DÍAS DE DEFINICIONES

La ruptura la oficiarían el lunes; Madrid espera para intervenir el gobierno regional catalán.

Cataluña buscará el lunes declarar su independencia de España tras el referéndum del 1° de octubre considerado ilegal por el gobierno de Mariano Rajoy. El presidente catalán, Carles Puigdemont, volvió a pedir ayer miércoles una mediación, pero aseguró que no se desviará de la hoja de ruta secesionista. Poco después, el gobierno de Rajoy respondió instando a que la región vuelva a actuar en el marco de la legalidad.

Mireia Boya, una legisladora catalana del partido independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP), dijo en Twitter que una declaración de secesión podría producirse tras una sesión parlamentaria programada para el lunes en la que se evaluarán los resultados de la votación. "Sabemos que puede haber inhabilitaciones, arrestos... Pero estamos preparados, y en ningún caso esto será detenido", sostuvo.

El lunes Puigdemont debe comparecer ante el parlamento catalán para valorar los resultados del referéndum.

Puigdemont había dicho que pedirá al parlamento regional que se declare la independencia tras el referéndum, consulta que el gobierno español y el Tribunal Constitucional consideran ilegal y en la que solo votó una minoría de los catalanes.

La participación fue del 42,3% de los habilitados; el 90% de los que votaron lo hicieron por la independencia.

En un discurso televisado en la tarde de ayer miércoles, Puigdemont sostuvo que "seguro que en los próximos días volveremos a mostrar la mejor cara de nuestro país con las instituciones de Cataluña cuando tengamos que aplicar el resultado del referéndum".

Los comentarios de Puigdemont se dieron después de que el rey Felipe VI acusó el martes a los líderes secesionistas de romper principios democráticos y dividir a la sociedad catalana, en una jornada en la que decenas de miles de personas protestaron contra la represión policial en la votación del domingo.

La escalada de la crisis genera inquietud en el continente y por primera vez la Eurocámara debatió este asunto ayer. "Llegó el momento de dialogar, de encontrar una salida al callejón sin salida, de trabajar dentro del orden constitucional de España", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

Pero los eurodiputados de los principales grupos también pidieron a las autoridades catalanas evitar una declaración de independencia que, en opinión del portavoz de los socialdemócratas Gianni Pittella, "echaría más leña al fuego".

En su discurso de ayer, Puigdemont acusó al gobierno español de no aceptar "ninguna de las opciones de mediación que ya hay encima de la mesa", entre ellas una del presidente regional del País Vasco, Iñigo Urkullu.

"Creo, con toda sinceridad, que vuelve a ser una gran irresponsabilidad", aseguró Puigdemont.

"Está absolutamente fuera de la realidad", le respondió justo después la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. En un comunicado posterior el gobierno reiteró que si Puigdemont "quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes: volver a la senda de la Ley, que nunca debió abandonar".

La sociedad catalana está dividida casi a partes iguales sobre la cuestión. El domingo, asociaciones unionistas, apoyadas por el Partido Popular de Rajoy, convocaron una manifestación en el centro de Barcelona con el lema "¡Basta, recuperemos la sensatez!".

Desde Madrid, buscan la manera de frenar la independencia. En un discurso solemne el martes, sin una referencia a los heridos por las cargas policiales, el rey Felipe VI acusó de "deslealtad" a los líderes catalanes secesionistas y afirmó que "es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional".

Puigdemont le respondió ayer, acusándolo de ignorar "deliberadamente a millones de catalanes que no piensa como él" y de "asumir un rol inadecuado que solo busca allanar las decisiones que el gobierno español hace tiempo que estudia para liquidar las aspiraciones de soberanía" catalanas.

Entre estas opciones, está la suspensión de la autonomía regional que el gobierno de Rajoy nunca descartó y que cada vez reclaman más voces en este país.

En Cataluña, los ánimos están encendidos desde la brusca intervención policial del domingo contra los manifestantes que se concentraban frente a los colegios electorales para proteger las urnas de votación.

El enfado se reflejó el martes con una huelga general y numerosas manifestaciones en toda la región contra la violencia policial. Solo en Barcelona, con 1,6 millones de habitantes, unas 700.000 personas se movilizaron en diferentes marchas por la independencia.

La medida más extrema a la que podría recurrir el presidente Mariano Rajoy sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central someter a una región al "cumplimiento forzoso" de las leyes.

Políticamente se considera que el recurso a dicha medida equivale a suspender la autonomía catalana.

Los grandes empresarios de Cataluña expresaron ayer miércoles "su máxima preocupación" por la posible declaración de independencia de esa región española, cuya sombra hizo caer a la Bolsa de Madrid.

El Círculo de Economía, una importante organización patronal catalana, compartió en un comunicado su "máxima preocupación" ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia. "Esta declaración sumiría al país en una situación extraordinariamente compleja y de consecuencias desconocidas, pero en cualquier caso muy graves", advirtió esta organización que reúne a grandes empresarios, como los presidentes de los bancos CaixaBank y Sabadell, y la gran empresa de perfumes Puig, propietaria de Nina Ricci y Jean-Paul Gaultier.

Las acciones europeas cerraron ayer miércoles con caídas, en una sesión en la que el índice IBEX de la bolsa de Madrid registró su mayor pérdida desde que el año pasado la votación por el Brexit sacudió a los mercados bursátiles.

El impacto de la crisis en Cataluña se propagó desde Madrid y los bancos españoles a todo el sector financiero y a la zona euro, particularmente a Italia. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,08%, mientras que el IBEX se derrumbó un 2,9%.

Las acciones de Caixabank y Banco Sabadell, los valores más sensibles a los crecientes riesgos políticos, se hundieron un 5 y un 5,7%, respectivamente.
También se dispararon los costos del crédito para España. (Reuters)