El secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat (gobierno) de Cataluña estuvo esta semana en Montevideo a pocos días de las elecciones catalanas del 27 de septiembre que tienen el carácter de un plebiscito por su independencia.

El funcionario se reunió con los legisladores de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados. Una coalición de partidos encabezada por el gobernante Convergencia de Artur Mas pretende que estos comicios se conviertan en el primer paso para la separación del Reino de España.

—¿En qué punto se encuentran las relaciones entre Cataluña y el Gobierno de España?

—Las relaciones entre Cataluña y España son complejas desde siempre, desde hace más de 300 años, no es un problema que haya surgido recientemente. Es cierto que en los últimos 15 años las relaciones han empeorado, no necesariamente a nivel político, sino también desde el punto de vista de la percepción que tiene la ciudadanía catalana del trato que recibe no únicamente del Gobierno español, pero sí del Estado español. Entonces, claro, fruto de estas complejas relaciones, una mayoría de ciudadanos de Cataluña, hace ya unos años, empujaron a sus representantes electos para poder iniciar un proceso que permitiera a los catalanes decidir libremente su futura relación con España. Hasta aquí muy bien, de hecho en las últimas elecciones catalanes del 2012, las instituciones recibieron un mandato muy claro: nosotros queremos decidir nuestro futuro y pidió al gobierno (catalán) que iniciara acciones para pedirle al gobierno español realizar conjuntamente este referendo para decidir sobre el futuro de Cataluña. Siguiendo ejemplos también muy recientes y para nosotros muy próximos, como el caso de Escocia. El gobierno de Escocia y el gobierno británico se sentaron a la mesa, negociaron y acordaron la celebración de un referendo, que por cierto los escoceses que lo promovieron perdieron. De una forma yo diría muy clara el electorado de Escocia pudo decidir su futura relación con el resto del Reino Unido, y éste era o es todavía hoy el esquema.

—El Gobierno central esgrime un inconveniente de orden constitucional para el referendo, ¿cómo se sorteará?

—Un referéndum no deja de ser un instrumento para que la gente pueda expresar su opinión y la Constitución española que ampara el derecho a la libertad de expresión, ampara el derecho a la participación política, por lo tanto nosotros nunca hemos visto un conflicto de legalidad en el hecho de celebrar un referéndum, por lo tanto no aceptamos este argumento. Otra cuestión es que las consecuencias que se deriven de este referéndum, una posible independencia de Cataluña, esto sí puede generar un problema de confrontación entre la legitimidad y la voluntad popular y el orden legal; esto sí, pero el referéndum como tal no. Se puede salvar con un acuerdo político, durante estos últimos dos o tres años hemos utilizado todos los instrumentos legales que teníamos en nuestras manos.

—Si triunfara por importante mayoría la posición independentista, ¿qué pasaría después?

—Nosotros hemos llegado a este punto en el que la única forma legal que nos deja el gobierno español es a través de una convocatoria a elecciones, por eso se convocó a estas elecciones para el 27 de septiembre con el objetivo de que los partidos políticos conviertan estas elecciones en un plebiscito. Como estas elecciones se plantean en clave plebiscitaria, son excepcionales desde el punto de vista catalán, pues ha sucedido también una cosa poco habitual. Y es que partidos de derecha, de centro y de izquierda que comparten el objetivo de la independencia de Cataluña, se han unido bajo una misma coalición electoral. Esto es poco habitual, no sólo la formación del gobierno. Si esta coalición gana es evidente que surge la necesidad de crear una hoja de ruta para implementar el mandato recibido en las urnas. Somos un país democrático, por lo tanto los gobernantes deben implementar el mandato recibido. Durante 18 meses, un período aproximado, se intentará negociar con las autoridades españolas y eventualmente con las de otros países, cómo se debe implementar ese cambio de estatus político y jurídico de Cataluña. Y al mismo tiempo, el parlamento de Cataluña va a poner en marcha una comisión para redactar el proyecto de Constitución catalana, que eventualmente tendrá que ser ratificado en un referéndum cuando hayan pasado estos 18 meses.

—En la hipótesis de que todo este proceso se cumpla y se concrete la independencia, ¿qué ocurrirá con la integración a la Unión Europea? ¿Está pensado ese punto?

—Nosotros somos absolutamente conscientes de que un proceso de estas características es complejo y el acuerdo conlleva a, no diría riesgos, pero es evidente que conlleva por una parte a muchas oportunidades, mucha ilusión. Pero también este camino trae problemas, usted mencionaba la continuidad dentro de la Unión Europea, pero piense Ud. que nosotros no somos un país en cero, somos parte integrante ya de la UE, es decir que es evidente que como Cataluña somos parte del Reino de España, Estado miembro de la UE, pero hay todo un derecho de ciudadanía que ya se aplica y se lleva aplicando desde el año 1986 en Cataluña. Tenemos casi seis mil multinacionales establecidas en Cataluña dentro de lo que llamamos el Mercado Común, la libertad de movimiento de bienes, de personas, de capitales, de servicio, la utilización de la moneda. Es evidente que esto no se puede quitar de un día para el otro.

Roger Albinyana