HASTA EL HARTAZGO

Secesionistas dicen que prisión de Puigdemont es un “punto sin retorno”.

AFP, EFE 

BARCELONA

En Cataluña volvieron las agitaciones callejeras. Ayer martes, la policía antidisturbios intervino para despejar una autopista, cortada por militantes secesionistas que protestaban contra la detención en Alemania del ex presidente independentista Carles Puigdemont, quien espera su extradición a España acusado de "rebelión".

Los Mossos dEsquadra, la policía regional catalana, tuvieron que intervenir hacia el mediodía para levantar el retén montado al amanecer a la altura de Figueras, cerca de la frontera francesa, por decenas de manifestantes convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR).

La televisión regional difundió en directo las imágenes de los agentes antidististurbios llevándose uno a uno a los militantes de estos comités.

Durante el día fueron cortadas otras dos carreteras, y brevemente los accesos a Barcelona. Al caer la noche centenares de personas intentaron rodear la estación de ferrocarril de Sants, pero la policía antidisturbios volvió a impedirlo.

Los CDR, que cuentan con miles de militantes, anunciaron una campaña de protestas, y dijeron que la detención de Puigdemont ha supuesto para el secesionismo "un punto de no retorno".

"La primavera catalana ha estallado", anunciaron los CDR en un comunicado, evocando el ciclo de protestas surgidas en los países árabes en 2011. "Hemos superado un punto de no retorno (...) Nos reapropiaremos de las calles y pararemos el país", añadieron llamando a una huelga general como las celebradas durante la crisis independentista el año pasado. Entonces cortaron decenas de carreteras por toda Cataluña, provocaron el cierre de lugares turísticos como la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona o bloquearon la conexión ferroviaria de alta velocidad en dirección a Madrid y Francia.

Ayer martes sindicatos, entidades sociales, deportivas y culturales se agruparon para crear la plataforma Espai Democràcia i Convivència (Espacio de Democracia y Convivencia), y convocaron para el próximo día 15 de abril una manifestación en Barcelona para reclamar la liberación de los políticos independentistas.

Los partidos independentistas sufrieron un mazazo con la detención de Puigdemont, que se había instalado en Bruselas hace cinco meses.

Puigdemont, cesado por el gobierno central español tras la infructuosa declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, está encarcelado en la ciudad de Neumünster.

Ahora debe esperar la decisión del tribunal de Kiel, en el norte de Alemania, que podría entregarlo a la justicia española, que lo acusa de rebelión y malversación por su papel en la intentona separatista.

Puigdemont, en cualquier caso, "no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos", dijo este martes su abogado Jaume Alonso-Cuevillas, después de visitarlo la prisión alemana.

"El presidente tiene perfectamente asumido que es posible que esto se alargue", pero "tenemos una gran confianza en la justicia europea y en la justicia alemana en concreto", añadió el letrado. Las autoridades judiciales alemanas tienen 60 días para decidir si lo extraditan o no.

Una portavoz de la fiscalía alemana, Wiebke Hoffelner, se limitó por su lado a decir que la decisión "no se tomará esta semana". Igualmente, la justicia tendrá que establecer si en el derecho alemán existen delitos equivalentes a los que se imputan a Puigdemont, en particular el de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel en España.

Al igual que Puigdemont, otros 12 destacados independentistas están acusados de rebelión. En total son 25 los dirigentes secesionistas inculpados. Nueve están encarcelados en España y siete huyeron al extranjero, de los cuales seis, incluyendo a Puigdemont, tienen sobre su cabeza una euroorden de detención. Clara Ponsati, ex ministra de Educación de Puigdemont, que primero se marchó a Bruselas y recientemente a Escocia, se entregará hoy.

El descabezamiento del movimiento independentista catalán, con sus líderes encarcelados o fuera del país, dejó un vacío de poder que aprovechan los militantes más radicales. La acción judicial, encarcelando nueve líderes independentistas y reclamando la extradición de otros seis, "genera incentivos a la vía dura" del separatismo, explica Berta Barbet, investigadora política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

"Como el conflicto es cada vez más crudo y la división social más grande, el peligro de radicalización es cada vez más claro", advierte. "Aunque no creo que se acabe radicalizando del todo", dice, descartando un retorno de la violencia armada a España como en tiempos del grupo separatista vasco ETA, responsable de 829 muertes, o el catalán Terra Lliure, cuyos atentados en los años 1980 causaron una víctima mortal.

Después de años de manifestaciones pacíficas en la región, las protestas por la detención del expresidente Carles Puigdemont en Alemania desencadenaron el domingo altercados entre policías e independentistas que dejaron un centenar de heridos.

La acción judicial "hace que el movimiento social se active de nuevo en las calles, se refuerce y se tense más", advierte Jordi Amat, autor de varios ensayos sobre el proceso independentista. Según él, el fracaso de la vía de ruptura unilateral en octubre, que terminó con la intervención de la autonomía catalana y el procesamiento de sus líderes, modificó la estrategia separatista.

Si hasta entonces buscaba "acumular legitimidad" a nivel internacional, ahora "la única estrategia que puede utilizar es la desestabilización" del Estado español, explica.

Esta intención se evidencia, según su punto de vista, en el empeño de los independentistas, con mayoría absoluta en el Parlamento catalán desde diciembre, de proponer candidatos a presidente con problemas judiciales, como el mismo Puigdemont. "Para muchos sectores del independentismo, esta desestabilización también debe llevarse a la calle (...) Hay una voluntad de paralización de la mecánica del Estado", afirma.

Desde los dos principales partidos catalanes, PDeCAT (conservador) y ERC (progresista), intentan tímidamente rebajar la tensión, mientras que la menor de las formaciones separatistas, la CUP, propone intensificar la desobediencia a Madrid. Pero los primeros están condicionados a las posturas cada vez más rupturistas de su líder Puigdemont y los segundos se vieron sacudidos por el encarcelamiento de su líder Oriol Junqueras. AFP