CRISIS POLÍTICA
El país sumó ayer martes 40 días de protestas sociales con nuevas movilizaciones callejeras en Santiago y otras ciudades del país.
El presidente de Chile Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas ayuden a proteger infraestructura “crítica”, en una jornada en la que Human Rights Watch acusó graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden en el control de las manifestaciones.
El país sumó ayer martes 40 días de protestas sociales con nuevas movilizaciones callejeras en Santiago y otras ciudades del país. Las manifestaciones, detonadas por un alza en el precio del transporte, pero con reclamos que se ampliaron al incremento del salario mínimo y de las jubilaciones y la reducción de costos de la atención de salud, han dejado más de 20 muertos y miles de heridos y detenidos, así como cuantiosas pérdidas por saqueos, incendios y destrozos a propiedad pública y privada.
El presidente Piñera anunció varias medidas, entra las que figuran los incrementos del salario mínimo y la jubilación básica y topes a los costos en materia de salud y logró un acuerdo con la oposición para iniciar el proceso de reforma de la Constitución. Pero, el descontento se sigue manifestando.
El proyecto de ley que envió Piñera permite que las Fuerzas Armadas resguarden servicios básicos -como instalaciones de suministro eléctrico, agua potable, telecomunicaciones y salud- sin tener que decretar estados de excepcionalidad, como lo hizo al inicio del estallido social a mediados de octubre.
“Quiero dejarlo muy en claro: esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos como sí lo contemplan los Estados de Excepción Constitucional”, dijo el presidente de centroderecha.
Durante el día, Piñera también se reunió con el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien le presentó las conclusiones y recomendaciones a las que llegó el grupo tras dos semanas de pesquisas en Chile.
Hechos graves.
En un informe, divulgado más tarde, el grupo denunció que efectivos de Carabineros, la policía chilena, cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las masivas protestas, a la vez que llamó al gobierno a promover reformas para modernizar y profesionalizar a su fuerza policial.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes”, dijo Vivanco, que ya había adelantado parte del contenido el fin de semana.
HRW formuló 10 recomendaciones para reformar a la policía militarizada encargada del orden público en Chile, como asegurar que existan mecanismos internos de control, reformar el sistema de disciplina, instalar cámaras en las áreas de todas las comisarías del país, suspender cualquier uso de perdigones y reforzar el entrenamiento de los carabineros, entre otras. Según el informe, “Carabineros movilizó a 20.000 de los 60.000 miembros de la fuerza para responder a manifestaciones en todo el país (...) De estos, apenas 1.400 son miembros de las Fuerzas Especiales, la unidad que está preparada para estas tareas”.
Vivanco dijo que no se podía inferir que los abusos habían sido sistemáticos.
Respuesta del gobierno.
“Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención”, dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Además de referirse al documento de HRW, Recabarren anunció que “el gobierno, a través del Ministerio del Interior, instruirá al general director de Carabineros, Mario Rozas, revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias”.
Puntualizó que “dicho informe debe incluir propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y las sanciones que correspondan y deberá ser entregado en un plazo de un semana”.
Un joven herido pierde la visión
Gustavo Gatica, un estudiante universitario de psicología, de 21 años se convirtió en el primer chileno en quedar totalmente ciego por perdigones disparados por agentes antidisturbios durante las protestas.
Resultó herido cuando tomaba fotografías en una manifestación el 8 de noviembre pasado en Plaza Italia -epicentro de las protestas en Santiago- a la que acudieron unas 75.000 personas. El joven fue trasladado a la clínica Santa María, en el barrio de Providencia. “Gustavo Gatica egresará de Clínica Santa María, tras 17 días en la Institución. La gravedad de sus lesiones determina que su condición sea visión cero bilateral permanente”, indicó el informe médico difundido por la clínica.
El diagnóstico médico significa que el joven tiene “ceguera total”, según confirmó una fuente de la clínica a la AFP.
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