Apple apela orden judicial para que viole encriptado del teléfono en caso de terrorismo.

La presentación por parte de Apple de un recurso de nulidad contra la decisión de un tribunal federal para que ayude al FBI a desbloquear un iPhone utilizado por el autor de una masacre en California, a comienzos de diciembre de 2015, que es investigada como un caso de terrorismo, es la nueva etapa de un caso en el que está en juego, por un lado, la privacidad de datos y los derechos esenciales de los ciudadanos en una sociedad libre, y por otro, la facultad de investigación y de actuación de la agencia policial federal para proteger la seguridad de Estados Unidos.

El caso se produjo el 2 de diciembre de 2015, cuando el estadounidense Syed Rizwan Farook y su señora Tashfeen Malik, oriunda de Pakistán, perpetraron un ataque con armas de fuego en la ciudad de San Bernardino, California, en el que fueron asesinadas 14 personas y otras 22 sufrieron heridas de diversa magnitud. El FBI investiga el caso para determinar si la pareja actuó como militante o simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico.

Las autoridades encontraron un iPhone perteneciente a Farook y quieren que Apple ayude a desbloquearlo para acceder a la información que contiene, debido a que los datos encriptados pueden permitir desentrañar si los agresores actuaron en nombre de la organización terrorista.

El FBI quiere que Apple cree un software que sea la "llave" para abrir el sistema de seguridad del teléfono que está diseñado para borrar los contenidos después de diez intentos infructuosos de introducir una clave.

Apple se resiste por varios motivos. Argumenta que el gobierno de Estados Unidos intenta forzarla a crear software que no existe y sostiene que si lo hiciera la estaría desarrollando para violar su propia tecnología. Apple considera que ello significaría un riesgo de seguridad para todos los usuarios de los iPhone, debido a que otras agencias del gobierno de Estados Unidos y del exterior podrían exigir la asistencia de la empresa en otros casos investigados. En su presentación ante la Corte, Apple reveló que hay otros nueve casos en los que el Departamento de Justicia le pidió que debloquee teléfonos.

El jefe ejecutivo de Apple, Timothy Cook, estima que están en juego los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos porque no hay garantías de que —como argumenta el FBI— el uso del software que debería crear para penetrar el encriptado del teléfono solo sería usado para entrar al iPhone de Farook.

Por su parte, el FBI afirmó que Apple le da una dimensión excesiva al caso porque le pide asistencia a la empresa para desbloquear solo un teléfono y no todos los teléfonos que hay alrededor del mundo.

El FBI considera que su pedido no viola la ley ni la Constitución y que la posición de Apple, en realidad no es en defensa de los principios que invoca, sino "una estrategia de marketing".

La industria tecnológica y el gobierno estadounidense han estado enfrentados durante años a raíz del uso creciente de encriptado en las herramientas de comunicación, que dificulta la labor de la policía federal y de las agencias de inteligencia de recoger información en las investigaciones.

Esa lucha tuvo un giro significativo en 2013 después que los documentos filtrados por el ex contratista del gobierno, Edward J. Snowden, revelaron el extenso espionaje del gobierno del tráfico de Internet y datos de llamadas.

El 16 de febrero, la jueza federal Sheri Pym de la Corte del Distito Central de California ordenó a Apple que ayudara al FBI a desbloquear el iPhone de Farook, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la investigación. De inmediato, Apple se opuso al fallo lo que alimentó el debate sobre la privacidad y la libertad de los ciudadanos y la seguridad de Estados Unidos.

El jueves pasado, Apple presentó su respuesta formal a la jueza Pym planteando la anulación de la orden que emitió, argumentando que si tuviera que actuar para desbloqeuar el teléfono "haría un daño significativo a las libertades civiles, la sociedad y la seguridad nacional". Si bien la empresa señaló que "respalda y seguirá respaldando los esfuerzos de los agentes policiales en su búsqueda de justicia contra terroristas y otros delincuentes", también puntualizó que la pretensión del gobierno para que ayude a desbloquear el teléfono y la orden emitida por la jueza "no encuentran apoyo en la ley y violarían la Constitución".

Asimismo, en declaraciones a la cadena de televisión CNN, Theodore Olsen, el abogado de Apple, advirtió que una derrota de la empresa de tecnología en su pulso con el gobierno conduciría a un estado policial. "Uno puede imaginarse a diferentes agentes policiales diciéndole a Apple que quieren un nuevo producto para acceder a algo. Incluso un juez federal podría pedirle a Apple que diseñe algo para eliminar la seguridad y el encriptado del teléfono. No habría punto final. Conduciría a un estado policial". Enfatizó que el gobierno pretende que Apple cree un talón de Aquiles en el iPhone. "La seguridad del iPhone es la razón por la que mucha, mucha gente compró el teléfono", afirmó Olson. "Es muy fácil decir que hay un caso de terrorismo y que por tanto, uno tiene que hacer todo lo que diga el gobierno, pero uno no quiere violar las libertades civiles que todos celebramos simplemente porque usen la palabra terrorismo". Precisó que la empresa ha cumplido hasta ahora todas la solicitudes legales del gobierno para compartir datos de clientes.

Ahora, la jueza debe expedirse sobre la respuesta de Apple de rechazar el diseño de software para penetrar el encriptado y seguridad del teléfono.

El CEO de Apple, Timothy Cook, fue implacable durante una reunión de los gigantes tecnológicos con las autoridades nacionales de seguridad. Los dispositivos encriptados como el IPhone llegaron para quedarse, enfatizó. La policía necesita encontrar la manera de hacer su trabajo en un mundo nuevo.

El director del FBI, James B. Comey y la procuradora general, Loretta E. Lynch, respondieron, pero Cook se mantuvo firme.

"Con todo respeto, creo que en estos temas hay falta de liderazgo de la Casa Blanca", dijo Cook ante los jefes de la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Territorial y el secretario de la Presidencia, Denis R. McDonough. Lo que comenzó como una discusión cordial de dos horas sobre el combate al extremismo islamista terminó con un desacuerdo entre Cook y la Casa Blanca, que anticipó la dura batalla legal que está planteada ahora.

Si bien el presidente Barack Obama y Cook no son amigos personales, han desarrollado una relación profesional de admiración y respeto mutuo. Ahora se encuentran en papeles que nunca imaginaron, en el centro de un litigio y de un debate que estalló sobre la privacidad personal y la seguridad del país. Al rechazar la orden de violar el encriptado de un iPhone, Cook se convirtió en la voz líder de las tecnológicas y Obama en el "abogado" de la postura del gobierno.

La batalla legal suscitada en torno del teléfono de Syed Rizwan Farook, es otra etapa de la creciente tensión entre las empresas de tecnología que tienen acceso a enorme cantidad de datos de clientes privados y el gobierno, que desde hace tiempo busca tener mayor acceso a esa información

Las dos partes están firmes en sus posturas. Apple sostiene que la información y datos de los clientes deben permanecer accesibles solo a éstos para proteger las libertades civiles y los derechos humanos. En cambio, el FBI, como lo expresó su director James B. Comey, señala que la tecnología de encriptado cada vez más robusta que aplican las empresas perjudica la capacidad del FBI y de agencias de inteligencia para combatir a al terrorismo.

Apple indicó que en lugar de pedirle al Congreso la aprobación de una ley para resolver la lucha por el encriptado de teléfonos, el FBI plantea una nueva interpretación de una ley de 1789, firmada por el presidente George Washington, sobre las órdenes judiciales. Esa ley permite a los jueces "emitir todas las órdenes necesarias o apropiadads en ayuda de sus jurisdicciones respectivas y acorde con los usos y principios de la ley".

El gobierno y el FBI interpretan que esa ley da amplio alcance a los jueces para exigir el cumplimiento de sus órdenes.

Apple argumenta que el alcance de la ley de 1789 es limitado.

Otras empresas tecnológicas —Microsoft, Google, Twitter y Facebook, que han actuado con cautela ante el caso— presentarán escritos respaldando a Apple.

El jerarca de Microsoft, Brad Smith, al hablar en el Congreso, consideró que esa ley es demasiado antigua para ser aplicada en casos que involucran la tecnología más moderna. Y presentó como ejemplo una máquina de sumar de comienzos del siglo XX.

Entre tecnología y seguridad