La Justicia reabre denuncia del fallecido fiscal Nisman por el acto terrorista a mutual judía que involucra a Irán.

La Justicia de Argentina dispuso reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual la acusaba de haber intentado asegurar la impunidad del régimen iraní por un atentado antijudio perpetrado en 1994 en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y 300 sufrieron heridas de diversa magnitud.

El 14 de enero de 2015, Nisman acusó a Cristina Fernández, al ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, al dirigente piquetero Luis DElía, el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, al supuesto agente inorgánico de la ex SIDE, Allan Bogado, al ex juez Héctor Yrimia y el dirigente de la comunidad islámica Jorge Khalil en el caso de negociación de un memorándum bilateral con el gobierno de Irán, firmado en 2013, con la intención de encubrir a altos funcionarios iraníes implicados en la investigación del atentado.

Cuatro días después de haber presentado su denuncia —en un caso que tiene repercusión mundial— el 18 de enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento de Puerto Madero, en Buenos Aires, en circunstancias muy confusas. Ese día estaba convocado a una sesión secreta en el Congreso para exponer detalles del caso y de las escuchas telefónicas en las que fundamentaba su presentación.

El fiscal era responsable de la investigación sobre el atentado explosivo contra la sede de la Asociación Mutual Israelista Argentina (AMIA), una de las instituciones principales de la comunidad judía en Argentina, que había dado lugar a una serie de órdenes de detención contra seis altos dirigentes de Teherán, acusados de organizar el ataque, luego ejecutado por la red Hezbolá.

El memorándum de entendimiento suscrito por Argentina e Irán nunca fue ratificado por el Parlamento de Irán y resultó declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Argentina.

Nisman, fiscal encargado de la indagatoria, estaba convencido de que el acuerdo suscrito entre Argentina e Irán y que el gobierno de Cristina Fernández había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque, en realidad tenía la finalidad contratria. Creía que con el memorándum se pretendía encubrir a los sospechosos del atentado a cambio de impulsar el intercambio comercial con Irán.

La denuncia de Nisman recayó inicialmente en el tribunal federal del juez Daniel Rafecas, quien la desestimó poco tiempo después por inexistencia de delito, decisión que fue confirmada por dos tribunales de apelación, hasta que —debido a un recurso que presentó la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)— llegó a la Corte de Casación.

Ayer, la Sala I de Casación Penal, que integran los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky ordenó reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento.

De esta forma, la presentación que hizo Nisman cuatro días antes de morir contra la ex presidenta será desarchivada. En tanto, apartaron a los jueces Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero de la investigación. Hoy se sorteará quién quedará a cargo de la causa.

Hoy viernes, es el último día de actuación antes de la Feria Judicial que se extiende hasta mediados de enero.

El juez que resulte elegido para la causa, decidirá, en función de la presentación realizada por Nisman, las personas a las que citará a declarar, en una indagatoria que tiene por finalidad aclarar los motivos que tuvo el gobierno para firmar el memorando con Irán.

Mientras, la causa por la muerte de Nisman pasó en septiembre al fuero federal, que deberá aclarar si fue homicidio o suicidio. Ese extremo no pudo ser dilucidado en el ámbito de la Justicia Penal.

Durante sus dos períodos de gobiernos, la presidenta Cristina Fernández siempre sostuvo que en ningún momento tuvo intención de realizar el encubrimiento del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, en Buenos Aires, perpetrado hace 22 años. Afirmó que existió voluntad de su gobierno de esclarecer el caso y explicó que el memorándum con Irán no tuvo por finalidad exculpar a los iraníes acusados en el caso, sino todo lo contrario. Cristina señaló en declaraciones públicas que Argentina quiso que se interrogara a los supuestos involucrados iraníes, pero ello no fue posible porque Irán nunca accedió a esa instancia.

Cristina Fernández enfrenta un juicio tras otro desde que dejó la presidencia. El martes, fue procesada por asociación ilícita a raíz de la adjudicación de obras públicas por US$ 2.200 millones al empresario Lázaro Báez. Asimismo, está ante un juicio por el "dólar a futuro", debido a la operatoria con contratos de divisas realizada por el Banco Central. En ambos casos, Cristina niega haber cometido delitos.

En su presentación, sobre la base de escuchas telefónicas, Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández, Timerman, DElía, Larroque, Esteche e Yrimia de intentar exculpar a los acusados iraníes por el ataque a la AMIA a través del memorando. Según el fallecido fiscal, el pacto —que contemplaba la creación de una Comsión de la Verdad— perseguía el objetivo de dar de baja los pedidos de captura de Interpol que pesan sobre funcionarios iraníes. Sostuvo que Cristina Fernández "ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán".

Asimismo, denunció que "el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instumentar las órdenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcancar los objetivos ilícitos".

Nisman indicó que "la calidad delictiva del encubrimiento" necesitó de esos canales paralelos y se valió de "una diplomacia paraestatal" con el propósito hacer llegar los mensajes "a las autoridades persas, tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios en Teherán".

TRAS 22 AÑOS, IMPUNIDAD