrobras, el mayor caso de corrupción de Brasil, pidieron, el viernes pasado, sentencias más duras y mayores poderes legales para perseguir a los responsables.

Las propuestas de la Fiscalía tienen coincidencias con las siete medidas contra la corrupción que planteó presidenta Dilma Rousseff, después de las manifestaciones masivas del domingo pasado.

La Procuraduría General de la Nación, que interviene en el escándalo de la petrolera estatal, envió una propuesta al Congreso para aumentar las penas por corrupción para que lleguen hasta 25 años en prisión.

Los fiscales buscan reformas legales para que se acelere el proceso de arrestos para los sospechosos de corrupción y el de incautación de sus activos antes de que puedan ser escondidos. También quieren reducir los largos procesos de apelación.

Se trata de varios anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción, instauran un "test de integridad" aleatorio para funcionarios públicos para disuadirlos de incurrir en actos de corrupción.

"Precisamos rendir cuentas de lo que hacemos. No sirve de nada avanzar en el campo represivo si no cerramos el grifo de la corrupción", subrayó el coordinador de la División Anticorrupción del Ministerio Público, Nicolao Dino.

Asimismo, los proyectos plantean criminalizar el uso de la llamada "caja 2" por parte de los partidos políticos durante la campaña electoral, entre otras medidas.

El plan de la procuraduría también busca que los partidos políticos sean responsables por los actos de corrupción, excluyéndolos de las elecciones si se prueba que sus miembros son culpables.

"Son sugerencias que llevaremos al Congreso, porque entendemos que pueden mejorar la actuación del Ministerio Público brasileño en el combate a esa llaga de nuestra sociedad que es la corrupción", afirmó el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janiot, quien a principios de marzo pidió a la justicia investigar a decenas de políticos involucrados en la red criminal en torno a Petrobras.

El Ministerio Público propone transformar la corrupción en un crimen de "alto riesgo", como los homicidios, y aumentar las penas para corrupción que implique grandes valores, que podrían variar entre 4 y 25 años, de acuerdo con el delito y monto del dinero desviado.

Un multimillonario esquema de corrupción descubierto en Petrobras ha sacudido al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y amenaza con estancar aun más a la economía de Brasil.

La investigación ha llevado a que se acuse a decenas de ejecutivos de las mayores empresas de ingeniería del país y ha implicado a 47 políticos que supuestamente recibieron dinero, todos pertenecientes a la coalición de gobierno de Rousseff, menos uno.

"Este caso ha enfurecido a Brasil pero no ha reducido la corrupción o la impunidad en el país", dijo el fiscal que lidera la investigación, Deltan Dallagnol, quien destacó que las propuestas buscan convertir la furia popular en cambios necesarios para el combate contra la corrupción. "La corrupción mata. La corrupción, hoy, roba la comida, la salud y la escuela del ciudadano brasileño", justificó Dallagnol.

De acuerdo con una estimación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, en Brasil se pagan sobornos por 200.000 millones de reales (62.000 millones de dólares) al año, dos veces el presupuesto de salud y 2,5 veces el de educación.

El escándalo de Petrobras y la desaceleración económica fueron los aglutinantes para que más de dos millones de personas salieran a las calles a protestar, el domingo pasado, en 147 ciudades de Brasil.

El lunes, Dallagnol y su equipo acusaron por corrupción al tesorero del Partido de los Trabajadores por solicitar donaciones de ejecutivos acusados de canalizar dinero de contratos de Petrobras a políticos.

Desde que comenzó su segundo mandato el 1 de enero —triunfó en segunda vuelta de las elecciones, en octubre, por escasa diferencia sobre el senador Aécio Neves— Rousseff es asediada por permanentes revelaciones del megafraude, que tiene a decenas de legisladores bajo investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o incluso de su propio Partido de los Trabajadores.

El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación por el escándalo en la petrolera estatal Petrobras, afirmó que la corrupción es un problema que tiene condiciones de ser superado por el sistema político e institucional de Brasil.

En una inédita aparición pública desde que hace un año se inició la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil, el juez federal ofreció un discurso en la noche del miércoles al recibir el premio "Personalidad del Año" que otorga el diario O Globo. "La democracia brasileña ya enfrentó desafíos más grandes en el pasado. Vencimos a una dictadura brutal, logramos controlar la hiperinflación, tuvimos avances sociales significativos en las últimas décadas. La corrupción es un problema más dentro del sistema democrático y no lo veo como un problema insuperable", señaló.

La investigación sobre Petrobras puso al juez Moro, de Curitiba, capital de Paraná, en el centro de la agenda del país.

Moro se pronunció también a favor de las manifestaciones para reclamar contra la corrupción, como la que se registró el domingo pasado, cuando en todo el país casi dos millones de personas salieron a las calles. "Los grupos que fueron a las calles fueron plurales, con ideas no todas en común, con posiciones divergentes. Pero es lindo dentro de la democracia ver al pueblo en la calle y con una bandera común, todos contra la corrupción, contra el crimen". EFE

La presidenta Dilma Rousseff y el ministro de Justicia, José E. Cardoso plantearon varios proyectos de combate a la corrupción.

—Criminalización de la llamada "caja 2". Endurece la pena por el delito de ocultamiento o la adulteración de información ante los organismos de fiscalización electoral con el fin de esconder el origen, destino o aplicación de valores, bienes y servicios en los partidos políticos o las campañas. La pena será de 3 a 6 años.

—Criminalización del ocultamiento o disimulación del origen, la localización y los movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes que están prohibidas por la legislación vigente. Pena: de 3 a 10 años.

—Extensión de las condenas a los donantes, tanto de naturaleza personal como jurídica, como a los partidos políticos. La multa prevista es de 5 a 10 veces el valor donado y no declarado.

—Confiscación de bienes producto de actividades delictivas. Incluye propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa, o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. Exigirá una enmienda constitucional.

—Pedido de urgencia para permitir la enajenación anticipada de bienes. Alcanza a los bienes sobre los cuales haya indicios o pruebas de que son producto de una acción ilegal. Podrá ser levantada en caso de absolución o suspensión del proceso.

—Tipificación del enriquecimiento ilícito Castiga la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. Pena: de 3 a 8 años.

—Reglamentación de la ley anticorrupción. Instala la adopción de programas para empresas privadas que contemplen códigos de ética y políticas para detectar desvíos contra la administración pública.

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