PERSEGUIR PENALMENTE

Un proyecto de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes en Españaacuden a la prostitución se tramitará en el Congreso por iniciativa del oficialista Partido socialista Obrero Español (PSOE) y el apoyo del opositor Partido Popular (PP).

La iniciativa del PSOE, que comienza ahora su trámite en el Congreso, recupera el objetivo de abolir la prostitución y, en línea con el modelo sueco y francés, amplía su ámbito a los clientes, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor.

El respaldo del PP fue clave para comenzar la tramitación de la ley, que no contó con el apoyo de algunos de los grupos de izquierda que sostienen en el Congreso al gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Esta iniciativa socialista dividió a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer, opinión muy mayoritaria y compartida por socialistas y “populares”, y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen.

La propuesta socialista recibió innumerables críticas, en especial por optar por un enfoque “punitivista” que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les facilite visados.

Muchas de las prostitutas que ejercen en España son inmigrantes, que están en el país de manera irregular.

En el Congreso, la portavoz socialista Adriana Lastra recordó que, según cifras del Ministerio del Interior, en España hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente, y llamó al consenso para acabar con la impunidad del proxenetismo: “En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden”, dijo.

El principal apoyo del grupo socialista llegó del PP, cuya portavoz Marta González subrayó la voluntad de su partido de colaborar en una transformación social que comparó con el final de la esclavitud o de la pena de muerte. “Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre”, defendió la diputada.

El izquierdista Unidas Podemos optó por el sí a la tramitación, aunque la diputada Sofía Castañón expuso múltiples discrepancias y avanzó que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación, reformar la ley de extranjería y eliminar el artículo que multa a los puteros.

Fuentes del grupo socialista reconocieron que su iniciativa es “de máximos” y se mostraron abiertas a estudiar todas las propuestas.

Mientras, los grupos de izquierda y nacionalistas que habitualmente apoyan al Gobierno se dividieron entre la abstención y el no.

El proyecto de ley prevé castigar a los clientes, al igual que hicieron países europeos como Francia, Reino Unido, Noruega o Suecia. De aprobarse, podrían ser condenados a pagar miles de euros e ir a la cárcel si la prostituta es menor.

Proporcionar un local a una prostituta se convertiría en una circunstancia agravante para el proxeneta, mientras que una relación de “explotación” lucrativa, que se exige actualmente para actuar contra el proxenetismo, ya no sería necesaria, lo que permitiría perseguir a familiares de las prostitutas que las obligan a ejercer.

El texto también pretende otorgar a las prostitutas la condición de víctimas, con los derechos de asistencia que ello conlleva.

Creado el año pasado, el principal sindicato de trabajadoras del sexo de España, Otras, dijo que el proyecto de los socialistas “no es abolicionista, es prohibicionista” y que “las prohibiciones crean mafias”. Estas medidas “nos abocan a extinguirnos como profesionales del sexo sin que haya previstas ningún tipo de ayudas”, añadieron.

Las estimaciones oficiales hablan de entre 45.000 y 120.000 prostitutas en España. La mayoría son extranjeras en situación irregular.