LA ÚLTIMA ESTOCADA

Constituyente chavista echó a los diputados del Parlamento

Aprobó “comisión de la verdad”, un “tribunal de la inquisición”, denuncia la oposición.

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Diputados volverían a sesionar hoy, pero no saben cuanto más tendrán impunidad. Foto: EFE

Fue el golpe de gracia a la última trinchera institucional que quedaba en Venezuela. En la madrugada del martes la policía militarizada bloqueó el ingreso al recinto donde sesionaba el Parlamento de mayoría opositora, impidió la entrada de los diputados y entregó el edificio a la Asamblea Constituyente, integrada exclusivamente por chavistas.

El régimen de Nicolás Maduro, que se sostiene con el apoyo de la cúpula militar, ya controlaba el poder judicial —el sábado a través de la Constituyente destituyó a la fiscal general Luisa Ortega—, y el organismo electoral. El legislativo era el único poder con legitimidad en las urnas que todavía seguía en manos de la oposición.

Fue la propia Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía militarizada del régimen y encargada de la custodia del Parlamento, la que impidió la entrada de los diputados opositores. Bloquearon la entrada apoyados por los "colectivos", grupos de civiles armados que responden al aparato chavista.

"No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no son capaces de ganar legítimamente", denunció el diputado Stalin González.

La Constituyente fue electa el domingo 30 de julio en una elección denunciada por fraudulenta que registró casi la mitad de votos de los que eligió al Parlamento hace dos años.

"Ellos actúan como el hampa, ellos llegaron en la noche, en la oscuridad y tomaron el Palacio", dijo a periodistas el diputado Jorge Millan.

Hasta ahora ambas asambleas habían convivido en el mismo Palacio, con los oficialistas instalados en el ala norte, y los opositores en el ala sur de la sede del Parlamento.

Esta arremetida de Maduro sobre la oposición se da mientras aumenta la presión internacional para el retorno a la democracia. El sábado el Mercosur suspendió a Venezuela, y ayer la ONU denunció que el régimen chavista tortura a opositores presos y los cancilleres de América Latina y el Caribe acordaron una declaración en la que desconocen toda acción que tome la Asamblea Constituyente. La Unión Europea ya se había manifestado en el mismo sentido.

Ayer en su primera sesión en el recinto de los diputados, la Constituyente resolvió investigar los casos de violencia política ocurridos desde 1999, cuando asumió el poder Hugo Chávez, fallecido en 2013. Realizará estas indagaciones en el marco de la "comisión de la verdad" propuesta por Maduro. Esta comisión estará presidida por Delcy Rodríguez, la excanciller ahora designada presidenta de la Constituyente.

La "comisión de la verdad" nace con una fuerte amenaza. A solicitud del líder chavista Diosdado Cabello, los poderes públicos y demás instituciones estarán obligados a "colaborar" con las pesquisas. "Toda persona que deje de cumplir las obligaciones de colaborar o que obstaculice esas obligaciones, incurrirá en hechos punibles", advirtió Cabello.

"Será un tribunal de inquisición para perseguir a quienes pensamos diferente", denunció la parlamentaria opositora Delsa Solórzano.

Maduro ha pedido en particular investigar los "crímenes de la derecha" —como se refiere a la oposición— durante las protestas en su contra que han dejado al menos 125 muertos en cuatro meses.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que en Venezuela hay unos 500 presos políticos.

Previamente, la Asamblea Constituyente aprobó un decreto en el que señala que todo "poder constituido está subordinado" a sus decisiones.

La Constituyente es denunciada por la oposición como una maniobra de Maduro para perpetuarse en el poder, a la vez que es desconocida por Estados Unidos, la inmensa mayoría de los países de América Latina y bloques como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Los asambleístas volverán a sesionar el miércoles en una de las sedes de la petrolera estatal Pdvsa, y el jueves nuevamente en el salón protocolar del Palacio Legislativo, adjunto al hemiciclo de sesiones donde funciona el Parlamento de mayoría opositora.

En principio está previsto que los diputados opositores vuelvan a sesionar hoy miércoles en el recinto parlamentario. Pero no se sabe por cuánto más. La Constituyente se estrenó con la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, chavista que rompió con Maduro, y en sus próximas acciones podría dejar sin fuero parlamentario a varios opositores para enviarlos a prisión. "La Constituyente puede levantarle la inmunidad a Raimundo y todo el mundo", advirtió Diosdado Cabello.

Según el expresidente parlamentario Henry Ramos Allup, "con testigos falsos y pruebas ficticias pretenderán eliminar la inmunidad parlamentaria". Así, la oposición teme una "cacería de brujas".

La Constituyente redactará una Carta Magna para sustituir la de 1999 y regirá al país por hasta dos años —más allá del mandato de Maduro, que culmina en enero de 2019— como un poder plenipotenciario.

Tras su infructuoso intento de frenar la Constituyente, la oposición está ahora frente al dilema de ir o no a las elecciones de gobernadores de diciembre, cuya inscripción de candidatos se realiza entre martes y jueves.

Inhabilitan a la oposición en cinco estados.

El poder electoral de Venezuela prohibió a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a inscribir candidatos en siete de los 23 estados del país para las elecciones de gobernadores, previstas para diciembre. La coalición, sin embargo, podría presentar aspirantes en las tarjetas electorales de los partidos que integran la alianza. Esta prohibición está relacionada a denuncias del chavismo de irregularidades en la recolección de firmas para el suspendido referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.

DECLARACIÓN DE CANCILLERES.

"Venezuela ya no es una democracia".

Cancilleres de 17 países de América y el Caribe acordaron ayer martes en Lima que Venezuela "ya no es una democracia" y que "los actos que emanen" de su Asamblea Constituyente "son ilegítimos". La declaración fue presentada por el canciller de Perú, Ricardo Luna, quien no dudó en afirmar que "lo que tenemos ahora en Venezuela es una dictadura". La Declaración de Lima también expresó "su apoyo y solidaridad" con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela que fueron destituidos por la Constituyente, y exigió la "aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos".

Los cancilleres también condenaron "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión, y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente".

También se apoyó explícitamente al Mercosur por su decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia.

Junto a esto, los cancilleres solicitaron suspender cualquier transferencia de armas a Venezuela mientras continúe esta situación en el país.

También pidieron a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Unión Europea (UE) suspender la cumbre prevista entre ambas organizaciones para octubre de 2017 hasta que se solucione esta crisis. La Declaración de Lima suma a la presión internacional sobre el régimen chavista.

El canciller Rodolfo Nin Novoa no concurrió a la reunión de Lima. Uruguay estuvo representado por el embajador en Perú, Carlos Barros.

ES EL CUARTO JEFE MUNICIPAL QUE EL RÉGIMEN LLEVA A JUICIO.

Condenan a alcalde opositor por permitir protestas.

El máximo tribunal de Venezuela destituyó y condenó ayer martes al alcalde opositor Ramón Muchacho a más de un año de cárcel por no haber impedido que manifestantes antigubernamentales cortaran calles en su municipio de Caracas. El alcalde de Chacao, donde se han producido el grueso de las protestas contra Nicolás Maduro, no acudió a la audiencia —que se extendió por más de nueve horas— y se encuentra en la clandestinidad desde que se inició el juicio en su contra hace unas semanas.

Muchacho, un abogado de 44 años, es el cuarto alcalde opositor en ser condenado en los últimos días por la justicia. Uno de ellos, Carlos García, se encuentra fuera del país; otro, Alfredo Ramos, está preso en los calabozos del servicio de inteligencia en Caracas, y Gustavo Marcano también huyó.

"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el desacato por parte del ciudadano Ramón Muchacho (y) fue sancionado al cumplimiento de quince meses de prisión", dijo la máxima corte en un comunicado.

El alcalde fue separado de su despacho y estará inhabilitado para presentarse a cargos de elección popular mientras dure la pena.

Muchacho negó las acusaciones. "Todo el peso de la injusticia revolucionaria ha caído sobre mí y sobre Chacao", dijo en su cuenta de Twitter. "Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica", agregó. REUTERS

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