FISCALÍA
Acusado de chantaje y corrupción, José Manuel Villarejo será juzgado a partir de mañana miércoles en el arranque de un proceso tan esperado como temido por las élites españolas.
En los últimos años, sus revelaciones no han dejado de sacudir a las más altas esferas en España: acusado de chantaje y corrupción, el excomisario José Manuel Villarejo (70) será juzgado a partir de mañana miércoles en el arranque de un proceso tan esperado como temido por las élites españolas.
Poderosos empresarios, altos funcionarios, ministros o magistrados: decenas de personalidades se vieron salpicadas por los escándalos que rodean a este turbio expolicía, epicentro de lo que los medios españoles y políticos califican como “cloacas del Estado”.
El proceso que arranca mañana miércoles abordará tres de las numerosas piezas que emanan del enorme caso Villarejo. Bautizadas como “Iron”, “Land” y “Pintor”, estas causas implican a empresarios sospechosos de haber recurrido a los servicios del entonces policía para espiar a colegas y competidores.
Este primer proceso, que se celebrará en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, ante la Audiencia Nacional -la principal instancia penal española-, debe extenderse hasta finales de enero. Los frentes judiciales del excomisario no terminan, sin embargo, aquí y a estas le seguirán otras causas aún más mediáticas del tentacular y complejo caso Villarejo, todavía objeto de investigaciones.
En estas tres primeras piezas, la fiscalía pide para Villarejo 109 años de prisión. El excomisario comparecerá, sin embargo, en libertad, ya que la justicia decidió levantar su detención preventiva a comienzos de marzo después de tres años recluido en una cárcel madrileña.
La pata uruguaya.
El “caso Villarejo” tiene un capítulo uruguayo. Entre 1980 y hasta fines de la década del 90, Villarejo creó una red de sociedades anónimas para blanquear 23 millones de euros provenientes de tareas ilegales de espionaje, las que llevó adelante utilizando las estructuras de la Policía española.
Una de esas SA fue utilizada por Villarejo para adquirir el Castillo Idiarte Borda, otra casona en Punta Carretas y un hotel en Punta del Este, dijo en marzo pasado a El País un profesional vinculado con una de esas sociedades.
Villarejo quiso, en forma infructuosa, vender el Castillo Idiarte Borda al Estado uruguayo en US$ 720.000.
El lunes 1° de marzo de este año, dos días antes de su libertad provisional por un aspecto formal, la Justicia española ordenó el embargo de 53 propiedades de Villarejo, entre ellas el castillo de Idiarte Borda y la casona de Punta Carretas.
Villarejo también participó en la lucha contra la ETA. En 2017, dijo al programa Salvados, del canal La Sexta, que en Uruguay “había una colonia muy importante” de etarras que se encontraban “en situación de descanso” porque “estaban quemados”. Y agregó: “Lo que he hecho en determinados lugares y ocasiones fue colocar empresas mías al servicio del Estado (español). (...) Por ejemplo, durante años los que vendían la Coca-Cola y la cerveza a los restaurantes de los etarras en Montevideo eran empresas mías”. (Con información de AFP)