POLÍTICA

En plena crisis económica por la pandemia, la Cámara de Diputados de Chile abrió ayer un debate sobre el retiro anticipado de los fondos de pensiones privados.

Chile fue pionero en 1981 en la implementación de este sistema de pensiones en base a la capitalización individual. El año pasado empezaron a jubilarse las primeras generaciones de trabajadores que aportaron durante toda su vida laboral a estos fondos.

El proyecto de ley que se discute contempla el retiro de hasta 10% de los fondos de pensiones, considerados piedra angular del llamado “modelo chileno”, una economía abierta.

De aprobarse, permitiría el retiro de hasta unos 5.300 dólares y los diputados de oposición que presentaron el proyecto lo consideran clave para ayudar de la clase media de este país de 18 millones de habitantes, que no ha tenido hasta ahora ninguna plan de subsidio. El gobierno de Sebastián Piñera rechazó el proyecto argumentando que tendrá un gran impacto en las ya desmedradas pensiones chilenas.

Sin embargo, varios parlamentarios de su coalición apoyaron la iniciativa, disconformes con las medidas anunciadas para la clase media.

“¿Quiénes en una situación radical no recurriría a sus ahorros de toda una vida para superar ese momento de problemas económicos? En tal situación de necesidad, todos lo haríamos”, dijo la diputada oficialista Erika Olivera.

“Es un proyecto de ley que distorsiona y deteriora las pensiones futuras de los chilenos”, refutó Claudio Alvarado, secretario General de la Presidencia.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se crearon en 1981 en plena dictadura de Augusto Pinochet como el primer sistema de pensiones de capitalización absolutamente individual, bajo la promesa de restituir hasta el 70% del último salario.

Cuatro décadas después, el 83% de los chilenos está de acuerdo con retirar el 10% de los fondos, según una encuesta reciente.

Países como Perú y Australia han permitido ya el retiro de parte de los fondos de pensiones, mientras que según cálculos de la Asociación de AFP cerca de tres millones de afiliados quedarían con saldo cero en caso de prosperar la iniciativa legislativa.