La contienda en los tribunales, en el Congreso y en las calles al rojo vivo.

La figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, señalado por corrupción, continúa en el centro de la guerra abierta entre el Gobierno de Dilma Rousseff y la Justicia, que alimenta el caos político que vive Brasil.

Lula, que asumió el jueves el Ministerio de la Presidencia en el equipo de Rousseff, ha visto en las últimas horas como diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento. Una catarata de demandas contra su nombramiento comenzó a caer el jueves, 50 de ellas en tribunales ordinarios y 13 en la órbita de los tribunales federales.

Un laberinto judicial que mantiene al expresidente en una suerte de "limbo" y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.

La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de Presidencia fue adoptada por un juez de San Pablo, que argumentó que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.

Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro, Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, que tiene un ritmo propio, sensiblemente más lento que los tribunales ordinarios.

El nombramiento le permite escapar de la sombra del juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto al expresidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.

El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a la crisis política y a la económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por corrupción.

El acoso al Gobierno de Rousseff avanzó ayer con la filtración de una escucha telefónica en la que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presiona al Ejecutivo para tomar medidas y evitar el cumplimiento de una posible orden de prisión preventiva contra Lula.

"Tienen que moverse", dijo Falcão en una conversación telefónica el pasado 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner nuevo jefe de Gabinete.

Medios locales apuntan que la conversación fue grabada por el equipo policial que investiga el caso Petrobras, el mismo día en que la Fiscalía de San Pablo le pidió a la Justicia que ordenara la prisión preventiva contra Lula. La incógnita es quién ordenó grabar y filtró esas conversaciones, si ni el presidente del PT ni el entonces ministro de Presidencia estaban bajo investigación.

Desde el Ejecutivo apuntan contra el juez Moro y quieren abrir una investigación sobre supuestas escuchas ilegales en el palacio presidencial después de que, el miércoles pasado, el magistrado divulgara la grabación de una polémica conversación entre Lula y Rousseff.

En ella, la presidenta le explica a su padrino político que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use "en caso de necesidad".

Un diálogo que analistas locales interpretaron como una evidencia de la preocupación de ambos por la posible detención preventiva de Lula antes de su asunción como ministro.

Para Rousseff "no es válido" grabar a un presidente "sin autorización judicial", que tiene que ser concedida por el Tribunal Supremo.

"En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado, si no tiene autorización de la Justicia", advirtió ayer indignada la mandataria, acosada por la amenaza de un juicio político "destituyente" impulsado por la oposición.

En sesión extraordinaria, la Cámara de los Diputados acordó ayer acelerar el trámite del posible juicio político.

La mandataria tiene un plazo de diez sesiones parlamentarias para presentar su defensa ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesarla por las acusaciones —formuladas por juristas y cuatro partidos de oposición— basadas en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

El trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a Rousseff mengua cada semana.

Desde el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Wellington Moreira Franco, exministro de Rousseff, se mostró ayer convencido de que su formación romperá su alianza con el Gobierno en la reunión anticipada para el 29 de marzo.

La elección está entre "romper o romper" con el Gobierno, dijo el dirigente del PMDB, el partido del vicepresidente Michel Temer, que asumiría la Presidencia en caso de la destitución de Rousseff.

Temer no estuvo el jueves en Planalto durante la ceremonia de nombramiento de Lula como jefe de la Casa Civil, una significativa ausencia que no pasó inadvertida.

El alejamiento del PMDB, el mayor partido de Brasil y el aliado estratégico del PT, sería el golpe mortal para el gobierno de Rousseff.

Pero los tiempos comienzan a acortarse. Fue ni más ni menos que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien ayer envió la circular a los demás legisladores con el objeto de acelerar los trámites.

Cunha permanece en su cargo, aunque ya fue procesado por violar leyes de responsibilidad fiscal y en el último año pasó de aliado de la presidenta a opositor a título personal.

No es el único opositor sobre el que pesan acusaciones formales o sospechas. En el testimonio del senador Delcídio do Amaral aparece vinculado el senador opositor y candidato rival de Rousseff en las últimas elecciones, Aécio Neves, beneficiado en la trama Petrobras.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró ayer que la crisis política que vive Brasil, donde la mandataria Dilma Rousseff enfrenta pedidos de destitución, forma parte de un "nuevo plan Cóndor" contra los gobiernos progresistas de la región. "¿Usted cree que eso es casualidad? Es el nuevo plan Cóndor (aplicado en la década de 1970 por las dictaduras militares del Cono Sur para coordinar el exterminio de opositores) contra los gobiernos progresistas", declaró el mandatario en una entrevista en la televisión oficial. "Ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal", agregó. Brasil, corrupción, crisis, respaldos, Rafael Correa

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que la derecha quiere dar un golpe a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, y "escarmentar" al exgobernante de ese país Luiz Inácio Lula Da Silva para que no vuelva a la Presidencia. "La derecha en Brasil quiere volver mediante un golpe congresal y un golpe judicial para castigar al Partido de los Trabajadores, al partido del compañero Lula, y para sacar y enjuiciar a la compañera Dilma", dijo Morales en una reunión ante mineros en el pueblo minero de Colquiri.

El gobernante agregó que la "derecha suramericana y la derecha norteamericana" quieren "escarmentar" a Lula para que un dirigente sindical nunca más vuelva a ser presidente, sostuvo el mandatario ante mineros.

La Cámara de Diputados ya aprobó la creación de una comisión especial de juicio político que será la encargada de emitir un parecer sobre los fundamentos a favor del proceso de impeachment de Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores). La base legal que se esgrime es el "crimen de responsabilidad" que habría cometido la presidenta al adulterar las cuentas públicas para esconder el déficit público en su primer mandato y el año pasado. Se necesitan dos tercios de los diputados para aprobarse.

Frente a la grave crisis política, la recesión económica, las denuncias de corrupción y la epidemia del virus zika, la presidenta podría elegir renunciar a su cargo, como se lo reclama el clamor popular en las calles. Algunos analistas consideran que sería una salida noble, y la más rápida y menos traumática vía que permitiría comenzar a buscar soluciones a la compleja situación que vive Brasil. En caso de que renuncie, asumiría el vicepresidente Michel Temer, quien debería cumplir el resto del mandato.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) analiza ya denuncias presentadas por la oposición de supuestos abusos económicos y políticos del gobierno en la campaña para la reelección en 2014, entre ellos el financiamiento ilegal a través de fondos desviados del esquema de corrupción en Petrobras. Esta corte no está sometida a un plazo, pero de su sentencia dependen tanto Dilma Rousseff como Michel Temer, que componían la fórmula de la coalición liderada por el PT y el PMDB.

LA CRISIS DE BRASIL: SOMBRÍAS PERSPECTIVAS