CRISIS POLÍTICA

Cayó otro ministro en Brasil

El PT de Lula y Dilma Rousseff anunció que promoverá un impeachment al presidente.

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Seis ministros han renunciado en los seis meses que lleva Temer en el poder. Foto: AFP

Uno por mes. Ese es hasta ahora el promedio del presidente de Brasil, Michel Temer. Desde que en agosto dejó de ser interino y pasó a presidente en pleno ejercicio del cargo, cuando se confirmó el cese de Dilma Rousseff, a Temer le renunciaron seis ministros.

El último fue ayer viernes. Se trata de Geddel Vieira Lima, secretario del Gobierno y uno de los hombres más influyentes del gabinete, que se fue denunciado por tráfico de influencias.

La crisis en el gobierno de Temer recién comienza.

"Es momento de partir", dijo Vieira Lima en un correo electrónico que hizo público el despacho de Temer, tras el anuncio de que la Fiscalía consideraba abrir una investigación.

La salida de Vieira Lima deja a Temer sin su negociador clave, un puesto significativo para un gobierno que está tratando de promover en el Congreso medidas de austeridad para tratar de salir de la peor recesión desde 1930.

La nueva crisis estalló cuando el ministro de Cultura, Marcelo Calero, renunció la semana pasada y acusó a Vieira Lima de haberlo presionado para que el Instituto del Patrimonio Histórico (Iphan), que dependía de su cartera, aprobara un proyecto inmobiliario en Salvador de Bahía, donde posee un apartamento. En una declaración a la Policía Federal divulgada por la prensa el jueves, Calero dijo que el propio Temer lo había instado a buscar una solución al problema.

La crisis cobró proporciones de huracán ayer viernes, con rumores de que Calero, un diplomático de 34 años de edad, había grabado una conversación con el mandatario.

Temer negó, a través de su portavoz, haber "inducido" a ninguno de sus ministros "a tomar alguna decisión que hiriese las normas internas o sus convicciones".

Temer recibió el apoyo del expresidente Fernando Henrique Cardoso y del ex candidato presidencial Aecio Neves, ambos del partido PSDB, que forma parte de la coalición oficialista.

La oposición de izquierda anunció que estudiaba presentar un pedido de impeachment contra Temer, como el que le costó el cargo a Rousseff.

La renuncia de Vieira Lima "no elimina la necesidad de investigar actos irregulares cometidos por él, por otros ministros o por el propio presidente Temer", recalcó una carta enviada a la Abogacía General de la Unión por la dirección de la bancada en diputados del Partido de los Trabajadores (PT), de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff.

Vieira Lima, de 57 años, miembro del PMDB (el partido de Temer), era el principal negociador del gobierno con el Congreso, donde se tramita un paquete de duras medidas de austeridad para sanear las cuentas públicas, recuperar la confianza de los inversores e intentar sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.

Las tensiones políticas se ven acrecentadas por la firma inminente de un acuerdo de delación entre la Justicia y miembros de la constructora Odebrecht, una de las mayores implicadas en el megaescándalo de Petrobras, que podría involucrar a dirigentes de casi todo el arco parlamentario. El llamado caso Lava Jato tiene entre los políticos investigados al propio Lula y a otros funcionarios de los gobiernos del PT.

La Cámara de Diputados decidió el jueves posponer hasta la semana próxima la discusión de un paquete de medidas anticorrupción, ante la sospecha de que en realidad buscaban aprobar rápidamente una autoamnistía que los libre del aluvión que se avecina con las denuncias de los ejecutivos de Odebrecht, dada la cantidad de políticos implicados.

Decreto para concesión rápida de obras.

El presidente Michel Temer firmó un decreto que establece las normas para las concesiones privadas de obras, una parte central de su plan para reactivar la economía en Brasil. La medida, que debe ser aprobada por el Congreso en 90 días, permite que el gobierno comience inmediatamente a otorgar concesiones para carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. El decreto le permitirá al gobierno poner fin a contratos de concesión acordados en el pasado con inversores que no cumplieron con los términos mínimos de los mismos.

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