ITALIA

Una audiencia preliminar para decidir si se enjuicia por connivencia con traficantes de personas a varias ONG cuyos barcos rescatan a los migrantes en el Mediterráneo, se realizó ayer en Trapani, Sicilia.

La próxima audiencia preliminar se celebrará el 7 de junio, decidió la fiscal Brunella Sardoni, quien dijo podrían durar “varios meses” debido a la “complejidad” del caso.

Veintiún sospechosos, incluyendo miembros de la tripulación de los barcos de Medicos sin Fronteras (MSF), Save the Children y la ONG alemana Jugend Rettet, están acusados de “ayuda e incitación a la entrada ilegal en Italia” en 2016 y 2017.

“Nuestros equipos rescataron a más de 14.000 personas en peligro en embarcaciones improvisadas y abarrotadas (...) y ahora nos enfrentamos a 20 años de prisión”, dijo Kathrin Schmidt, que era miembro de la tripulación de Jugend Rettet, antes de la audiencia.

El juez Samuele Corso debe decidir si se celebra o no un juicio tras cinco años de investigaciones.

Italia está en primera línea de las llegadas de migrantes a Europa procedentes de África, con un récord de 180.000 llegadas en 2016. Desde principios de este año se han registrado 17.000 llegadas, según el ministerio del Interior.

En el puerto de Trapani se organizó una sentada de apoyo a las ONG, con grandes barcos de papel con la fecha, el lugar y el número de víctimas de los naufragios.

Se acusa a las ONG de haber coordinado acciones con los traficantes cerca de la costa libia, mandando las embarcaciones de vuelta para que sean reutilizadas y acogiendo a personas cuyas vidas no corrían peligro.

Las ONG niegan haberse comunicado con los traficantes, que a veces van armados y merodean por los lugares de rescate para intentar recuperar los motores de las embarcaciones de los migrantes.

La ONG Save the Children dijo que “rechaza firmemente” las acusaciones, al igual que MSF, que denunció “una era de criminalización de la ayuda humanitaria”.

Las audiencias se celebran a puerta cerrada, pero los representantes del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (CEDH) y de Amnistía Internacional solicitaron al juez permiso para asistir.