El Parlamento brasileño ha garantizado a la OEA que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff se ajusta cabalmente a la Constitución, bajo supervisión de la Corte Suprema, y ha ratificado que su fase final empezará este jueves.

Las garantías sobre la constitucionalidad del proceso constan en documentos remitidos ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual el Partido de los Trabajadores (PT) ha denunciado el proceso como un intento de "golpe de Estado".

El partido de Rousseff, suspendida de sus funciones desde mayo pasado para responder a un juicio político, ha pedido a la CIDH que ordene suspender el proceso mediante una medida cautelar, por lo que ese organismo pidió explicaciones sobre el trámite al Gobierno que preside interinamente Michel Temer.

El Ejecutivo delegó la respuesta en las cámaras de Diputados y del Senado, responsables del proceso, que explicaron en sendos documentos cómo se ha desarrollado el juicio y garantizaron su más absoluto apego a la Constitución brasileña.

El proceso ha cumplido con "todos los preceptos constitucionales y legales" previstos "en la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, por intermedio de los parlamentarios elegidos por el pueblo", dice el documento preparado por el Senado.

En el mismo sentido se manifiesta la Cámara de Diputados, que en la comunicación remitida a la OEA dice que "no se puede hablar de ninguna irregularidad o inconstitucionalidad" en un proceso que ha sido realizado por el Parlamento y supervisado por la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional.

Ambas cámaras pasan revista a los trámites, aseguran que se han respetado el "debido proceso" y el más "amplio derecho a la defensa" y explican el desarrollo de la fase final que empezará el jueves, que será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoswki. Asimismo, detallan las acusaciones contra Rousseff, referidas a la emisión de tres decretos que alteraron los gastos sin la debida venia del Congreso y la contratación de créditos en favor del Estado con la banca pública, todo lo cual está vedado por la legislación.

Según el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, frente al "estricto respeto a la Constitución" con que se ha desarrollado el juicio político, la solicitud del PT a la CIDH "no tiene cabida", es "improcedente, impropia y carece de fundamento constitucional, legal o de jurisprudencia". 

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