PANDEMIA

Brasil inició el sábado la producción de unos 8,6 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac y recibió insumos para fabricar otros 2,8 millones más de la fórmula de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

El Instituto Butantan de São Paulo, uno de los principales centros de investigación médica de Brasil, será el encargado de elaborar la vacuna de Sinovac, que ya está siendo administrada en el país, al igual que la británica.

“La previsión es que las 8,6 millones de nuevas dosis comiencen a ser liberadas para la inmunización de los brasileños a partir del 23 de febrero”, informó el Gobierno de São Paulo en un comunicado.

Hasta el momento, se han distribuido en Brasil unos diez millones de unidades del antídoto de Sinovac y otros dos millones del desarrollado en conjunto por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Según datos de las secretarías regionales de Salud, cerca de 3,5 millones de brasileños han recibido la primera dosis de algunas de estas dos vacunas.

Además, el Instituto Butantan prevé recibir el próximo miércoles 5.600 litros más de materia prima que permitirán producir otros 8,7 millones de dosis de la llamada “Coronavac”.

También eñ sábado llegó al aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, otro lote con insumos para la fabricación de 2,8 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Este es el primer cargamento que llega a Brasil con los ingredientes para la producción del inmunizante británico, que llevará a cabo la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), otro importante centro de investigación científica de referencia en Brasil.

“Es un momento de gran expectativa y estamos seguros de que produciremos esta vacuna efectiva y segura para el Programa Nacional de Inmunización”, declaró la presidenta de Fiocruz, Nísia Trindade.

Además, la entidad tiene previsto recibir antes de que finalice el mes otros dos lotes con insumos que posibilitarán la creación de más de 15 millones de dosis de la vacuna hasta marzo, según informó el Ministerio de Salud en una nota.

De acuerdo con los datos oficiales, Brasil acumula 231.012 muertes asociadas con el COVID-19, con 978 registradas en las últimas 24 horas, y 9.497.795 de casos confirmados de la enfermedad, en momentos en que enfrenta una segunda ola de la pandemia.

Brasil, con una población de unos 212 millones de habitantes, es el segundo país del mundo con mayor número de decesos vinculados al nuevo coronavirus, después de Estados Unidos.

Del otro lado del océano Atlántico, la Unión Europea (UE) vive una crisis sin precedentes con una de sus industrias más preciadas. La innovación, el valor añadido y el peso económico que aporta el sector farmacéutico han llevado a Bruselas a dispensarle siempre el trato de estratégico. Es habitual, por ejemplo, que la UE defienda en los foros internacionales posiciones coincidentes con las del sector. La última vez, el pasado jueves, cuando Bruselas se alineó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con Estados Unidos y el Reino Unido contra la petición de la India y Sudáfrica de suspender las patentes vinculadas al coronavirus. El argumento es que hacerlo “desincentivaría las inversiones y la innovación”.

Los recientes anuncios de Pfizer y AstraZeneca de retrasar y reducir las entregas de vacunas cayeron así como un océano de agua fría sobre los líderes europeos. Tras décadas de colaboración, cientos de millones de euros adelantados y compromisos de compra por más de 1.300 millones de dosis, el sentimiento era de enfado, pero también tenía un regusto amargo de traición.

Lo novedoso de la situación actual es que los problemas de acceso a las vacunas han llegado a una Europa acostumbrada a mirar de lejos estas carencias y que creía asegurado el suministro, lo que explica la virulenta reacción de la UE. El 29 de enero, la Comisión aprobó un mecanismo para vetar la exportación de vacunas y evitar su venta en mercados más lucrativos. Italia amenazó con llevar a AstraZeneca y a Pfizer a los tribunales, pero el reproche de mayor calado fue el del ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, que amenazó al sector con “medidas coercitivas” si no aumentaba la producción. Un aviso de que ni las patentes están a salvo, según los analistas.

La Comisión asegura que está “en proceso de identificar los cuellos de botella que sufre la industria” y que participa activamente en buscar soluciones “a corto y medio plazo”. También dice que explora incluso “el uso de instalaciones de producción veterinaria debidamente acondicionadas”.

Sobre el sistema de patentes, la Comisión considera que “con sus controles y contrapesos, no se interpone sino que forma parte de la solución” para alcanzar el “acceso universal a vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas”. Las negociaciones en la OMC siguen abiertas, recuerda la Comisión, que ve en las reglas de este organismo la flexibilidad necesaria para solventar problemas con la subcontratación de la producción y las licencias obligatorias.

Los expertos consultados se muestran escépticos con las explicaciones de la Comisión y ven difícil compatibilizar un control de producción con “unas estructuras de costos tan opacas que ni siquiera permiten descifrar a qué se deben las diferencias de precio entre las vacunas”.

Una de las lecciones más ilustrativas que ha dejado la crisis es que, tras la escalada de amenazas y medidas adoptadas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, acabara por aceptar un recorte del 50% en las entregas de AstraZeneca. Un porcentaje algo superior a la propuesta inicial de la empresa, pero muy por debajo de las pretensiones de UE.

AstraZeneca asegura “compartir la urgencia de poner a disposición de las autoridades el mayor número” de dosis, pero defiende que produce “sin afán de lucro” la vacuna para los países ricos hasta que acabe la pandemia y “a perpetuidad” para aquellos en desarrollo. Algunas entidades alertan de que la opacidad en la estructura de costos impide evaluar estas afirmaciones ante la disparidad de precios con los que AstraZeneca vende la vacuna: menos de tres euros en Europa, cinco en Sudáfrica, casi seis en Uganda...

Pfizer, por su parte, asegura que “muchos gobiernos han pedido que los acuerdos sean confidenciales” y recuerda que las patentes “han permitido la colaboración entre compañías innovadoras, gobiernos, universidades y otros socios para acelerar el progreso en nuestras necesidades médicas más urgentes”.