El Gobierno dice que no habrá referéndum y la MUD reclama con marchas.

El vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, aseguró ayer que el referendo revocatorio que intenta solicitar la oposición para cesar el mandato de la Presidencia de Nicolás Maduro no se celebrará por errores en el trámite. La oposición, en tanto, confirma una masiva manifestación para pedir celeridad en el proceso.

“Ellos saben que aquí no va a haber referendo, están convencidos, están haciendo pantalla (aparentando), primero porque lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude”, dijo el vicepresidente ejecutivo durante una manifestación popular en respaldo a la mandataria brasileña Dilma Rousseff, suspendida por el Senado de su país.

“Ya nosotros estamos conscientes de lo que tienen ahí, no lo tienen, están manipulando a su gente”, agregó en el acto gubernamental en el estado Anzoátegui, en el noreste.

El oficialismo ha dicho en reiteradas oportunidades que los opositores no podrán llevar a cabo la solicitud del referendo revocatorio con el que esperan acortar el mandato de Maduro porque, aseguran, no cuentan con el tiempo suficiente para que los plazos de la solicitud se den este mismo año, y porque las firmas serían fraudulentas.

El propio Maduro ha dicho en varias ocasiones que ni el referendo revocatorio ni ninguna de las iniciativas que promueven los opositores para sacarlo del Gobierno tienen “viabilidad política”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, sin embargo, no ha ofrecido precisión al respecto y ha evitado referirse a si podrían o no hacer ese proceso antes de que termine el 2016.

El chavismo sostiene que los opositores son conscientes de que el revocatorio no podrá celebrarse este año, pero que lo ocultan para generar un clima de crispación que lleve a “un golpe de Estado”.

Los opositores, por su parte, intentan lograr que el CNE empiece cuanto antes el trámite de verificación de las casi dos millones de firmas entregadas el pasado 2 de mayo a las autoridades como respaldo del revocatorio presidencial, un paso fundamental para que el Poder Electoral inicie el proceso.

El excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales promotores del referendo, convocó el sábado a los opositores a una nueva manifestación callejera para exigir a las autoridades que acelere el proceso de verificación, porque, dijo, “esto es un tema de constancia”.

Ayer, tras estas afirmaciones del vicepresidente venezolano y las del alcalde del municipio Libertador de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, quien asegurara que no permitirá que los opositores lleguen a su jurisdicción, donde se encuentra la principal sede electoral del país, Capriles confirmó la manifestación. Aseguró que se movilizarán en las sedes del CNE “exigiendo respeto a la Constitución y cumplimiento Reglamento Revocatorio”, indicó Capriles.

Esta sería la tercera movilización convocada por los opositores para presionar al Poder Electoral a que cumpla con celeridad el cronograma para la activación del referendo.

Las dos anteriores no lograron llegar hasta la sede, e incluso la primera acabó luego de que un fuerte cordón de seguridad, que protegía el acceso al municipio Libertador, dispersara a los opositores.

El plan de la oposición para esta ocasión es, según indicó Capriles, movilizar a todo el país para que el reclamo por el revocatorio “se sienta” en todo el territorio.

Lo que apremia a la oposición es que la legislación establece que si el jefe de Estado es cesado de su cargo durante los dos últimos años de su Gobierno será sustituido por su vicepresidente, pero si el cese de sus funciones se da en la mitad de su periodo deberán convocar a nuevas elecciones, momento justo en el que se encuentra el actual mandato de Maduro.

Capriles advirtió ayer a Maduro que el país es “una bomba” que en cualquier momento puede estallar si las autoridades no permiten que ese proceso se celebre este año.

En este contexto de fuerte presión opositora de destituir a Maduro, el mandatario decretó el viernes el estado de excepción cuyo contenido íntegro será publicado hoy.

En el marco del decreto, Maduro ordenó realizar el próximo sábado ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa -refiriéndose a Estados Unidos-, en la que justificó la imposición del estado de excepción.

Maduro también anunció que su gobierno tomará las fábricas paralizadas y apresará a sus dueños, que a su vez se quejan de que no tienen insumos para producir.

La organización Amnistía Internacional (AI) alertó de que el estado de excepción “pone en mayor riesgo la ya frágil situación de derechos humanos” en el país.

El director ejecutivo de AI Venezuela, Marcos Gómez, dijo que “el catálogo de abusos a los derechos humanos que se han registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante estados de excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante”.

La ONG recuerda que Venezuela atraviesa una grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos y los altos índices de homicidios y violencia.

Decenas de venezolanos se manifestaron el sábado en Doral, ciudad aledaña a Miami (EE.UU.), para expresar su rechazo a los allegados al partido de Gobierno de Venezuela que se han trasladado al sur de Florida, en donde “viven en la impunidad”.

“Ha aumentado la presencia de funcionarios y empresarios afiliados al régimen de Nicolás Maduro y muchos de ellos hacen negocios aquí en Miami”, declaró José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, organizadores de la protesta. Unas 70 personas participaron en la concentración que se celebró cerca del restaurante El Arepazo, icónico punto de encuentro de la comunidad venezolana local y en donde muchos manifestantes portaron máscaras en el rostro para simbolizar “el mal olor de los chavistas”.

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