La crisis política en España

Se extendería hasta julio; antes podría haber elecciones.

El Tribunal Supremo de España abrió ayer martes el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con adelantar las elecciones de 2020 para abril.

Los líderes separatistas llegaron al juzgado en dos camionetas flanqueadas por vehículos policiales, procedentes de la prisión de Soto del Real, en las afueras de Madrid. En la primera sesión sus abogados presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado.

Entre los partidarios de los independentistas había carteles que decían “Libertad para los presos políticos”, mientras que un grupo que se oponía a ellos gritaba “Golpistas”, acusando a los separatistas de haber intentado desmantelar el Estado español con la declaración unilateral de independencia.

En sus primeras intervenciones en el juicio, uno de los abogados defensores dijo que los acusados tenían el derecho a buscar la independencia de su región. “Tienen derechos a defender esa idea (...) es sinónimo de paz y no de guerra”, dijo en el tribunal el abogado Andreu Van den Eynde. “La causa atenta contra la disidencia política”, afirmó Van den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, para el cual la fiscalía pide 25 años de cárcel.

El inicio del juicio coincide con un momento difícil para el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que controla menos de un cuarto de los escaños del Congreso y enfrentará mañana miércoles una votación sobre los presupuestos. En caso de no aprobarse, podrían celebrarse elecciones generales este año. La fecha sería el 14 de abril.

El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el expresidente español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.

Aparte de Junqueras, para los otros once acusados la fiscalía solicita entre 7 y 17 años de cárcel. Entre ellos se encuentran la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, exministros regionales y los entonces responsables de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente. En total, nueve están acusados de rebelión y se encuentran en prisión.

El gran ausente es el principal protagonista del intento de secesión, el expresidente catalán Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica.

“Lo que haremos es utilizar este juicio como una herramienta de denuncia internacional, que refuerce nuestra causa por la autodeterminación y la independencia de Cataluña”, prometió la actual presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

Tras organizar el 1º de octubre de 2017 un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.

La cuestión clave en el juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión. La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo “siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas”. Los independentistas destacan que no se utilizaron armas y argumentan que los que usaron la violencia fueron los policías para de impedir la consulta.

Los juristas están divididos en cuanto a si hubo violencia o no, hasta el punto de que los abogados del Estado han presentado el cargo de sedición, que conlleva penas de reclusión de hasta 12 años, menores que en el caso de la rebelión.