Dilma suspendió un mensaje por cadena para evitar un cacerolazo en todo el país.

El Congreso comenzó ayer la discusión en torno al juicio político con fines de destitución. Fue esta una primera jornada tensa, tanto dentro del recinto legislativo como fuera, ya que los partidarios de la presidente Dilma Rousseff organizaron protestas en 12 estados del país. La presidente había anunciado una cadena nacional para dar su posición sobre el impeachment y defender su gestión, pero a media tarde desistió y levantó la cadena, lo que muchos interpretaron que fue por temor a un caceroleo generalizado.

La sesión se inició por la mañana en el plenario de la Cámara de Diputados con la intervención del relator de la comisión especial, el diputado Jovair Arantes, que argumentó por el juicio político, y luego lo hizo el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, quien pidió formalmente la anulación del procedimiento. Luego comenzaron a exponer los legisladores, pronunciándose a favor o en contra del juicio, con una clara mayoría a favor.

La posición oficialista ya había recibido un duro revés en el Supremo Tribunal de Justicia, que rechazó por ocho votos contra dos esa argumentación.

El jurista Miguel Reale Júnior, uno de los firmantes del pedido de destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer que las "maniobras fiscales ilegales" que provocaron la acusación "destruyeron la economía del país". Reale Júnior intervino en la primera de tres sesiones en que la Cámara de Diputados decidirá si el proceso contra la mandataria va al Senado, instancia que decidirá si finalmente será sometida a un juicio con miras a su destitución.

"Hubo un golpe en Brasil, sí", declaró el jurista en alusión a la calificación que la propia Rousseff le da al proceso, pero indicó que "el golpe fue enmascarar la situación fiscal del país hasta llegar al punto de quiebra en que se encuentra hoy".

Según la acusación, Rousseff realizó maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Reale Júnior sostuvo que esas maniobras comenzaron en 2014, para favorecer la reelección de Rousseff, y luego "siguieron con enormes gastos públicos que quebraron el país" y llevaron al Gobierno a "valerse del dinero de los bancos públicos para disimularlo".

El jurista contestó a la afirmación del Gobierno —que sostiene que no hubo delito en esas maniobras— que a lo sumo admite como algún tipo de "falta" administrativa y contable. "¿Cuál delito es más grave? ¿El del presidente que se mete en el bolsillo dinero público, o el de un presidente que por mantenerse en el poder no respeta límites y destruye la economía mediante gastos inútiles, la corrupción y el desvío de dinero de sus secuaces?", planteó Real Júnior.

En esta sesión, la primera de tres sobre el asunto que concluirán el domingo, el pleno de la Cámara Baja escuchó también al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que representa a Rousseff en el proceso, que ha insistido en la inexistencia de los denominados "delitos de responsabilidad" de los que se le acusa.

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró ayer que la comunidad internacional "ya percibió" que el proceso que busca la destitución de la mandataria Dilma Rousseff "no pasa de un golpe". En un video publicado en el canal de You Tube del Instituto Lula, el exjefe de Estado dijo que "no se puede jugar con la democracia", y pidió a los diputados, que esta mañana iniciaron la primera de las tres sesiones en que se decidirá si el trámite para un juicio contra Rousseff llega al Senado, que piensen "con mucha serenidad".

"Una cosa es diverger del Gobierno, criticar los errores y reclamar más diálogo y participación (...) Otra cosa es embarcarse en aventuras, creyendo en el canto de sirena de quienes se sientan en la silla antes de hora", señaló.

El expresidente remarcó que "quien traiciona un compromiso sellado en las urnas no sustentará acuerdos hechos en las sombras", ya que, en su opinión, "nadie conseguirá gobernar un país de 200 millones de habitantes, una de las mayores economías del mundo, si no tiene la legitimidad del voto popular". Lula insistió en que "derrumbar un Gobierno electo democráticamente sin que haya un delito de responsabilidad", que la Constitución brasileña recoge como uno de los motivos para la destitución de un mandatario, "no arreglará nada" sino que, por el contrario, "sólo agravará la crisis" que atraviesa el país.

"Brasil precisa paz y estabilidad para retomar el camino del desarrollo", recalcó.

Lula, que fue nombrado ministro el mes pasado, fue impugnado por la Justicia.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó ayer a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y afirmó que el proceso que puede acabar con su destitución es de carácter "político", carece de "certezas" jurídicas y siembra "dudas" en el organismo. Almagro fue recibido por Rousseff en el Palacio de Planalto, al mismo tiempo que, en la vecina sede del Parlamento, el pleno de la Cámara de Diputados celebraba la primera de tres sesiones en las que definirá si el proceso llega a la instancia definitiva del Senado. "Expresamos nuestras dudas y preocupación", porque "hemos tenido siempre a Brasil como un país que es un ejemplo de legalidad" en el continente, declaró Almagro, tras la reunión.

Indicó luego que "llama mucho la atención que la presidenta es una persona sobre quien no recae ninguna acusación penal, pero entre quienes la van a juzgar hay personas acusadas y hasta imputadas".

CONTRA VIENTO Y MAREAEFE, O GLOBO/GDA