BRASIL

El informe sobre la pandemia que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó ayer miércoles a la Fiscalía General, en tanto el mandatario calificó de “payasada” la investigación sobre su gestión del COVID-19.

El documento, elaborado por una comisión del Senado y aprobado este martes, fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro, cuatro de sus ministros y una decena de legisladores, a tres de los hijos de Bolsonaro y a dos empresas.

La comisión dice haber recabado graves indicios sobre la supuesta responsabilidad del Gobierno en el agravamiento de la pandemia de COVID-19, que ya ha matado en Brasil a más de 606.000 personas.

A Bolsonaro la comisión le presentó nueve acusaciones: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.

“El fiscal general debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del Gobierno de turno. Estaremos vigilantes”, declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, tras la entrega del informe a la Fiscalía General.

Por su lado, el presidente Bolsonaro calificó ayer miércoles de “payasada” a la comisión investigadora.

“Cualquiera con un poco de criterio sabe que eso fue una payasada”, dijo en una entrevista con la radio Jovem Pan.

“La CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) causó daño, no a mí, que estoy aquí para recibir también (...). Pero para fuera de Brasil, la imagen es pésima. Creen que estamos viviendo una dictadura, que estoy deteniendo a periodistas, que maté a gente en (la pandemia) del coronavirus”, agregó.

El mandatario advirtió además que las conclusiones de la CPI podrían disuadir de “invertir” o “hacer turismo” en Brasil. “Eso nos perjudica a todos, impacta en la Bolsa, impacta en el dólar”, sentenció.

Tras la presentación del informe, el mandatario recibió el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que “Brasil tiene suerte de tener un hombre como Jair Bolsonaro trabajando por el país”.

Aunque podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que el impacto de la decisión de la CPI a corto plazo será “simbólico”, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

Bolsonaro también reiteró ayer su posición en torno a Petrobras. “Yo no puedo intervenir en Petrobras, pero es una estatal que, con todo respeto, solo me da dolores de cabeza”, dijo el mandatario en la entrevista con la emisora Jovem Pan en alusión a los fuertes aumentos de precios que han sufrido los combustibles en Brasil, que ya superan el 40% en los últimos doce meses.

“Están subiendo en todo el mundo”, apuntó el mandatario, que dijo que no puede interferir en la política de precios de Petrobras, que refleja en el país las oscilaciones de los mercados internacionales.

Bolsonaro planteó “de qué sirve que Petrobras tenga récords de producción” de crudo si luego los beneficios que obtiene son “para sus accionistas”, debido al carácter mixto que tiene la empresa, controlada por el Estado pero que cotiza en las bolsas de San Pablo, Nueva York y Madrid.

En ese marco, el presidente reiteró que el Gobierno puede pensar en incluir a la petrolera “en el radar de la privatización”, una posibilidad que ha sido barajada en las últimas semanas por el ministro de Economía, Paulo Guedes. Según el influyente ministro, la tendencia mundial hacia la sustitución de los combustibles fósiles hará que “dentro de 30 ó 40 años Petrobras no valga nada”, por lo que podría ser “más negocio” privatizarla ahora, cuando el petróleo todavía importa.