PRISIÓN NO EFECTIVA

Un tribunal oral de Argentina condenó este lunes a Romina Picolotti, secretaria de Ambiente durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), a la pena de tres años de prisión no efectiva en una causa por administración fraudulenta de fondos públicos, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal 6 halló culpable a Picolotti, quien se desempeñó como jerarca de Ambiente entre junio de 2006 y diciembre de 2008.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web, la exfuncionaria fue condenada por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración pública.

En el proceso oral, Picolotti fue juzgada por utilizar fondos públicos para solventar gastos personales y otros no justificados por una cifra que, actualizada, asciende a 6,9 millones de pesos (unos US$ 67.000).

Además de condenar a la exfuncionaria a la pena de tres años de prisión en suspenso (no efectiva), el tribunal oral dictaminó la inhabilitación perpetua de Picolotti para el ejercicio de cargos públicos y al pago de las costas del proceso.

Asimismo, Picolotti deberá reintegrar el monto de los gastos al Ministerio de Ambiente en concepto de reparación del perjuicio causado.

"No cometí delito alguno", había asegurado Picolotti en la mañana de este lunes, al decir sus últimas palabras en el juicio, audiencia que siguió por vía remota desde la ciudad estadounidense de Miami, donde reside.

Según lo dictaminado por el tribunal, Picolotti deberá presentarse todos los meses ante el consulado argentino en Miami.

El fiscal general Diego Luciani había solicitado para la exfuncionaria la pena de 3 años y 9 meses de prisión, mientras que la defensa de Picolotti había pedido su absolución.

Según el Ministerio Público Fiscal, en la investigación se comprobó que Picolotti utilizó dinero asignado presupuestariamente a la Secretaría de Ambiente a su cargo para solventar gastos personales y otros ajenos a la actividad de esa dependencia.

También se le imputó la utilización de fondos públicos para la adquisición de pasajes aéreos para su madre, sus hijos, su esposo, la prima de éste, y otros allegados -algunos de los cuales se desempeñaban bajo su órbita-, los cuales eran registrados en los sistemas contables bajo el concepto de "desarraigo" o carecían de justificación.

También se le acusó por la contratación de vuelos privados con fines ajenos a las funciones de la Secretaría de Ambiente.

Según sostuvo Luciani al momento de solicitar la condena de Picolotti, el hecho imputado fue "de especial gravedad, cometido de manera planeada por una alta funcionaria del Estado, con apartamiento de su misión esencial de velar por los intereses y el patrimonio del Estado".

"Quedó evidenciado, sin margen de duda, un manejo absolutamente irregular, por parte de Picolotti, de los fondos públicos con que contaba la Secretaría de Ambiente. No se trató de una gestión negligente o displicente en el manejo de fondos, sino un verdadero fraude en perjuicio de la administración pública", aseveró entonces el fiscal general.