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Microsoft se niega a entregar a EE.UU. los accesos a los mails del exterior.

El gigante tecnológico Microsoft y el gobierno de Donald Trump se enfrentaron ayer martes en la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso que podría delimitar cuáles son las fronteras de Internet y qué poder tiene la Casa Blanca para acceder a correos electrónicos almacenados en el extranjero.

El alto tribunal celebró una audiencia de una hora para evaluar el caso, cuya sentencia no se conocerá hasta junio.

Los jueces se mostraron divididos sobre cómo resolver la batalla que enfrenta a Microsoft y al gobierno estadounidense, quien quiere que las compañías tecnológicas establecidas en Estados Unidos le permitan acceder a correos electrónicos almacenados en servidores en otros países.

Dos de los nueve jueces, John Roberts y Samuel Alito, ambos conservadores, se mostraron a favor de la posición del gobierno de Trump, mientras que los progresistas Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor cuestionaron la necesidad de que la Corte Suprema intervenga.

Estos tres magistrados consideraron que solo el Congreso tiene poder para mediar en asuntos de importancia internacional y, además, abogaron por esperar a ver qué ocurre con una nueva propuesta de ley llamada Cloud Act (La ley de la nube) que resolvería algunos de los asuntos pendientes en el caso.

"El gobierno de Estados Unidos está pidiendo a este tribunal que le dé poderes extraordinarios. Solo el Congreso puede darle ese poder. Estamos hablando de la arquitectura de los proveedores de Internet, del futuro de Internet y del consenso internacional sobre soberanía", explicó Breyer.

A través de su abogado, Joshua Rosenkranz, Microsoft insistió ayer en que las órdenes de registro no pueden seguir estando regidas por una ley aprobada en 1986, pues omite los desafíos de la era digital.

Además, el abogado de Microsoft aseguró que, si transfiriera los datos al gobierno, la Unión Europea (UE) podría imponerle multas multimillonarias debido a las leyes de protección de datos y, además, insistió en que Estados Unidos debe acudir a tratados internacionales para pedir los datos que almacena en otros países, como Irlanda.

Frente a ello, el gobierno de Estados Unidos, apoyado por una coalición con 33 de los 50 estados del país, defendió que el acceso a la información en el extranjero es vital para investigaciones criminales, incluidas aquellas que implican abusos sexuales a menores y asesinatos.

"No hay un problema internacional, eso es un espejismo que Microsoft está tratando de crear", afirmó el abogado del gobierno, Michael R. Dreeben, quien aseguró que la compañía ya "ha interferido" en las relaciones de Estados Unidos con otros países y ha creado "grandes obstáculos" para la policía.

El caso ha captado una gran atención por parte de las compañías tecnológicas y también de los grupos defensores de la privacidad en Internet, que temen que una sentencia a favor del gobierno pueda vulnerar los derechos de los internautas y obligarles a abandonar los servicios en Internet.

Además, más de 30 actores nacionales e internacionales se han posicionado en el caso.

Por ejemplo, Irlanda presentó un escrito en el que rechaza apoyar a una de las dos partes, pero avisa a Estados Unidos de que existen vías de cooperación entre naciones para reclamar cualquier documentación en una investigación criminal.

La Unión Europea también interpuso un escrito, en el que argumenta que tiene un "interés significativo" en el caso porque la protección de datos está reconocida como un derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa y, por tanto, "tiene competencias" en este ámbito.

Aunque la Unión Europea no se inclina por ninguna parte, avisa de que el resultado impactará en las futuras fronteras de Internet.

Microsoft, que almacena datos en hasta 40 países, es la primera compañía tecnológica estadounidense que desafía una orden del gobierno para requisar datos fuera de su país.

Gobierno de EE.UU.

Las medidas de Trump que "liberaron" la red

En abril de 2017 Donald Trump promulgó una ley que eliminó las garantías de privacidad en la red impuestas por Barack Obama, permitiendo a los proveedores de Internet vender datos de sus usuarios. Y en diciembre puso fin a la igualdad entre los usuarios de Internet, al eliminar el principio de neutralidad. Esto inauguró una nueva etapa marcada por la imposición de un sistema de diferentes velocidades en función de los intereses de los operadores y reabre el debate sobre el control de Internet.