EN ARGENTINA

La niña, que cursa la semana 23 de gestación, fue abusada por un familiar; aún no se precisó la fecha de la intervención

GDA/ LA NACIÓN

Luego de casi dos meses de espera desde que el caso fue dado a conocer a la Justicia, el gobierno tucumano autorizó ayer la interrupción del embarazo de una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela.

El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) envió una nota a la Justicia para informar que el Estado realizará la intervención a la menor, que espera internada en el Hospital del Este Eva Perón, ubicado en la ciudad de Banda del Río Salí, a 8 kilómetros de esta capital. Aún no fue informada la fecha en la que se realizará la operación, que consistiría en una cesárea, teniendo en cuenta que el embarazo supera las 23 semanas de gestación.

El caso había sido denunciado por las autoridades de un centro de atención primaria de la salud ubicado en el interior provincial cuando la madre de la niña la llevó a revisar debido a que le dolía la panza. Allí, los médicos que la atendieron confirmaron que cursaba un embarazo de 16 semanas. Luego, la niña le confirmó a su madre que la había violado la pareja de su abuela cuando ambos quedaron solos en la casa. La fiscal que intervino en la causa, María del Carmen Reuter, ordenó la inmediata aprehensión del abusador.

Un mes y medio después, el gobierno provincial puso en marcha el procedimiento para interrumpir el embarazo, para lo que se resolvió aplicar la práctica prevista en el fallo "FAL", dictado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta sentencia obliga a los Estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación. Y establece que este procedimiento es no punible, tanto para la mujer víctima del abuso como para los profesionales que realizan la intervención.

Luego de varias semanas sin respuestas, y pese al pedido de la familia de la menor, el gobierno provincial decidió autorizar la operación. Fue un factor clave la presión que ejercieron distintos actores sociales, encabezados por las ONG Andhes y Cladem, que días atrás presentaron un recurso de amicus curiae ("amigos del tribunal") para exigir que se respeten los derechos de la niña.

El pedido fue dirigido a la jueza de Familia de la Quinta Nominación del Poder Judicial de Tucumán, Valeria Brand, a la que solicitaron que "ordene al Estado provincial que respete la voluntad de interrumpir el embarazo de una niña de 11 años violada y embarazada e internada actualmente en el Hospital del Este".

En la nota, las organizaciones plantearon su preocupación "por la situación a la que fue expuesta la niña y las presiones actuales que está recibiendo respecto de continuar con el embarazo producto de una violación, en contra de sus deseos y manifestaciones, como así también el riesgo que corre la vida de la niña al permitir el avance del embarazo en curso".

Cuando el caso salió a la luz trascendió que en 2014 la Justicia ya le había quitado la tutela legal a su madre, debido a que su pareja, que está imputada en otra causa, había abusado de sus dos hermanas.