VIOLENCIA

Comisión de la OEA pide que se investiguen “masacres” en Bolivia

La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron luego anulados, murieron 36 personas por la violencia en Bolivia, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.

Manifestaciones en Bolivia, este viernes. Foto: AFP
La salida de Evo Morales del poder derivó en violentas protestas en todo el país. Foto: AFP

Una investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las “masacres” de civiles, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un extenso informe difundido ayer miércoles por esta comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) califica de “masacres” las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos como “ejecuciones extrajudiciales”.

El informe es resultado de una visita de observación de la CIDH por “invitación del Estado” boliviano entre el 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto.

La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron luego anulados, murieron 36 personas por la violencia en Bolivia, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.

Otras entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia cifran en al menos una veintena los fallecidos, diez en Sacaba el pasado 15 de noviembre y otros diez en El Alto el 19 de ese mes. El estudio de la CIDH advierte de que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares “habrían abierto fuego contra la población civil”.

La comisión recoge que la versión oficial niega que fueran las fuerzas del orden las que dispararan, mientras que las víctimas denuncian “represión con armas de fuego”.

“Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, detalle el informe. Además, “los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”, añade.

El gobierno interino de Bolivia rechazó el informe de la CIDH, y lo calificó de “sesgado” y de estar favoreciendo al “narcoterrorismo”.

El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, calificó en rueda de prensa el informe de la CIDH de la OEA de “totalmente sesgado” y aseguró que “no refleja la realidad”, y que “está favoreciendo solamente al narcoterrorismo”.

El gobierno interino califica de “narcoterrorismo” a grupos de campesinos cocaleros del Chapare, leales al expresidente Evo Morales, asilado en México tras dimitir el 10 de noviembre pasado en medio de una convulsión social y tras perder el apoyo de los militares.

“Esas muertes, casi en su totalidad, han sido realizadas por los narcoterroristas”, insistió Murillo.

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