La justicia citó a la exmandataria para que declare por la causa Hotesur que investiga sus nexos con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La justicia argentina citó a Cristina Fernández de Kirchner para que declare por la causa Hotesur. El juez federal Julián Ercolini investiga un presunto delito de lavado de dinero al haber recibido alquileres de Lázaro Báez y Cristóbal López a cambio de favorecerlos con negocios de obra pública.
La expresidenta deberá declarar el el próximo 9 de noviembre, días después de las elecciones legislativas. También fueron citados sus dos hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otros 20 imputados. El magistrado resolvió además mantener la inhibición de bienes que pesaba sobre la ex mandataria.
Entre los bienes inhibidos se encuentran los US$ 4.664.000 hallados en la caja de seguridad del Banco Galicia que tenía Florencia Kirchner, más el millón de dólares de una de sus cuentas bancarias y 53 mil pesos de otra.
Para el juez hay "bastantes elementos de convicción como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y los consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra" según el escrito al que accedió La Nación.
Los acusados "habrían intervenido en las diferentes etapas de las maniobras que fueron diseñadas y pergeñadas, principalmente, por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez para lograr otorgarle apariencia lícita al dinero que había sido irregularmente asignado a empresas de propiedad de este último", concluyó Ercolini, tras analizar el dictamen en el que los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, le habían reclamado las citaciones.
La causa.
La ex presidenta está siendo investigada por supuesto lavado de dinero junto a su marido, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Se investiga la operatoria hotelera con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Ercolini recordó que se investiga la "realización de distintos negocios espurios para apropiarse de los fondos públicos".
Las maniobras investigadas se vinculan a "las ganancias que se habrían obtenido mediante la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial", delito por el que Ercolini ya procesó a Báez, a la ex presidenta y a otros acusados en la causa por la obra pública en Santa Cruz, actualmente a revisión en la sala I de la Cámara Federal porteña.
Los acusados "habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública y sus vinculadas -propiedad de Báez-, a favor de la empresa Valle Mitre SA, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado habría consistido en recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería", se remarcó.
De esta manera se logró que "la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen", según agregó el juez en su resolución.
Los fondos se giraban a las empresas Valle Mitre SA, gerenciadora de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, propiedad del matrimonio Kirchner por alquileres y contratos de consultoría.
Esta sociedad remitía fondos mensualmente a los ex presidentes y a sus hijos luego como "canon locativo" por los hoteles.
De acuerdo a la investigación desde 2009 al 2013, las empresas de Báez pagaron más de 27 millones de pesos por alquileres en Alto Calafate.
ARGENTINAEN BASE A LA NACIÓN (GDA)