ARGENTINA

Intentó esconder 9 millones de dólares en un monasterio.

El juicio contra el exsecretario argentino de Obras Públicas José López (2003-2015), procesado por enriquecimiento ilícito tras ser sorprendido ‘in fraganti’ hace dos años , comenzó ayer lunes.

Además de López, que está en prisión preventiva desde el 14 de junio de 2016, en el banquillo se sientan su esposa, cuatro empresarios considerados testaferros del exsecretario, y la religiosa que le ayudó a meter los millones por la puerta del convento, según grabaron las cámaras de seguridad.

En el proceso, con multitud de testigos convocados y pruebas recabadas en la instrucción, se busca determinar el origen de los 8,9 millones de dólares y 150.000 euros (176.808 dólares) que el encargado de obras públicas de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) introdujo en el Monasterio Nuestra Señora de Fátima, en la provincia de Buenos Aires.

El exfuncionario, que está procesado en otras causas por supuesta corrupción, fue sorprendido y detenido tras la llamada de un vecino al 911 alarmado por los movimientos extraños que vio en la madrugada del 14 de junio de 2016 a las puertas del convento.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, que fueron difundidas por televisión, se ve a López aproximarse a una de las puertas de reja interiores con un arma larga, calibre 22, y varios bolsos. Posteriormente toca con insistencia un timbre, hasta que se asoma una de las religiosas, que abre una puerta de rejas y toma los bolsos, en los que aquella noche la Policía, después de detener a López, descubrió el dinero.

La monja alegó a los pocos días que pensó que lo que López llevaba eran bolsos con comestibles, por lo que le dijo "que los dejara en la cocina".

Sin embargo, fue procesada por presunto encubrimiento.

López, segundo del Ministerio de Planificación Federal que dirigía Julio de Vido —también detenido por otra causa— dijo que ese dinero provenía "de la política".

Durante el juicio intervendrá medio centenar de testigos, en un proceso con audiencias semanales que puede prolongarse al menos por seis meses.