“Los jueces están con Macri y yo estoy contra Macri”, señaló.

La presidenta de la asociación de derechos humanos argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ejerció ayer su derecho a no declarar en el marco de una causa que la investiga por presunto fraude al Estado, informaron fuentes de la asociación.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acudió ayer de mañana a la sede de Madres de Plaza de Mayo para tomar la declaración indagatoria pero De Bonafini, tal y como ya había anticipado, se negó a contestar las preguntas del magistrado.

La causa aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) en el programa "Sueños Compartidos", un plan estatal impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández para la construcción de viviendas sociales administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.

Tras la visita del juez, De Bonafini aseguró que la negativa a prestar declaración es un "acto político" y que no le tiene miedo a los que la "quieren meter presa", en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

"Ellos están con (el presidente Mauricio) Macri y yo estoy contra Macri, ellos están con los jueces, yo estoy con la Justicia, los jueces no son la Justicia" y "nunca vamos a ponernos de acuerdo" porque "ellos responden al poder de turno", sostuvo.

En este sentido, criticó al "90 por ciento" de los magistrados del país y rescató que algunos como Daniel Rafecas y Eugenio Raúl Zaffaroni "son probos y honestos". "Si hubieran existido esos jueces, yo no estaría en esta situación", lanzó, según consignó la agencia argentina Diarios y Noticias.

"Yo fui muchas veces presa, acá ustedes que son todos nuevitos no saben cuántas veces fui presa, no saben cuántas veces nos pegaron...", añadió.

"Peor que lo que nos pasó ya no nos puede pasar, yo no le tengo miedo de ir presa", completó, además de defender nuevamente la legalidad de las operaciones realizadas por la asociación.

El pasado jueves, De Bonafini faltó por segunda vez a la cita programada por el juez para declarar por el supuesto fraude, lo que desencadenó la emisión de una orden de detención contra la activista.

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, de 87 años, evadió a las fuerzas policiales y se dirigió a la Plaza de Mayo porteña, donde fue secundada por centenares de personas.

Al día siguiente, Martínez de Giorgi levantó la orden de detención tras llegar a un acuerdo con los representantes legales de De Bonafini.

Junto a la titular de Madres de Plaza de Mayo, el juez ha citado a declarar en la causa a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2007-2015).

El magistrado busca determinar si hubo connivencia con funcionarios públicos para gestionar y obtener "ilegítimamente" fondos estatales para la construcción de las viviendas.

Mauricio Macri se refirió a de Bonafini en una entrevista que brindó al sitio BuzzFeed y que fue divulgada ayer.

"Ella está involucrada en hechos de corrupción graves. En la Justicia del Siglo XXI todos tenemos que ser iguales. Se ve que ella no lo interpreta de la misma manera", respondió el mandatario tras ser interrogado si la líder de las Madres de Plaza de Mayo es víctima de persecución política en lo que va de su gobierno, algo que ella misma ha insistido.

All mismo tiempo, Macri aseguró que de Bonafini "está desquiciada". "Hace rato no le contesto (...) dice barbaridades fuera de lugar hace varios años", manifestó.

Por otro lado, el presidente de Argentina dijo que no tiene idea si las víctimas de la dictadura fueron 9 mil o 30 mil. "Es un debate en el cual no voy a entrar", manifestó.

La jueza Fabiana Palmaghini ordenó identificar los teléfonos fijos y móviles utilizados por Cristina Kirchner en las semanas anteriores y posteriores a la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la exjefa de Estado de formar parte de un "complot criminal" para encubrir a los iraníes acusados de atentar contra la AMIA.

La solicitud de la magistrada incluye las líneas de otros encumbrados ex funcionarios y el registro fílmico de movimientos internos en la quinta de Olivos entre el 11 y el 20 de enero, así como los ingresos y egresos a la residencia.

La decisión de la jueza del caso Nisman sobre los teléfonos de Cristina se extiende a otras figuras del gobierno anterior. Palmaghini dio la misma orden para las líneas telefónicas del exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, del excanciller Héctor Timerman, del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, del exjefe del Ejército César Milani, del líder piquetero Luis DElía, y de los diputados y dirigentes de La Cámpora Andrés Larroque y José Ottavis.

Este pedido se hizo a partir de la sospecha de un posible entrecruzamiento de llamadas entre quienes fueron denunciados por Nisman como presuntos encubridores del atentado a la AMIA, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento de la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero.

Palmaghini volvió a estar cargo del expediente que pasó por el fuero federal.

CORRUPCIÓN DURANTE LA ERA K