MANIFESTACIONES POLICIALES

Alberto Fernández, presidente de Argentina, anunció el miércoles la decisión de rebajar un punto los fondos que el Estado entrega a la capital —gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta— para conformar el fondo del que saldrá la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad de la provincia.

El gobierno le quitará un 1% de la coparticipación a la Ciudad y se lo dará al gobernador bonaerense Axel Kicillof para lo que llamó "Fondo de Fortalecimiento Fiscal". Este año, es el equivalente a más de 31.000 millones de pesos argentinos, pero para 2021 ese monto podría significar unos 45.000 millones de pesos argentinos.

¿Qué es la coparticipación? Es un sistema de recaudación y distribución de impuestos. La Nación es quien se encarga de recaudar y luego reparte entre las provincias según los porcentajes fijados. 

Después de firmar el decreto que le quita un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, Fernández consiguió el respaldo de 19 gobernadores, quienes advirtieron que la medida sirve para "empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado".

En la solicitada suscribieron todos los mandatarios provinciales salvo los cuatro de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y el perjudicado Rodríguez Larreta (CABA). A ellos se sumó el cordobés Juan Schiaretti (Córdoba). 

Luego de una jornada de silencio público y consultas privadas, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta, anunciará hoy la presentación ante la Corte Suprema de una demanda por el porcentaje de coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires.

"Vamos a ir a la Corte en defensa de nuestro derecho a preservar los recursos de la ciudad, en una mirada federal alejada del porteños contra bonaerenses que se quiere instalar", confirmaron a La Nación desde el gobierno porteño. La decisión de postergar el anuncio hasta última hora respondió, además, a la necesidad de "no taparle al Gobierno su problema con la policía instalando otro tema en la agenda", agregaron.

Un grupo de abogados y constitucionalistas comenzó a trabajar en la presentación, que según fuentes del Ejecutivo porteño criticará el "carácter unilateral" de la decisión del Presidente, y pedirá que quede sin efecto "de manera inmediata" para no afectar los recursos de la Ciudad. "Si no lo hacen, no nos quedará otra que recortar obra pública antes que los gastos prioritarios lo que demuestra la irracionalidad de la medida", argumentaron las fuentes.

El anuncio llegó después de que un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires protestó el miércoles uniformado en torno a la residencia presidencial de Olivos.

Esto fue repudiado tanto por el oficialismo como por la oposición, al considerarlo un acto intimidatorio contra el jefe de Estado, más allá de la legitimidad de los reclamos, que, aunque en menor grado, fueron contagiándose y provocando manifestaciones por parte de cuerpos policiales de otras provincias.

"(Es) una protesta que yo digo que tiene un trasfondo razonable por el retraso salarial, como muchos otros empleados públicos, pero el modo es inadmisible", dijo esta mañana el mandatario.

Pero la chispa se encendió el lunes pasado, cuando cientos de policías del distrito más grande y poblado del país salieron a las calles para reclamar, entre otras medidas, aumentos salariales de entre el 56 y el 64 %, según el grado profesional, para un cuerpo cuyos efectivos tienen un sueldo inicial de 37.572 pesos (US$ 500 dólares).