EL PRESIDENTE FIRME CONTRA LA VIOLENCIA

Chile: Piñera habla con sectores sociales y llama a enfrentar a un “enemigo implacable”

Si bien el gobierno abrió el diálogo con sectores sociales, Sebastián Piñera advierte que actuará sin tregua contra los que generan la violencia.

El desolador panorama que quedó en un comercio de venta de alimentos en Santiago, que fue blanco del saqueo cometido por grupos violentos. Foto: AFP
El desolador panorama que quedó en un comercio de venta de alimentos en Santiago, que fue blanco del saqueo cometido por grupos violentos. Foto: AFP

El gobierno de Chile se reunió ayer jueves por primera vez con organizaciones sociales desde que estallaron hace 42 días multitudinarias protestas contra sus políticas, con episodios de violencia y saqueos que no cesan, y sin un final a la vista.

Por un lado, se desarrolla el diálogo, y por otro, el presidente Sebastián Piñera llamó a los cuerpos policiales a enfrentar a “un enemigo poderoso e implacable”, al que culpa de los hechos de violencia y de vandalismo en las protestas.

Representantes del gobierno del presidente Piñera y de la llamada Mesa de Unidad Social, que reúne a organizaciones como el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores o la organizacion “No+AFP”, que busca poner fin al criticado sistema privado de jubilaciones de Chile (AFP), se encontraron con la intención de poner fin a las manifestaciones que ya se han cobrado la vida de 23 personas.

Convocados por la administración de Piñera, las partes tuvieron un primer acercamiento que, sin embargo, no implicó concesiones.

“Hemos sido muy claros en que no estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente, que no es ese nuestro ánimo, que son ellos los que tienen que dar respuestas ahora a los planteamientos que se han hecho”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, al término de la reunión.

Sin líderes visibles, la Mesa de Unidad Social ha ganado terreno, y aunque sus llamados semanales a paros nacionales son acogidos principalmente por las reparticiones públicas, al gobierno le preocupa que sus convocatorias han derivado en jornadas de extrema violencia por parte de varios sectores.

Las organizaciones plantean que el salario mínimo pase de los actuales 301.000 (374 dólares) a 550.000 pesos (664 dólares) y reemplazar el sistema privado de jubilaciones. La expectativa es que este sistema, impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que entrega jubilaciones bajas, dé paso a uno de reparto, entre otras peticiones sociales.

Al finalizar la reunión que encabezó el ministro de Interior y jefe de Gabinete, Gonzalo Blumel, aseguró: “Hemos concordado iniciar un diálogo en torno a los temas prioritarios de la agenda social”, cuyos ejes fundamentales son los ingresos de trabajadores, protección de empleo, acceso a la salud y los medicamentos, y la reforma de las pensiones.

Postura. El presidente Sebastián Piñera plantea soluciones.
El presidente Sebastián Piñera plantea soluciones. Foto: Archivo

El Congreso, en tanto, debate varias reformas y leyes impulsadas por el gobierno para un mayor control del orden público, como un proyecto para sancionar a los encapuchados que causan desmanes, junto a una propuesta que busca permitir a los militares resguardar infraestructura pública, sin necesidad de ser decretado el estado de emergencia.

Saqueos a comercios.

Mientras tanto, los ataques contra comercios se repetían ayer en varios puntos de Santiago y otras ciudades, donde grupos de personas -en su mayoría con antecedentes penales, según fuentes judiciales-, continuaban irrumpiendo en locales y supermercados. Entre ellos, la cadena minorista estadounidense Walmart ya suma 34 locales quemados y 18 completamente destruidos.

La estación intermodal de la comuna de La Cisterna, un importante punto de conexión de transporte del sur de Santiago, fue atacada por segunda vez ayer por grupos de personas que, por la fuerza, abrieron las cortinas de locales comerciales, saquearon y destruyeron todo a su paso.

En medio de la revuelta social, según las autoridades, los delincuentes se han concentrado en los saqueos.

Un manifestante entra en acción en Valparaíso. Foto: Reuters
Un manifestante entra en acción en Valparaíso. Foto: Reuters

“Cambió la composición delictual tradicional respecto de los que se ha dado desde el 18 de octubre (...) mutó por un delito mucho más violento, más de oportunidad que es el robo en lugar no habitado”, afirmó el fiscal metropolitano de la zona oriente, Manuel Guerra.

Varias estaciones del metro de Santiago cerraron ayer por incidentes en su exterior, en un clima de alta convulsión que se mantiene desde el inicio del estallido el 18 de octubre.

Ante este panorama, el presidente Piñera afirmó, en un acto de graduación de policías: “No hay que dejar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad (...) estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie”. Sostuvo que ese enemigo, sin identificarlo, actúa “con una planificación profesional y con una maldad sin límites”.

“La legislación actual no es suficiente para combatir a los encapuchados, saqueadores, vándalos, ni a los que hacen barricadas u obstaculizan el tránsito, como ocurre en las manifestaciones”, señaló Piñera.

Aministía Internacional y Human Rights Watch han denunciado excesos de las fuerzas de seguridad.

Piñera ha prometido que cualquier violación de los derechos humanos será investigada.

Intervienen al caer la moneda

El Banco Central de Chile anunció que intervendrá el mercado cambiario con ventas de activos por hasta US$ 20.000 millones, en medio del reciente desplome de la moneda debido a la agitación social que estremece al país desde hace 40 días.

La intervención se realizará desde el lunes y se extenderá hasta mayo del próximo año.

“Los acontecimientos ocurridos en nuestro país en las últimas semanas han afectado el normal funcionamiento de la economía”, dijo en un comunicado el Banco Central.

El programa consistirá en una posible venta de US$ 10.000 millones en el mercado spot de divisas y de hasta otros US$ 10.000 millones en ventas de instrumentos de cobertura cambiaria. “Esta medida excepcional es congruente con el esquema de la política monetaria, basado en una meta inflacionaria y flexibilidad cambiaria”, añadió.

Áñez realiza un giro total en la política exterior
Jeanine Añez. Foto: Reuters

El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez dio un giro radical a la política exterior de Bolivia, al anunciar que restableció la relación con Israel,y que quiere afianzar los lazos con Estados Unidos. “Lo menos que se podía esperar de este gobierno era rectificar la política exterior extraviada y que no atendía a los intereses propios del Estado y era altamente ideologizada”, sostuvo la canciller Karen Longaric en reunión con la prensa extranjera.

Desde que asumió el poder hace dos semanas, Áñez rápidamente buscó diferenciarse de la política exterior de su antecesor: se distanció de Cuba y Venezuela, aliados políticos de Evo Morales, al expulsar a 725 médicos cubanos y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, después de romper relaciones con Nicolás Maduro.

1. Israel. En el afán de rehacer la política de Evo Morales, quien gobernó por 14 años, Longaric anunció el restablecimiento de relaciones con Israel, rotas desde 2009 por razones políticas. Su par interino israelí, Yisrael Katz, acogió “con satisfacción” esa decisión.

2. Estados Unidos. Se propone “fortalecer las relaciones”, para lo que designó al embajador Oscar Serrate. El gobierno transitorio fue reconocido por Donald Trump.

3. China y Rusia. Longaric dijo que corresponde fortalecer las relaciones, pero también reconducirlas, redireccionarlas y velar por los intereses del país protegiendo los recursos naturales. China desarrolla negocios como la minería y la construcción, y Rusia varios proyectos con Gazprom.

4. México. Longaric descartó romper relaciones diplomáticas con México por la negativa de entregar a dos exministros del gobierno de Morales asilados en la embajada mexicana y acusados por la justicia de sedición y terrorismo. Según Longaric, “la actitud del gobierno de México va a ir suavizándose y va a comprender que pesan sobre algunos asilados acusaciones muy serias sobre delitos muy graves”. (Con información de AFP)

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