El presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, prometió de nuevo ayer domingo no acatar órdenes de la Justicia española, a pocos días de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación prohibido por el Tribunal Constitucional.

En una entrevista con el diario La Vanguardia, Carles Puigdemont asegura que permanecerá en el cargo si la Justicia ordena su suspensión por haber intentado organizar la consulta sobre esta pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".

"No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones. Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut (de Cataluña), así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo", declaró Carles Puigdemont.

Sus declaraciones intervienen pocos días antes de la convocatoria del referéndum, que se hará mediante un decreto del ejecutivo regional, tras la aprobación de una ley en el parlamento catalán, donde los independentistas tienen mayoría. Así se lanzará la cuenta atrás para la consulta del domingo 1° de octubre. La ley podría ser adoptada el miércoles, según la prensa.

Su adopción pondrá en marcha todo el arsenal jurídico que el gobierno central de Mariano Rajoy, firmemente opuesto al referéndum, tiene preparado para impedir la consulta.

El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta no vinculante también prohibida por la Justicia en la que participaron 2,3 millones de personas, dando una amplia victoria al "sí".

El gobierno de Rajoy prepara sus armas. Entre sus opciones está la suspensión del presidente regional y de otros altos dirigentes.

En principio, un presidente regional sólo puede ser forzado a abandonar el poder por el Parlamento regional o por una condena que suponga una prohibición de ejercer una función pública. Pero una ley adoptada en 2015 permite ahora al Tribunal Constitucional suspender a funcionarios en caso de que actúen en contra de sus decisiones.

Por otra parte, el gobierno también puede desde 2016 decidir que el país se encuentra ante una "situación de interés para la seguridad nacional", lo que le permite adoptar medidas extraordinarias.

1° DE OCTUBRE