La presidenta chilena explora otras formas de gratuidad.
Pese a todos los cálculos que hicieron, el fallo que dio a conocer ayer el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la glosa presupuestaria que permitía iniciar la gratuidad en la educación superior en 2016, fue el peor escenario que imaginaron en el Gobierno. Y es que dentro del abanico de posibilidades que exploraron durante estas semanas, incluyendo una reunión ampliada del comité político con los parlamentarios de las comisiones de Educación del Congreso Nacional que forman parte de la Nueva Mayoría, la opción de que la norma fuera declarada "discriminatoria" era muy improbable.
Salvo que ocurriera lo que muchos advirtieron: que parte de los miembros del organismo que son cercanos a la centroderecha desequilibraran la balanza en favor de la impugnación presentada por la oposición. Y eso es lo que acusan altas fuentes de La Moneda: que fue un fallo absolutamente político.
Sin embargo, en el Ejecutivo están conscientes de que no hay tiempo para lamentos, por lo que una vez terminada la reunión de emergencia liderada por la Presidenta Michelle Bachelet en la sede de Gobierno, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, se fue con la misión de explorar todas las opciones para tener gratuidad en 2016. Para ello, buscarán todas las alternativas legales, incluyendo la ampliación de aportes basales de algunas casas de estudio del Consejo de Rectores, todo con miras a crear una ley corta que permita cumplir con la promesa y evitar que instituciones que lucran puedan acogerse al beneficio.
La idea es que a más tardar el 27 de diciembre, fecha en que se darán a conocer los resultados de la selección universitaria y en que se inician las postulaciones a las universidades, la ministra Delpiano debe dar a conocer al país la fórmula con la que el Ejecutivo insistirá con la gratuidad.
Chile