TRUMP IMPENETRABLE

Bloque empresarial y legal contra decretos de Trump

Estado de Washington demanda al gobierno con apoyo de Silicon Valley.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Fuerzas antidisturbios llegan para evitar incidentes en las protestas. Foto: Reuters

Si Donald Trump pretende construir un muro en la frontera con México, ya levantó uno contra la andanada de críticas que está recibiendo por sus primeras medidas para frenar el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos, en especial los originarios de seis países musulmanes.

Ayer lunes, Trump intentó retomar la iniciativa, y fiel a su estilo lo hizo a través de la red Twitter. En una larga serie de mensajes, dijo que los manifestantes eran los culpables del caos en los aeropuertos durante el fin de semana, que el mundo está lleno de "tipos malos" y que todo está marchando "bien y con muy pocos problemas".

En otro mensaje Trump añadió que la implementación de chequeos más rígidos antes de permitir la entrada a refugiados "fue parte importante de mi campaña. ¡Estudien el mundo!". "¡Hay muchos tipos malos por todos lados!", advirtió.

El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de nuevos refugiados (ese plazo es indefinido para refugiados provenientes de Siria) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Rechazo.

El senador John McCain, un verdadero peso pesado del partido Republicano y excandidato presidencial, dijo que la nueva política para refugiados está simplemente equivocada.

En el famoso Silicon Valley, cuna de las empresas de tecnología, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Airbnb y Netflix coincidieron en que el bloqueo al ingreso al país de refugiados y ciudadanos musulmanes es "contrario a valores estadounidenses". Lloyd Blankfein, director ejecutivo del gigante Goldman Sachs, también marcó distancia, y el presidente de JPMorgan, Jamie Dimon, anunció un "compromiso irrenunciable" con su personal. Dimon integra un comité de ejecutivos que asesora a Trump en creación de empleos.

General Electric (GE), cuyo presidente Jeff Immelt también integra el comité de asesores de Trump, se pronunció igualmente en contra. "Tenemos muchos empleados oriundos de los países mencionados y hacemos negocios en toda la región", dijo Immelt. La semana pasada Irak firmó un acuerdo de miles de millones de dólares con GE para la construcción de dos plantas de energía eléctrica.

ExxonMobil, cuyo expresidente Rex Tillerson está por ser confirmado como secretario de Estado, tampoco hizo comentarios. La empresa tiene proyectos en Yemen, uno de los siete países vetados por Trump.

Hasta el expresidente Barack Obama rompió el silencio ayer lunes. Su portavoz Kevin Lewis dijo que Obama "tiene una divergencia fundamental con la idea de discriminación contra personas a raíz de su fe o su religión". Obama, señaló Lewis, considera que ver ciudadanos "ejerciendo su derecho constitucional de reunirse, organizarse y hacer que sus voces sean escuchadas es exactamente lo que esperamos ver cuando los valores de Estados Unidos están bajo ataque".

En tanto, el portavoz interino del Departamento de Estado, Mark Toner, confirmó que un grupo de diplomáticos estadounidenses prepara una nota interna de disenso a la nueva política migratoria.

"¿Estos burócratas de carrera tienen problemas con esto? Pienso que deben seguir el programa o irse. Esto se refiere a la seguridad de Estados Unidos", reaccionó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Acciones judiciales.

En tanto, Washington será el primer estado en enfrentarse al decreto, tras el anuncio de que buscará litigar en una corte federal. "Es un insulto y un peligro para toda la gente del estado de Washington, de todas las religiones", dijo a periodistas el gobernador demócrata Jay Inslee, quien remarcó que es importante que el estado presente una demanda y que no solamente lo haga la gente afectada por la medida.

El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, dijo que la demanda incluiría reclamos constitucionales, entre ellos la acusación de que el decreto de Trump viola una cláusula de igualdad y la Primera Enmienda, argumentos que ya fueron usados en presentaciones individuales. Otros fiscales generales de varios estados, entre ellos los de California y Nueva York, han dicho que están evaluando llevar adelante acciones legales contra el decreto.

Las tecnológicas Amazon.com Inc y Expedia Inc, cuyas sedes están en el estado de Washington, respaldarán la demanda, sostuvo Ferguson. En tanto, Microsoft sostuvo que cooperó con la oficina del fiscal para dar información sobre el impacto de la orden. En base a AFP Y REUTERS

Primera eliminación de regulaciones.

El presidente Donald Trump firmó ayer lunes un decreto que restringe a las agencias federales dictar nuevas reglamentaciones, una limitación que se podría aplicar a la economía y a temas de medioambiente.

"Es importante que por cada nueva reglamentación promulgada, al menos dos reglamentaciones precedentes hayan sido identificadas para ser suprimidas", indica el texto presidencial, suscrito por Trump en una ceremonia en la Casa Blanca, en la que estuvo rodeado por propietarios de pequeñas empresas. El decreto dice también que las eventuales nuevas reglas deberán tener un "costo cero" para el ejercicio fiscal de 2017, que termina en septiembre en Estados Unidos. "Estamos eliminando regulaciones en una gran medida, tal vez hasta el 75%" para enfrentar "los efectos perjudiciales en nuestra economía" de la carga regulatoria impuesta por gobiernos anteriores, expresó Trump en la ceremonia.

Afirmó que los pequeños empresarios son víctimas de las regulaciones, complicándoles abrir o expandir sus negocios.

De otro lado, el presidente indicó que las normativas relativas a armas, seguridad nacional o asuntos extranjeros son las únicas que no son parte de este decreto. Desde su elección, el mandatario se comprometió a suprimir un "75%" de las reglamentaciones en Estados Unidos, por considerar que frenan la actividad económica. AFP

Invitación que desata polémica.

El gobierno británico afirmó que no anulará la visita de Estado de Donald Trump, como pidieron más de un millón de firmantes y numerosos políticos, incluyendo conservadores, indignados por sus últimas medidas.

"La bien documentada misoginia y vulgaridad de Donald Trump le descalifica para ser recibido por Su Majestad o el príncipe de Gales", afirma la petición, cuyos firmantes crecieron como la espuma tras las medidas contra los musulmanes, hasta alcanzar casi 1,4 millones ayer lunes. El ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, estimó que "se le debe conceder una visita de Estado al presidente de nuestro aliado más estrecho e importante", y que "demonizar" a Trump servirá para "conseguir lo contrario" de lo que se pretende. May fue el viernes la primera mandataria recibida en la Casa Blanca.

ANN DONNELLY.

La jueza que le puso un freno al presidente.

Como la gran mayoría de los que residen en la ciudad de los rascacielos, Ann Donnelly es de fuera. Exactamente de Royal Oak, una pequeña localidad que no llega a los 60.000 habitantes en Michigan. El barrio de Brooklyn, donde ejerce desde hace algo más de un año como jueza en la corte del Distrito Sur de Nueva York, suma 2,6 millones de habitantes. El sábado puso el primer palo legal a la política migratoria del presidente de Estados Unidos.

La zancadilla de la jueza neoyorquina fue seguida por una quincena de jueces y fiscales en todo el país, que con su ejemplo adoptaron órdenes de emergencia similares para limitar la aplicación de la orden de Donald Trump.

Donnelly, que estudió derecho en las universidades de Michigan y Ohio, ocupa el cargo de jueza federal desde octubre de 2015. Tuvo que esperar diez meses desde que fue nominada por Barack Obama hasta poder conseguir la confirmación del Senado. Su carrera es el ejemplo de cómo se puede escalar, hasta el punto de llegar a desafiar a la persona más poderosa del mundo.

Trabajó durante 25 años como fiscal en el Distrito de Manhattan. Su nombre saltó a los titulares cuando lideró el equipo de fiscales que investigó el fraude contable de Dennis Kozlowski en Tyco.

Fue un caso de gran complejidad y que fue clave para perseguir los delitos de guante blanco que mancharon Wall Street tras el estallido de la burbuja tecnológica. Antes de asumir el cargo de jueza federal, sirvió durante seis años como magistrada estatal.

Los que la conocen la consideran una persona astuta, con compasión, justa y con un temperamento abierto. Se puede ver en su orden, cuando describe que el decreto de Trump puede ocasionar "un daño irreparable" a los deportados. Y como demostró en la causa contra Kozlowski, no se deja amedrentar por la atención pública. Como ella mismo dice, "rompe camino mientras corre".

Donnelly, de 57 años, está casada y tiene dos hijas. EL PAÍS DE MADRID

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