La fiscal general rebelde Ortega ofreció documentos a países del Mercosur.

El régimen chavista también fue penetrado por la red de corrupción de Odebrecht en la región. Así lo afirmó ayer en Brasilia la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien dijo disponer de "muchas pruebas" que involucran directamente al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios chavistas en millonarios casos de corrupción, entre ellos Diosdado Cabello.

Durante una reunión en Brasilia de fiscales del Mercosur, Ortega anticipó que cedería ese material a los países de la región para que avancen con las investigaciones. De esa reunión participó el fiscal de Corte de Uruguay, Jorge Díaz.

"En el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa española denominada TSE Arietis", señaló Ortega, que el viernes logró salir de Venezuela y llegar a Colombia, cuyo gobierno le ofreció asilo político. Según Ortega, los propietarios de esta empresa son Luis Alfredo Campos Cabello y Jesús Campos Cabello, primos de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una de las figuras más poderosas del régimen chavista.

Ortega dijo además que la empresa mexicana contratada por el Estado venezolano para distribuir el CLAP (sistema de venta de alimentos subsidiados por el Gobierno) podría ser propiedad de Maduro.

La fiscal admitió que teme por su vida. "Hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir", señaló la fiscal de 59 años, que ayer en Brasilia recibió un fuerte apoyo de los fiscales de la región. "En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro", dijo Ortega, recibida como "legítima fiscal general de Venezuela", en palabras del procurador general de Brasil, Rodrigo Janot.

En Venezuela, Odebrecht ha participado en obras del aeropuerto de Maiquetía, teleféricos en Caracas, trabajos en una central hidrológica y un puente sobre el Lago de Maracaibo, la ciudad más poblada de Caracas, entre otros. Una decena de ellas están paralizadas.

En Venezuela "300.000 millones de dólares desembolsó el Estado venezolano por unas obras que actualmente están paralizadas. Tenemos todos los elementos que comprometen, no solamente al presidente de la República, sino también a su entorno: Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Elías Jaua y otros", denunció Ortega luego de reunirse con el canciller brasileño Aloysio Nunes.

El régimen chavista acusa a Ortega de supuesta participación en un esquema de corrupción y anunció que buscará su captura internacional vía Interpol, pero la fiscal no parece temer una eventual extradición. "Seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pase en Venezuela", proclamó la fiscal.

Desde Caracas, el funcionario del régimen que puso Maduro en lugar de Ortega, respondió a esas acusaciones asegurando que se está investigando al marido de la fiscal, Germán Ferrer, por presuntamente organizar una red de extorsión en la cartera que lideraba su esposa. "La lógica jurídica nos dice que la mano que mecía la cuna en este gran cartel, en esta gran mafia que estoy aquí demostrando con cifras contundentes, se pudiera presumir que era la anterior titular de este Ministerio Público", dijo Tarek Saab en una conferencia de prensa. La televisora estatal transmitió imágenes de un operativo policial en un apartamento en un barrio de clase alta donde supuestamente vivía Ortega. Las cámaras mostraron pisos de mármol, grandes cuadros, una cava que contenía vinos personalizados y un clóset con ropa de diseñador.

En tanto, la oposición venezolana apoyó a Ortega. "Vaya hasta el fondo señora Fiscal de la República, porque ese es el dinero de los venezolanos. El pueblo merece saber quiénes le robaron su dinero y cuánto se robaron", dijo el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, que como sus compañeros de filas aún considera a Ortega la fiscal general legítima.

A todo esto, Estados Unidos dará a conocer pronto una nueva ronda de sanciones contra Venezuela, apuntando a miembros del régimen y posiblemente al sector financiero, informó ayer miércoles el Wall Street Journal, citando a un funcionario de alto rango al que no identificó.

Mientras Ortega denuncia al régimen en el exterior, la chavista Asamblea Constituyente continúa su ofensiva contra la oposición en Venezuela. Ayer el constitucionalista oficialista Julio Chávez aseguró que solicitará un antejuicio de mérito para el diputado y vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, con el fin de que se le retire la inmunidad parlamentaria.

Chávez acusó al diputado opositor de ser "el vocero principal" de convocatorias de "actos de terrorismo", y adelantó que después "seguramente vendrán otros" que deban "responder ante la justicia".

Según indicó el constituyente, el caso de Guevara "debe ser el primero de una serie de dirigentes de la derecha que deben ser puestos a la orden de la justicia, privados de libertad", para quienes dijo que se debe pedir "inclusive" mayor "severidad" en cuanto a la pena.

El propio Maduro llegó a asegurar en un discurso televisado que Guevara tendría una celda preparada una vez que se instale la Constituyente.

Los magistrados designados para el Tribunal Supremo por el Parlamento opositor también están denunciando en el exterior al régimen chavista, y buscan trabajar con la Justicia internacional para hacerle "un cerco" al presidente Maduro. Así lo explicó ayer en Washington Miguel Ángel Martín, uno de los 10 jueces que están en Estados Unidos tras haber dejado Venezuela, donde pesa una orden de captura contra ellos por "traición a la patria". "Vamos a trabajar con la Justicia internacional para hacerle un cerco al señor Maduro y a su régimen y parar la violación sistemática de la Constitución que existe en Venezuela", indicó el juez en un foro de la organización Freedom House.

Maduro sería dueño de la empresa mexicana contratada para distribuir el CLAP (sistema de venta de alimentos subsidiados).

Habría recibido 100 millones de dólares de Odebrecht a través de una empresa española propiedad de dos primos del dirigente chavista.

Alcalde del municipio Libertador en Caracas. Fue vicepresidente de Venezuela (2007-2008) y presidente del Consejo Electoral (2005-2006).

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