Un exsecretario negó “enfáticamente” que esos encuentros hayan existido.

El empresario argentino Lázaro Báez, que ha sido cercano a la familia Kirchner y detenido por presunto lavado de dinero, dijo ayer ante la Justicia que el juez de su causa, Sebastián Casanello, mantuvo reuniones en la residencia presidencial durante la recta final del mandato de Cristina Fernández (2007-2015).

En audiencia personal ante la Cámara Federal argentina, Báez declaró haber visto a Casanello en la finca presidencial de Olivos en septiembre de 2015, supuestamente esperando a ser recibido, detallaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.

El empresario afirmó que el magistrado estaba con el exsecretario de la Presidencia Eduardo "Wado" de Pedro, algo que el actual diputado kirchnerista salió a calificar como "absolutamente falso" poco después, en un comunicado.

"Desmiento enfáticamente que dicha reunión haya existido", afirma De Pedro en el texto, donde añade que nunca conoció "personalmente" a Báez ni tuvo ningún contacto con él.

Báez, que se encuentra en prisión preventiva desde abril, había sido citado para ayer por la Cámara Federal después de que informase a la Justicia, a través de una carta manuscrita, de las supuestas reuniones entre Casanello y Fernández.

A principios de este mes, el empresario ya había apuntado contra el juez al considerar que no es "imparcial" en la investigación que tiene a su cargo.

Báez, estrecho colaborador del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007), fue el principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.

El empresario está acusado por una presunta maniobra para "sacar del país y reingresar al circuito comercial y financiero formal, disimulando su origen, grandes sumas de dinero no declaradas, provenientes de actividades delictivas".

A raíz de un testimonio en la causa que vincula el movimiento de fondos investigado con la adjudicación de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas, el fiscal Marijuán pidió también investigar a Fernández pero, hasta el momento, la investigación no ha avanzado en esa línea.

Paralelamente, en el marco de otra causa que investiga la gestora hotelera santacruceña Hotesur, de la que es accionista Cristina Fernández, el fiscal argentino Gerardo Pollicita pidió ayer que se levante el secreto fiscal para la expresidenta y para sus hijos, así como para varias empresas vinculadas a Báez, según detallaron fuentes judiciales.

El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.

Stolbizer aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur), podría ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez.

El fiscal federal Marijuán dijo ayer que la Justicia tomará declaración indagatoria a los hijos de Báez, en el marco de la causa de la "ruta del dinero K".

En una improvisada y caótica conferencia de prensa, el fiscal dijo que lograron acreditar "una clara maniobra de lavado" y detectaron "numerosas cuentas en el exterior".

"Recibimos información que nos permitió conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior. Luego de mucho trabajo por parte de la fiscalía y el juzgado, consideramos que con esta información, en lo que hace a los hechos, queda bastante esclarecida la maniobra de lavado", dijo Marijuán. "Puede haber más personas involucradas", agregó.

"El dinero se llevaba a Suiza y desde ahí se reingresaba a Argentina con la supuesta venta de bonos. Parte de ese dinero se destinó después a la adquisición de inmuebles. Tenemos acreditado una venta de bonos por 208 millones de pesos que volvió a la Argentina, en una clara maniobra de lavado. Esclarecimos las sociedades que formaron, las divisas, las cuentas en donde quedaron radicados los montos, y los bancos que intervinieron en las operaciones. Hay cuentas a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez", explicó el fiscal.

"Tenemos que evaluar las detenciones. Primero tenemos que discriminar qué rol cumplió cada uno, no solo en la constitución de la cuenta sino en los movimientos El juez ya ordenó las declaraciones indagatorias".

En concreto, ayer de mañana se conoció que la Unidad de Información Financiera (UIF), en un informe, pidió a Casanello detener a los cuatro hijos de Lázaro Báez a raíz del descubrimiento de las cuentas, una situación que el juez no contempla todavía.

La ruta del dinero K es una de las causas que más conmocionan a Argentina. Si bien se inició en 2013, cuando un financiero reconoció en televisión haber sacado del país millonarios fondos del empresario a través de sociedades inscritas en Panamá, volvió a tomar impulso en 2016 cuando diversos medios locales difundieron unos videos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando millones de dólares en una oficina en Buenos Aires.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves pasado el proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido para casos de corrupción, por el que los acusados que brinden información veraz para esclarecer este tipo de delitos podrán beneficiarse de una reducción en las penas.

La iniciativa, que tendrá que pasar ahora al Senado para su debate y eventual aprobación, fue aprobada con 194 votos a favor frente a cinco en contra y prevé una modificación del código penal.

La Justicia argentina proseguirá la investigación sobre la construcción y financiación del mausoleo donde reposan los restos del expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, pese a que ayer la provincia donde se encuentra aprobase declararlo monumento, informaron ayer fuentes judiciales.

"La declaración del Gobierno provincial es independiente de la constitución de un (posible) delito penal", explicaron desde el tribunal que encabeza el magistrado federal Sergio Torres, encargado de la causa.

"La decisión administrativa del Gobierno de la provincia no tendría que modificar la investigación", agregaron las fuentes.

Aunque el mausoleo sea objeto de la causa penal, la declaración de monumento histórico aprobada este jueves por la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y gobernada por Alicia Kirchner (hermana del expresidente), no impedirá el avance de la Justicia ya que su efecto principal será que a partir de ahora el mantenimiento del sitio será responsabilidad del sector público santacruceño.

La causa se inició tras una denuncia interpuesta en 2013 que señalaba una posible "violación" de la ley de ética pública en el caso de que el levantamiento del mausoleo hubiese estado a cargo del empresario Lázaro Báez y hubiera sido un regalo para la entonces presidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Néstor Kirchner.

Actualmente el juzgado encabezado por Sergio Torres se encuentra "analizando la documentación secuestrada" en los últimos allanamientos y seguirá disponiendo las medidas necesarias para aclarar cómo fue financiado, inscrito y mantenido el mausoleo donde reposan los restos del exjefe de Estado.

En los allanamientos se han registrado desde entes provinciales como el catastro local hasta el propio cementerio donde descansan los restos, alojados en una impresionante construcción.

CORRUPCIÓN KLA NACIÓN/GDA, EFE