El clima electoral en Argentina se enrarece cada vez más con graves incidentes, como los ocurridos en domingo en Tucumán, o como el homicidio de un militante radical en Jujuy.

Los hechos más recientes son los ocurridos el pasado domingo en la norteña provincia de Tucumán. Además se destaca la grave denuncia de fraude que hacen los dos principales candidatos presidenciales opositores, Sergio Massa y Mauricio Macri, quienes desconocen la victoria del candidato oficialista Juan Manzur.

"No va a haber más remedio que abrir las urnas y ver qué es lo que pasó", afirmó el jefe de gobierno porteño y postulante del Frente Cambiemos en declaraciones a Radio Mitre. "Absolutamente no se puede decir que Manzur sea el gobernador. Hay que ir a la apertura de urnas", sostuvo Massa.

"Esto ya lo vimos en varias provincias. Le pasó a Felipe [Solá], pasó en Misiones. Hay pruebas categóricas respecto a lo que se carga en las planillas y lo que hay en las urnas", agregó el diputado opositor.

Escrutado el 80% de las mesas, Manzur, el delfín de la Casa Rosada, se impone en las elecciones con el 54% de los votos, seguido por el postulante del Acuerdo para el Bicentenario, integrado por radicales, macristas, massistas y peronistas de izquierda, José Cano, que alcanzaba el 40%.

Por su parte, Macri lamentó "el clima de violencia, la gente golpeada, los gendarmes atacados, las urnas quemadas, los problemas con los telegramas y cortes de luz en el correo". "Hay que ir ahí y vivirlo para darse cuenta de que las cosas están muy mal. Es inaceptable, realmente inaceptable. La sensación es que este no es un sistema electoral democráticamente sólido como presumimos tener", apuntó el líder del Pro.

El Gobierno salió a minimizar los incidentes que se produjeron ayer en las elecciones para gobernador de Tucumán, en las que se incendiaron 42 urnas. "En Tucumán fueron observadas (sic) 42 urnas de un total de 3.500. Representa menos del 1% del total provincial", aseguró la cuenta de Casa Rosada en Twitter.

Casi una treintena de urnas fueron quemadas durante las elecciones provinciales en Tucumán para designar al nuevo gobernador, legisladores e intendentes.

Sobre la situación, el secretario de la Junta Electoral, Darío Almaraz informó de la quema de 27 urnas en San Pablo, en el Gran San Miguel de Tucumán, en tanto, otras dos urnas fueron incineradas en la localidad tucumana de Sargento Moya, a 50 kilómetros de esta capital.

A causa del incidente registrado en esta última localidad, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Provincia, Paul Hofer, aseguró que "hay dos detenidos en Sargento Moya que han pretendido prender fuego dos urnas".

Por esos hechos, registrados en la escuela Francisca Bazán Laguna, la Junta Electoral de Tucumán suspendió los comicios en Sargento Moya, y anticipó que se realizarán comicios complementarios que estarán enfocados en la elección del comisionado comunal de ese distrito. Lo ocurrido ayer en Tucumán tiene como antecedente lo vivido en marzo de 2003 en las elecciones provinciales en Catamarca, cuando seguidores del titular de la CGT Azul y Blanca y dirigente del sindicato de gastronómicos, Luis Barrionuevo, quemaron urnas debido a que la Justicia lo había inhabilitado para ser candidato a gobernador por no cumplir el requisito de cuatro años de residencia efectiva.

Las repercusiones y acusaciones cruzadas que siguieron a la muerte de Ariel Velásquez, el militante radical de Jujuy, proliferan con el correr de los días.

Así, el senador nacional y candidato a gobernador de esa provincia por Cambiemos, Gerardo Morales, fustigó esta mañana duramente a la diputada y postulante al Parlasur y líder del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien acusó de acciones violentas en la provincia y advirtió que "ni la presidenta, ni Scioli son pobres víctimas de lo que ella hace".

Ellos —añadió— "garantizan la impunidad de lo que hace esta cultura violenta" en Jujuy, donde —según declaró— Sala tiene como "setenta denuncias en su contra".

Morales manifestó en declaraciones a radio Mitre que en esa provincia rige un "sistema de esclavitud", y que la líder de la agrupación Tupac Amaru "es una suerte de (Luis) DElía y (Sergio) Schoklender juntos".

En tanto, el senador sostuvo que la muerte del militante de 22 años fue "un crimen injusto" que se "ha dado en el marco de un clima de violencia política que se da desde hace tiempo en Jujuy".

Velásquez se encontraba repartiendo volantes antes de las PASO cuando un grupo de personas lo increpó y le disparó en la espalda. El joven, de 20 años, fue hospitalizado pero falleció el jueves de la semana pasada, tras agonizar durante más de una semana. Horas antes de que fuera atacado, la víctima había tenido un altercado con integrantes de la agrupación liderada por Milagro Sala, aliada del gobernador kirchnerista Eduardo Fellner .

El crimen continúa sin aclararse y podría sumarse a la larga cadena de hechos que están ensombreciendo la campaña electoral argentina.

El secretario de Legal y Técnica y candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria (FPV), Carlos Zannini, culpó a la oposición de los incidentes en Tucumán. "Desde la oposición mandaron a quemar urnas. Quieren ensuciar el proceso electoral", sostuvo el compañero de fórmula de Daniel Scioli. Sus declaraciones fueron emitidas desde la Casa Rosada en diálogo con la prensa. "Desde la oposición hablan de fraude porque no quieren hablar del amplio triunfo de (Juan, candidato K) Manzur".

La Justicia argentina envió a juicio oral a la exsecretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, en una causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, informaron ayer fuentes judiciales.

Picolotti, al frente de la cartera de Ambiente entre julio de 2006 y diciembre de 2008, será juzgada por el Tribunal Oral Federal 6, publicó ayer la agencia oficial Télam.

La medida fue resuelta por la jueza María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, tras considerar concluida la investigación en la causa. Picolotti, una abogada especialista en Derechos Humanos y Medio Ambiente, estuvo al frente de la cartera ambiental durante parte del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el primer mandato de Cristina Fernández (2007-2011), en el momento más crítico del conflicto con Uruguay.

La exfuncionaria está acusada del delito de "administración fraudulenta" por haber realizado "compras, almuerzos y viajes aéreos hechos a expensas de la Secretaría" durante su gestión, según tuvo en cuenta Servini de Cubría al momento de dictar el procesamiento en agosto del año pasado.

Entre los productos comprados hay desde pañuelos descartables, tablas de quesos, sal y fiambres hasta papel higiénico. EFE

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